Por: Vicente Bello.
“¿No es una burla?”, Manuel Bartlett Díaz preguntó al Pleno senatorial. Y entonces a todos ellos les restregó: “Estamos podridos en la corrupción, y las siete leyes que aprobaron en el periodo pasado son una simulación”.
Era el martes 5 de julio de 2016, el turno del Senado de la República.
Sesionaban los senadores extraordinariamente para literalmente acatar las observaciones al Artículo 32
de la Ley General de Responsabilidades Administrativas que el Presidente de la República, hacía ocho días, les había hecho en su periodo extraordinario de mediados de junio, el mes anterior.
El senador opositor remachó: “El veto presidencial al Sistema Nacional Anticorrupción es una farsa que exhibe el sometimiento del Poder Legislativo ante el Presidente de la República”. Y, de plano, advertía: “Esta nueva estructura contra la corrupción está condenada al fracaso ante la falta de independencia de las instituciones”.
De última hora, senadores y diputados decidieron celebrar el periodo extraordinario en dos tiempos, es decir en dos días: El martes 5 el Senado y el miércoles 6 los diputados. Y fue rauda la Cámara de Senadores: En cosa de cuatro horas aprobó las observaciones presidenciales cumpliendo el trámite de tener que aprobarlo cuando menos con dos tercios de la votación: 80 senadores votaron en pro, 19 en contra y cuatro en abstención.
Es lamentable, apostillaba Bartlett, “que no haya una auténtica separación entre los vigilantes y vigilados, porque los últimos designan a los vigilantes”.
Los reproches opositores, las severas críticas contra el PRI y el PVEM, prevalecieron de principio a fin. Fue el debate un prólogo de acusaciones contra unos senadores priistas y pvemistas que, apenas el pasado 16 de junio, votaban justamente en contrario de lo que ahora estaban a punto de hacer: Liberar a la iniciativa privada de la declaración patrimonial, fiscal y de intereses a los que, ellos mismos, habían colocado bajo obligación jurídica hacer, cuando aprobaron por primera vez aquella ley.
Feria de reclamos, porque, uno tras otro, los oradores de la oposición colocaban a los senadores del PRI contra las cuerdas.
“¿No que no?”, exclamó en la tribuna Dolores Padierna Luna, senadora perredista, cuando a los priistas dijo ahora votarían en sentido contrario lo que aprobaron apenas a mediados de junio.
“Hay una línea presidencialista que promueve una regresión autoritaria”, restregó Padierna Luna. Y remachó: “Deberían admitir al menos que Enrique Peña Nieto mintió y que está dispuesto a negociar las leyes”.
Padierna Luna dijo: “Pero bastó que un grupo de empresarios manoteara en el Ángel (de la Independencia), o que reclamara el gerente de OHL, para que el gobierno de Peña Nieto doblara las manos y negociara la ley”.
Apostilló la senadora: “Esta ley sí tuvo mesa de negociación. A esa negociación no la reprimieron. De inmediato obtuvo derecho de picaporte en Los Pinos. (Luego entonces), entonces la ley sí se negocia”.
Entonces fue cuando Padierna reclamó al Pleno de mayoría priísta y pvemista: “Demandamos que se revise la reforma educativa y se reciba a los maestros, para que no se agraven los problemas y haya gobernabilidad”.
¿Algún priista o pvemista podía ser capaz de responder a Dolores y a Bartlett y a Layda Sansores? Padierna restregó otra vez: “A los maestros se les responde que la ley no se negocia; pero acto seguido Peña Nieto veta la Ley General de Responsabilidades Administrativas y, con ello, está impidiendo que grandes empresarios sean regulados para inhibir la corrupción”.
Hacía unos minutos, en la tribuna, Layda Sansores había afirmado que Enrique Peña Nieto “usa dos varas: Para los empresarios el veto, para los maestros la bala”.
Y acusaba que la corrupción “más importante se encuentra en el binomio empresario-político, en las privatizaciones, las compras gubernamentales, los contratos de obra pública, en los servicios financieros, en el cambio de uso de suelo”…
Era como arar en el desierto, cuando Layda pidió al Congreso que así como Peña Nieto “respondió en fase track la petición de los empresarios, así el Congreso debería solicitarle que, del mismo modo, dialogue con los maestros sobre la reforma educativa”.
Como arar el desierto cuando también hubo dicho que Peña Nieto “dejó bien blindados a los empresarios para que no rindan cuentas”.
El senador hidalguense Isidro Pedraza Chávez, del PRD: “Es una vergüenza que algunos se arrepienten de lo que votaron en junio”.
Y entonces clavaba una pica en el silencio con sabor a cinismo del PRI y el PVEM: “A los empresarios que tienen jugosos contratos con el gobierno es a quienes ahora se les trata de encubrir”.
Al final votaron y remitieron la minuta a la Cámara de Diputados, adonde este miércoles harán lo mismo: Discutir y votar.
ESTRIBO
Conforme sesionaban, los senadores no pudieron sustraerse al paso de la multitud que ya llevan los maestros de la CNTE. Como el sonido de un trueno, se escuchaba en los territorios del Senado el griterío de un magisterio que, a partir de este martes 5 de julio, se ha incorporado al paro indefinido la poderosa Sección Novena del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, que desde los años 80 del siglo pasado ha estado en el ámbito disidente de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).
Miles, pero de veras miles de profesores se movilizaron por diversas calles de la Ciudad de México. Y uno de sus contingentes pasó enfrente del Senado. Ya noche, en la Cámara, se sabía que la Secretaría de Gobernación había aceptado reanudar el diálogo con los profesores.
Fuente: Zócalo de Saltillo.
















