Por: Diego Valadés.
Los asuntos de coyuntura son los más visibles y por ende atrapan la atención pública, pero en nuestra crisis una cuestión de fondo va quedando sin atender. La situación de México y de muchos países no es una coincidencia accidental ni depende sólo de las decisiones gubernamentales: atañe al mal estado del Estado.
La corrupción presenta proporciones excesivas en nuestro hemisferio. Aunque las generalizaciones implican riesgos elevados de falibilidad, puede decirse que ese y muchos problemas más obedecen en buena medida al modelo de Estado que resultó del colapso del mundo socialista.
En la década de los años ochenta triunfaron las tesis del Estado subsidiario. En esos años John Williamson formuló las recomendaciones conocidas como “consenso de Washington”, y se expandió la doctrina conservadora sustentada entre otros por James M. Buchanan, Michel Crozier, Friedrich Hayek y Robert Nozick, en el sentido de que el Estado más grande tolerable era el Estado más pequeño posible. Se invirtió el ritmo de expansión del Estado iniciado en la edad moderna y comenzó su contracción.
De ahí resultó un Estado fragilizado, incapaz de cumplir con sus funciones esenciales y de limitar los abusos en contra de la sociedad que se ejercen con instrumentos de poder real y cuyos agentes además combaten entre sí.
Una lectura superficial de Adam Smith le atribuye haber sustentado la tesis de la “mano invisible del mercado”. Esta es una interpolación neoliberal ante la que se plegaron las dirigencias políticas y que tuvo como consecuencia que la invisibilidad se trasladara al Estado, mientras que quienes controlan el mercado no ocultan haber colonizado el poder político.
Hoy es evidente que en muchos países, entre ellos el nuestro, la mano del mercado es dominante y la del Estado apenas se nota. En los grandes Estados también hay tensiones, pero allá subsisten factores de equilibrio de los que se carece donde el desarrollo institucional es bajo.
El orden jurídico es una expresión del Estado; en un Estado desestructurado ese orden pierde eficacia. Cuando el sistema jurídico-político se subordina al orden fáctico, la acción estatal entra en crisis en todos sus niveles. Si la cúspide del poder político se pliega ante el poderío corporativo supralegal, es inevitable que quienes ocupan los espacios inferiores del aparato estatal, el segmento más vulnerable a la intimidación y a la coerción, se dobleguen a su vez frente a la fuerza organizada infralegal.
Nadie debería extrañarse de lo que pasa en un Estado, como el mexicano, que se fue empequeñeciendo y que, por añadidura, no se siguió democratizando. Otros Estados miniaturizados han tenido mejor suerte porque cuentan con instrumentos democráticos consolidados. En nuestro caso la debilidad del Estado permitió mimetizar el poder político con el económico, de suerte que lo público se volvió susceptible de apropiación sin que hubiera mecanismos democráticos capaces de resistir esta distorsión. La simbiosis del poder político con el económico acentuó el apocamiento del Estado, con sus secuelas de corrupción e ineficiencia, máxime que faltó construir controles políticos que robustecieran al sistema representativo. La circunstancia ha sido aprovechada incluso por la delincuencia.
Hay una exigencia generalizada porque tengamos un Estado de derecho. Es un reclamo fundado, pero la condición elemental para conseguirlo es reconstituir el Estado. Quienes lo debilitaron, acabaron dañando sus propios intereses.
En el medievo el poder se fragmentó en monarquías, señoríos y clerecía. La edad moderna se caracterizó por la recuperación del Estado. Primero concentró el poder en el absolutismo y luego lo racionalizó con el constitucionalismo. Los excesos burocratizantes y una vertiente totalitaria generaron anticuerpos y validaron el discurso anti Estado. Este discurso se generalizó y muchos países padecen sus consecuencias.
En el caso de México incluso la delincuencia tiene áreas sujetas a su control. No solucionaremos esta situación si no resolvemos antes la vulnerabilidad del Estado, pero no por la vía autoritaria.
Para que el Estado sea eficiente hay que hacerlo más democrático, justo y equitativo, sin confundirlo con burocratización, demagogia ni filantropía clientelar. También hay que diferenciar lo público de lo privado, como antes se hizo entre lo temporal y lo espiritual. Esta es la tarea pendiente si de veras se quiere un Estado de derecho, que tiene que serlo para todos.
@dvalades
Fuente: Reforma.
















