Por: Concepción Badillo.
La pena de muerte es inhumana, es cruel, es cara y más que castigo o justicia es tortura y no frena ni asusta a otros criminales, sostienen quienes están en contra. Los que la apoyan argumentan que es merecida, que el que la hace debe pagarla y que no hay por qué tener misericordia por aquellos asesinos que no tuvieron compasión alguna por sus víctimas.
Este debate no es nuevo en Estados Unidos, la única democracia que aún tiene esta práctica, pero ha cobrado fuerza estos días luego de que la ejecución de un hombre en Arizona el 23 de julio no resultó como planeada. Joseph Wood, un doble asesino, si murió a manos del estado como se pretendía, pero se tardó en hacerlo más de dos horas y quienes atestiguaron el caso, aseguran que no falleció pacíficamente sino que sufrió en el proceso a causa de la nueva droga que se empleó para enviarlo al otro mundo.
Y es que Alemania y otras naciones europeas fabricantes de la inyección letal que se venía usando, han prohibido su venta a este país si es para utilizarla en matar gente, por lo que ahora se les inyecta un cóctel de tres substancias aprobado por la Suprema Corte que supuestamente sedan al reo y paralizan su corazón. Pero algunos científicos sostienen que causa una muerte dolorosa y lenta.
Sin embargo, esto en lugar de disminuir el apoyo del público, ha hecho que entre quienes apoyan la pena de muerte, es decir, el 64 por ciento de los estadunidenses, haya quienes incluso sugieren que ese procedimiento, considerado como amable y cortés, sea reemplazado por un escuadrón o la guillotina. Afirman que la pena de muerte debe de ser “ojo por ojo” y ejemplo para futuros asesinos. Y que la sociedad no debe seguir manteniendo a individuos tan peligrosas que nunca podrán volver a convivir en una comunidad.
Quienes están en contra sostienen que si bien asesinar es un delito horrible para el que no hay excusas, matar al asesino no le devuelve la vida a nadie. Dicen que ejecutar a alguien es mucho más costoso que mantenerlo por siempre en prisión por el juicio, trámites legales y apelaciones. Cada condenado a muerte le cuesta al gobierno aproximadamente cinco millones de dólares.
Y está siempre el riesgo de que se condene a morir a personas inocentes. Tan solo de 1973 a la fecha, 133 reos en la macabra lista han tenido que ser dejados libres cuando finalmente se comprobó que no eran culpables. La pena de muerte se permite en 32 estados y actualmente están sentenciados a ella tres mil 108 personas, entre ellos 50 mexicanos.
Con dos tercios de la población a favor de este castigo, los políticos que aspiran a puestos de elección tienen buen cuidado en no mostrarse en contra. De hecho Bill Clinton en 1992 cuando competía por la presidencia viajó a Arkansas para presenciar la ejecución de Rick Ray Rector, otro doble asesino que estaba fuera de sus facultades mentales que decidió guardar el poste de su última comida para disfrutarlo más tarde.
Diez años después se declaró ilegal la pena de muerte para asesinos con retraso mental. Pero ni Clinton ni George W. Bush quien abiertamente apoyó la ejecución de la primera mujer en Texas en 135 años, sufrieron políticamente por eso, sino al contrario. Por su parte, el presidente Barack Obama en su autobiografía afirma que esta de acuerdo en que se practique para delitos extremos, pero desde que llegó a la Casa Blanca no ha querido tocar el tema.
Así, mientras mostrarse partidario traiga votos y popularidad a políticos ambiciosos, no hay ninguna posibilidad de que la pena de muerte sea abolida aquí en un futuro cercano. Difícil de entender como en pleno siglo XXI el país más avanzado del mundo tiene un sistema de justicia que ordena que un hombre mate a otro. Nada más falta que también les corten las manos a los rateros o atropellen con un auto a quien conduce en estado de ebriedad.
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Fuente: Crónica.
















