Por: RUBÉN ISLAS.
@RubenIslas3
La transición a la democracia no necesariamente nos ha legado instituciones debidamente diseñadas y con eficiencia en el ejercicio de gobierno, la gobernanza en México es un desastre. A ello han abonado los tres partidos políticos con mayor representación política en los últimos 30 años: PRI, PAN y PRD.
Engreídos en una soberbia reformista al amparo de la ignorancia populista,
nuestros gobernantes se han dado a la tarea de borrar de un tajo instituciones que fueron diseñadas con sensatez desde 1857, con el prurito de que ahora sí somos defensores a ultranza de los derechos humanos.
De un autoritarismo de dictablanda posrevolucionaria, hemos transitado al Gobierno miedoso y abusivo, que no ata ni desata frente a la mayor crisis de seguridad vivida desde finales de los años 30s del siglo pasado. Es patético que un País que se dice moderno, a estas fechas no cuente con políticas e instrumentos que le permitan cumplir con la función primigenia de todo Estado, la seguridad de sus gobernados.
Así, nos enfrentamos ante instituciones fallidas, que por un lado son omisas en su responsabilidad de proteger a las personas y por otro se aseguran la arbitrariedad y la opacidad en sus actuaciones para reprimir al descontento social. Tal es el caso de la “Ley que Regula el Uso de la Fuerza Pública en el Estado de México”. La Ley de marras es un vivo ejemplo de lo que no se debe hacer legislativamente y una muestra de cómo nuestros diputados (en este caso locales) están en todo menos en legislar.
Desde el nombre de la Ley de marras, observamos la improvisación gubernamental en el diseño de una política de seguridad pública que efectivamente conduzca con racionalidad la protección de las personas y sus bienes en el Estado de México. A los legisladores y al Gobernador iniciante de esta Ley, hay que decirles con toda firmeza: ¡el problema son los criminales no los manifestantes, estúpidos!
Lo que demandamos es una Ley de Seguridad Pública (no ciudadana porque no todas las personas a las que se debe proteger son ciudadanos) que establezca con claridad las obligaciones, responsabilidades, jerarquías, objetivos, metas y protocolos de las fuerzas de seguridad del Estado de México. Lo mismo aplica para la Federación y para las restantes entidades federativas.
Hasta el día de hoy, no se entiende que la seguridad como función del Estado, obliga en primer lugar al establecimiento de reglas que determinen con precisión que pueden hacer y que no pueden hacer los sujetos y las instituciones que tienen el cometido esencial de la seguridad.
Es entonces, a partir de este primer criterio, que se determinan las jerarquías, la especialidad policiaca, el tipo de arma y grupo de elementos, las misiones a las que están dedicados, los protocolos de actuación y las responsabilidades administrativas y penales que se les pueden imputar a los elementos que no cumplan con las obligaciones constitucionales y legales.
Para tener claridad en ello, basta con leer con atención el artículo 21 de la Constitución, para comprender cuál es el cometido esencial de las instituciones y los elementos de seguridad pública en este País; leer y comprender la Constitución, así de simple. Pero parece que a estas alturas es mucho pedir.
Fuente: Sdpnoticias.com
















