Por: JORGE RETANA.
@JorgeRetanaYart
* En la historia de México, ha habido muchos ejércitos, desde la época prehispánica a la actualidad.
El Ejército Mexicano no sólo es una institución respetada y respetable, sino un factor institucional de poder fundamental en la estabilidad socio-política de México, ayer y hoy, pero no la única, las otras son el propio gobierno nacional que concreta la voluntad colectiva vía el mandato constitucional y la sociedad mexicana que encarna la soberanía popular
(o soberanía del pueblo mediante la forma republicana de gobierno), la cual deriva de los derechos y garantías constitucionales. Para J.J. Rousseau un pueblo es una unidad histórica de costumbres y hábitos de vida en común, cuyos integrantes acuerdan formar un Estado para gobernarse mejor en forma soberana (sin otro poder por encima de él). El pueblo constituye el Estado, y debe después controlarlo y cambiarlo si lo cree conveniente. Este principio sustantivo fue asumido por prácticamente todos los Pactos Sociales que derivaron en textos constitucionales del Estado Moderno, y en consecuencia, el Ejército Mexicano es el garante de la preservación y resguardo de todo ello, principio que regularmente se incluye en las doctrinas de Defensa. Para quien le interese abundar, vean la excelente obra publicada por la UNAM inicialmente en 1962 “La Soberanía Popular en el Constitucionalismo Mexicano y las Ideas de Rousseau”. O vean el resumen que publicó Proceso (https://www.proceso.com.mx/132334/la-soberania-popular-en-el-constitucionalismo-mexicano)
En la historia de México, ha habido muchos ejércitos, desde la época prehispánica a la actualidad. También muchos tipos de ejército. El mexicano se ajusta al concepto de ejército nacional profesional e institucionalizado, el cual representa la rama terrestre del cuerpo nacional armado, pero el concepto correcto es el de Fuerzas Armadas de México, cuyo comandante supremo es el Presidente de la República.
Es importante considerar que el externar un criterio valorativo que discrepe o critique lo que hace o dice algún miembro destacado del ejército, o incluso, el secretario de la defensa nacional, No significa “faltar al respeto” ni al interlocutor ni a la institución como tal. Ni al revés, si un militar de alto o bajo rango, discrepa o critica lo que hace o dice un gobierno nacional, siempre y cuando se refiera a su materia de trabajoconstitucionalmente definida, debe tener la opción de hacerlo en público o en privado, y no puede por ello significar un “desacato” ni un “desafío”, “chantaje” y menos una “indisciplina”. Si rebasara su materia específica de trabajo, estos límites, estaríamos ante un hecho inusual censurable: la crítica o apoyo de miembros del ejército a las funciones de gobierno no militares. Ello es inaceptable, porque politiza y partidiza, el rol de quien lo hace e involucra así a la institución castrense. Consideramos que lo antes explicado es lo correcto y hasta prudente en un sistema constitucional de libertades garantizado por el pacto social.
Por ejemplo, después de los gobiernos militares, en Argentina el ejército tiene prohibido constitucionalmente intervenir de cualquier forma y tiempo en los asuntos del desarrollo nacional, porque lo contrario puede generar y de hecho genera, una ideología militar o de los representantes de la institución militar que puede ser la misma o diferente de quienes gobiernan (en aquellos tiempos se generó la Doctrina de la Seguridad Nacional, derivada de la ideología de la Guerra Fría, de la guerra internacontra el comunismo), y ello plantea ya un conflicto ideológico que deriva en enfrentamiento político-institucional. El caso del gobierno de la Unidad Popular de Salvador Allende en Chile (1970-73), muy conocido en nuestra región, azuzado externamente (desde el gobierno de EUA), definió la suerte del mismo, porque rompió la institucionalidad a la que se debe el ejército profesional. En consecuencia, el ejército no puede tener identidad ideológica o falta de ella con el gobierno en turno (con el régimen), sino con el Estado Nacional que representa a toda la nación y con las instituciones en que se concreta su función. Preservarlas en su integridad y en forma estable dentro del marco constitucional, nunca fuera del mismo, es la función fundamental que le atañe a las Fuerzas Armadas, y su doctrina de Defensa debe derivar, entre otros, de este principio. Si el comandante en jefe civil ordena algo distinto a los preceptos constitucionales, el ejército, la fuerza aérea y la marina, no solo deben tener el derecho, sino la obligación legal de negarse a cumplir una orden anticonstitucional. Actuar de otra manera No es actuar en favor del Estado, la Constitución, el principio de la Soberanía Popular o la Nación, sino en favor de un régimen, lo cual inherentemente politiza y partidiza la actuación militar.
El Estado Mayor Presidencial (EMP), es un órgano técnico militar que, entre otras funciones, auxilia en la obtención de información general al Presidente de la República; planifica sus actividades personales propias del cargo y las prevenciones para su seguridad, y participa en la ejecución de las actividades, verificando su cumplimiento como una unidad administrativa de la Presidencia de la República, adscrita directamente al titular de la misma. El actual Presidente Enrique Peña Nieto decretó a partir del año 2013, que el Día del Estado Mayor Presidencial se celebraría cada 18 de febrero, ya que en una fecha así pero de 1913, en Palacio Nacional, los capitanes Gustavo Garmendia y Federico Montes en una acción de lealtad hacia el Presidente Francisco I. Madero, abatieron a los golpistas del 29 Batallón de Infantería, que acatando las instrucciones del general Victoriano Huerta, intentaban capturarlo y hacerlo su rehén. Esta acción puede tener muchas lecturas; para quien escribe, fue una acción decidida por preservar la institucionalidad ante quienes pretendieron quebrantarla violando el mandato constitucional.
