Por: Ricardo Alexander Márquez Padilla*.
* El Senado tiene una función declarativa, no desaparece Poderes.
Hace algunos días fuimos testigos de un juego político que raya en lo antidemocrático y que pretende vulnerar la autonomía de los estados de la República. Después de que miembros del Partido Acción Nacional promovieran la llamada “desaparición de Poderes” en Veracruz
—entidad federativa que vive una crisis a partir de la separación del fiscal general del estado, Jorge Winckler— ante el Senado de la República, en una suerte de “venganza”, legisladores del partido político con mayor fuerza en el Congreso, Morena, hicieron lo propio respecto de Guanajuato y Tamaulipas, evidenciando desprecio por las instituciones y los ciudadanos que eligieron a los gobernadores Diego Sinhue Rodríguez y Francisco García Cabeza de Vaca.
Sobre el tema, la fracción V del artículo 76 de la Constitución establece que es facultad exclusiva de la Cámara de Senadores “declarar, cuando hayan desaparecido todos los Poderes constitucionales de una entidad federativa, que es llegado el caso de nombrarle un titular del Poder Ejecutivo provisional, quien convocará a elecciones conforme a las leyes constitucionales de la entidad federativa”.
Si bien es cierto que esta figura es —o era— prácticamente letra muerta, parece que ahora se piensa utilizar como un arma política mal empleada y entendida, para que se “cuadren” las otras fuerzas políticas.
En torno a la “desaparición de Poderes” vale la pena hacer algunas precisiones. En primer lugar, esta figura que se norma por la Ley Reglamentaria de la fracción V del artículo 76 de la Constitución General de la República —misma que entró en vigor en 1978 y no ha sufrido modificaciones— se refiere a todos los Poderes de una entidad federativa, y no a uno o dos, como menciona Morena. Segundo, no funciona en relación a la dudosa capacidad para gobernar de las autoridades locales —como argumentan los legisladores—. Y tercero, la resolución del Senado tiene una función declarativa, ya que no es esa Cámara la que desaparece los Poderes, sino que reconoce una situación que de hecho ya sucedió.
Por ejemplo, en 2014, derivado de los hechos ocurridos en Ayotzinapa, el Senado analizó si habían desaparecido los Poderes en Guerrero, al haber sido superada la autoridad por la delincuencia organizada. Al final, la declaratoria no prosperó.
Es sorprendente el uso que quiere hacer de esta figura constitucional la bancada de Morena, liderada por Ricardo Monreal, no sólo por lo superfluo de la propuesta, sino porque los gobernadores de Guanajuato y Tamaulipas están dentro —de acuerdo con diversas encuestas, incluyendo Consulta Mitofsky y Arias Consultores— de los mejores evaluados por sus ciudadanos, muy por encima de mandatarios locales, como Claudia Sheinbaum, de la Ciudad de México o Cuauhtémoc Blanco, de Morelos. Si se tratara de incapacidad para gobernar, podríamos empezar por otros estados.
Es preocupante que las fuerzas políticas se tomen a la ligera algo tan fundamental como el que se llegaran a sustituir arbitrariamente a las autoridades electas por los ciudadanos en una entidad federativa, lo que implica —tal vez con el simple hecho de proponerlo— una falta total de ética política hacia las instituciones democráticas del país. La Constitución y la ley no están para usarlas contra adversarios políticos, sino para normar nuestra vida en sociedad.
*Maestro en Administración Pública
por la Universidad de Harvard
y socio de Strad.mx
Twitter: @ralexandermp
Fuente: Excélsior.
















