Por: Eduardo R. Huchim.
El retiro de representantes y consejeros legislativos de siete partidos, de la sesión del Consejo General del INE del miércoles 18 de febrero, evidencia una crisis que se había venido gestando desde meses atrás, a causa de la acción del bloque propriista, integrado por los consejeros Baños, Galindo, Favela y Andrade, grupo que ayer contó con el respaldo de Benito Nacif y Javier Santiago,
propuestos por PAN y PRD, respectivamente.
La operación política que encabeza el consejero Baños en el INE ha redundado en la implantación del dominio del partido que está en el poder y esto es quizá lo peor que le puede ocurrir a un órgano electoral, que necesita como condición sine qua non la confianza de los partidos para realizar sus tareas con eficacia.
La reacción de la oposición obedece a que, al fin, se ha percatado de las consecuencias funestas que para la equidad tiene la captura del INE por el PRI, captura diseñada desde la discusión y aprobación, en 2014, de las reformas constitucionales y las leyes generales en materia electoral.
Parecería que cuatro de sus integrantes no bastan para dominar un consejo integrado por once, pero en política las matemáticas a veces dejan de ser una ciencia exacta. Intento explicarme. Entre las reformas de 2014, se introdujo una disposición en apariencia inocente y promotora de consensos en el INE: para aprobar los asuntos más importantes se requiere una mayoría calificada de ocho votos. Como el PRI propuso a cuatro consejeros de los once, para tener la mayoría de ocho necesariamente se requiere el voto de al menos uno de ellos. Y como los cuatro actúan como bloque, resulta que ningún tema de votación calificada puede ser aprobado si el PRI no quiere. Entre los asuntos que precisan esa mayoría están el nombramiento de los titulares de las direcciones ejecutivas y unidades técnicas del instituto, la remoción de consejeros estatales y la atracción total o parcial de la organización de las elecciones locales.
A partir de esa circunstancia, el bloque propriista ha logrado imponer sus posiciones, y si a esto se agrega la debilidad personal de algunos consejeros, el dominio se amplía a asuntos que no requieren mayoría calificada.
Evidencia de ese dominio es el caso de la Unidad de Fiscalización, donde la ineficiencia y parcialidad de sus cabezas son clarísimas, pero el equipo sigue siendo el mismo encabezado por Alfredo Cristalinas porque tiene el respaldo de los cuatro del PRI, partido al que le hizo grandes servicios al revisar los gastos de la campaña presidencial de 2012. No es extraño por ello que una de las demandas de los siete partidos sea la salida de Cristalinas. Otra de las demandas es modificar la conformación de la tolerante Comisión de Quejas, integrada por dos del bloque y por el consejero menos ducho en asuntos comiciales.
Uno de los detonantes de la crisis fue la propaganda ilegal, multimillonaria y excesiva del Partido Verde, que ha violado la Constitución y las leyes, se ha burlado impunemente de las autoridades comiciales y ha contado desde siempre con la protección del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en una actitud que hiede a complicidad y mueve a suspicacias. Es natural la inconformidad de la oposición cuando, desde el gobierno federal, se impulsa descaradamente la propaganda verde mediante la instauración de un programa de vales para medicamentos, que no sólo ayudan electoralmente a ese partido sino que también, conforme a una denuncia de la diputada Luisa María Alcalde (Morena), propicia negocios para la rama farmacéutica de la familia González Torres.
¿Puede sobrevivir un consejo general que afronta el rechazo de una mayoría amplia de los partidos de oposición? Podrá si se terminan las tibiezas, si cesa la operación de Baños y sus consejeros a favor de los intereses priistas y si el INE ejerce plenamente sus atribuciones y no permite que el Verde siga burlándose de todos, si bien para esto se precisa también que el Tribunal abandone su penoso papel de tutor de la impunidad verde.
@EduardoRHuchim
Fuente: Reforma.
