Este cuerpo armado se inscribe dentro de una tradición militar mexicana: Agustín de Iturbide le llamó “Estado Mayor”, Guadalupe Victoria “Ayudantía General” (reducido a dos militares), pero es en plena guerra contra EUA, cuando el gobierno interino de Mariano Paredes y Arrillaga firmó un Decreto en 1846 por el cual se creó un Estado Mayor Facultativo, que estaría bajo las órdenes del Poder Ejecutivo, el cual reglamentaría sus funciones, quedando integrado por un General en jefe, 6 ayudantes coroneles y 18 segundos ayudantes capitanes, que sentó un precedente, el cual retomó el Presidente Mariano Arista en 1851 creando un “Estado Mayor” integrado por 7 militares. Hasta aquí se lo concebía como un grupo de apoyo. El general Antonio López de Santa Anna en uno de sus tantos regresos a la Presidencia de México en 1853, cambió el nombre del Estado Mayor por el de “Estado Mayor de su Alteza Serenísima”. Ya no se concebía como un órgano administrativo de origen militar auxiliar, sino como extensión de la Jefatura del Estado, denominación que al caer Santa Anna volvería a ser la de 1851: solamente “Estado Mayor”. En 1857 el Presidente Ignacio Comonfort mantuvo el cuerpo militar y emitió un Reglamento para su funcionamiento: un general al mando y 10 oficiales. Benito Juárez careció de dicho organismo formalmente, pero durante la Guerra de Reforma y la intervención francesa, se hacía acompañar de un grupo de militares que cuidaban de su seguridad personal y lo asistía en ciertas actividades. Es Porfirio Díaz quien en 1895 instituye el Estado Mayor del Presidente de la República y un Reglamento en 1900, con un general como Jefe del Estado Mayor y cuatro oficiales de campo con cuatro subalternos, integrados por militares y marinos. Con Francisco I. Madero, el Estado Mayor Presidencial funcionó basado en la Ordenanza General del Ejército, expedida en diciembre de 1911. Y en junio de 1916 Venustiano Carranza expidió un Decreto estableciendo un Estado Mayor Presidencial. Plutarco Elías Calles, decretó la Ley Orgánica del Ejército y Armada Nacionales y un Artículo 33 con las bases para la creación de la Ayudantía de la Presidencia, que siguió funcionando así con el general Lázaro Cárdenas. Fue el general Manuel Ávila Camacho quien en enero de 1942 reformó la Ley Orgánica del Ejército y Armada, y cambió la Ayudantía por el Estado Mayor Presidencial como auxiliar en tareas de guerra, y en 1945 (terminado el conflicto militar internacional) se restablecieron sus funciones de seguridad personal y apoyo logístico. Miguel de la Madrid amplió su rol mediante reforma al Reglamento (1986) incluyendo actividades de información general, lo cual mantuvieron Carlos Salinas y Ernesto Zedillo, pero Vicente Fox actualizó su estructura y funciones como unidad administrativa y órgano técnico militar de la Presidencia, el cual contará para el desempeño de las atribuciones que le competen con el Cuerpo de Guardias Presidenciales, el Batallón de Infantería de Marina de Guardias Presidenciales, el Grupo Aéreo de Transportes Presidenciales y demás unidades que se le asignen, La “información general” no es otra cosa que actividades de inteligencia organizadas y ordenadas por y para su jefe.
El problema mayor es el hecho de que muchos informes, libros, reportajes de revistas especializadas, periódicos, y otros, señalan el involucramiento completo del EMP en hechos graves de la historia política mexicana: 2 de octubre en Tlatelolco, todo el episodio de la “guerra sucia”, la existencia de miembros de dicho cuerpo a cargo de la seguridad de Luis Donaldo Colosio, aunque no siempre precisando la responsabilidad específica, en cada caso.
Pero aquí nuevamente el tema sustancial es la función, uso y actividades que el poder civil le ha asignado legalmente, porque el EMP es realmente una institución poco estudiada con seriedad como un poderoso cuerpo armado adicional a la orden del Presidente de la República, que evolucionó hacia un tipo de cuerpo de elite, sofisticado en armamento y numeroso (se habla de entre 4,000 a 8,000 miembros), lo que lo hace una fuerza armada fuera de las fuerzas armadas, porque lo han convertido en un coto de poder adicional del Jefe de Estado frente a la sociedad, frente a sus adversarios políticos, el cual asume comportamientos políticos derivados de lo anterior. Hay una clara identificación del EMP con el régimen en turno y con el líder de dicho grupo gobernante, el Presidente de la República.
La apuesta de AMLO para desaparecer el EMP tiene sus riesgos políticos pero considero que es correcta, es una apuesta por la institucionalidad militar, el respeto al ejército como un cuerpo único e indivisible en lo institucional, por la desconcentración personalizada del poder en México, por la desideologización y despolitización de los cuerpos armados y la trasparencia en el funcionamiento de los mismos. Lo que es hoy el EMP no tiene ninguna semejanza con sus cuerpos predecesores en cualquier otra época, en su concepción, estructura y funciones. Las reacciones coléricas y distorsionantes en torno a esta medida tratan de generar descrédito al próximo Jefe del Ejecutivo frente a los militares que hoy lo integran. La razón se abrirá paso.
El EMP desaparece a partir del 1º de diciembre de 2018 y sus cuerpos armados se re-adscriben al ejército terrestre, la marina y la fuerza aérea.
Fuente: Sdpnoticias.com
















