Por: Vicente Bello.
Este jueves 13 de septiembre de 2018 comenzó la Cuarta Transformación de México, opinaban diputados de MORENA, PT Y PES cuando aprobaron la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, una ley reglamentaria del 127 constitucional que había sido aprobada desde hacía siete años en el Senado de la República, y que ha consistido en reglamentar, precisamente, el mandato constitucional de que ningún servidor público en todo el país tenga un salario mayor al del presidente de la República.
Esta ley –la primera que aprueba la también recién comenzada 64 Legislatura- ha tenido para el PRI, PAN, MC y PVEM, sin duda, el sabor a cuerno quemado, con el agravante, para ellos, de que el próximo presidente de la República ha anunciado que se rebajará el salario de 270 mil pesos a 107 mil. Y sufrían por supuesto. Ya. Ya. Los diputados de esos cuatro partidos opositores a la tríada Morena-Pt-Pes, exigían este jueves que no se aprobara.
… Pero no lo decían abiertamente. Pretendían pasarse de listos con la engañifa a la población, simulando que la respaldaban, aprobándola en lo general; y sin embargo rechazándola en cada una de sus artículos, a los que reservaron para su discusión y votación en contrario, uno por uno.
Sucedió durante esa aprobación un hecho venturoso para la vida legislativa de México. Regresó el debate parlamentario. Y volverá con él también la crónica parlamentaria, atentada de facto por el PRI, PAN y PVEM el día en que –durante la 58 Legislatura- firmaron un acuerdo parlamentario con el que acotaron el debate con el pretexto de que las sesiones se alargaban innecesariamente aun cuando los temas ya habían sido –según interpretación torcida de sus ujieres en la presidencia de las sesiones- “suficientemente discutidos”.
Esta ley vaya que provocó ardores al PRI, PAN y al Pvem. Y todos, sin rubor alguno, argüían literalmente lo mismo en contra:
Dulce María Sauri, diputada del PRI: “no compartimos que se apruebe sin cambios esta minuta que está desactualizada, que genera incertidumbre jurídica y que plantea problemas de aplicación. Cinco son las razones: 1. Obsolescencia legislativa. 2. Falta de armonización legislativa. 3. Ausencia de consideración sobre regímenes especiales. 4. Provoca choque presupuestario. 5. Genera choque constitucional.
Laura Rojas, del PAN: ¿Es esta la Cuarta Transformación? ¿De eso se va a tratar? ¿De legislar rápido y mal?
“El pueblo necesita leyes que que realmente le sirvan para ejercer los derechos, no leyes que las vayan a controvertir o que el Ejecutivo nos la vaya a regresar con observaciones porque está mal hecha”.
Arturo Escobar, del PVEM: “Pudiera provocar, y lo pongo como un riesgo, que tengamos funcionarios en espacios altamente técnicos que en virtud de una remuneración por abajo de los 107 mil pesos, tendrán que salir de la administración pública federal”.
¿Quiénes les contestaron? Diputados del Pt, Pes y Morena. Llamó la atención la argumentación de Pablo Gómez, autor de la iniciativa que hace siete años (2011) aprobó el Senado y que turnó a San Lázaro, adonde permaneció “congelada” todo este tiempo.
Gómez dijo: “Se nos acusa de legislar a la carrera, rápido y mal, ¿por qué no dijeron eso hace siete años? Hemos esperado todo el tiempo. Tenemos casi nueve años en omisión legislativa (en 2009 se reformó el 127 constitucional, mandatando que nadie gane más que el presidente de la República). ¿Pueden, señores y señoras, explicarnos esto? Expliquen.
“El decreto de reforma constitucional dio al Congreso, se dio al Congreso, a sí mismo, 180 días. Han transcurrido casi 9 años y hay responsables. El PAN, el PRI, el PRD son responsables de esta omisión legislativa y por eso tienen que dar cuentas a la nación.
“Están contra las impunidades, aplíquenselas. Tienen propuestas, háganlas. Tienen propuestas de cambio, háganlas. Esperaron siete años para hacerlas. Pero no fue espera, fue congelación, fue simulación.
“Nosotros hemos venido aquí a hacer algo hoy, que lo dijimos durante toda la campaña, vamos a hacer valer la Constitución del país en materia de remuneraciones de los servidores públicos. En todos los tonos, hemos venido a cumplir esta noche.
“Pero ¿por qué? Porque la Constitución ha sido violada durante estos nueve años. Porque se han puesto sueldos muy por encima de los topes que marca la Constitución. Porque han utilizado la congeladora para tener un argumento falso, que consiste en que como no hay ley reglamentaria no se puede aplicar el artículo 127 de la Constitución.
“¿Esto es aceptable? No. Pero ahora, para que no tengan esa mentirosa cobertura queremos la ley reglamentaria, la que nos han negado durante siete años”.
Y no se quedaba atrás Gerardo Fernández Noroña, cuando dijo: “El artículo que se acaba de leer es meridianamente claro, que los gobiernos de Fox, Calderón y Peña han violado flagrantemente la Constitución.
Aseguraban los de Morena que detrás de lo que argüían PRI y PAN estaba la pretensión de que el mandato de esta ley no alcanzase a quedar reflejada en el presupuesto de 2019, para que –decía Mario Delgado Carrillo.- la alta burocracia, a la que peña acaba de dar un incremento de más de 20 mil millones de pesos, siga con privilegios brutales.
Y remachaba el coordinador de Morena en San Lázaro: “En total, en el sector público tenemos 103 mil 177 plazas que ganan más de un millón de pesos anuales, y el costo total de las mismas asciende a 146 mil millones de pesos. Eso es lo que hoy va a llegar a su fin”. (Continuará)
Fuente: Zócalo de Saltillo.
















