Por: Vicente Bello.
En lo que ya es el tercer evento criminal en contra de periodistas acontecido en esta semana, el director del Canal 6 de Nueva Italia, Michoacán, Salvador Adame, fue levantado la tarde-noche de este jueves 18, por sujetos armados, según testigos. Un día después, no se conocía todavía su paradero.
Este secuestro se suma a los otros dos hechos criminales del pasado lunes 15: En Culiacán,
Sinaloa, fue muerto a balazos el periodista Javier Valdez Cárdenas, editor del semanario Riodoce y corresponsal del diario capitalino La Jornada.
Ese mismo día, en Jalisco, la directora comercial del periódico El Costeño, Sonia Córdova, y su hijo Jonathan Rodríguez, fueron rafagueados en un camino vecinal del municipio de Autlán. Él murió en el momento de la agresión, en tanto ella era internada, muy grave, en un hospital de la zona.
Si Valdez, al mediodía del lunes 15, era el sexto periodista asesinado en lo que va del año, pues Jonathan se convirtió en el séptimo, y su madre en el octavo.
Numeralia terrible. En lo que va del sexenio de Enrique Peña Nieto, el lunes ya llegaban a los 40 crímenes, sin contar a los desaparecidos o levantados, como en este caso ha sido el periodista michoacano de Nueva Italia, Salvador Adame.
El común denominador en todos estos crímenes –que de 2010 a la fecha, ya suman más de 126- son tres cosas: Uno: prácticamente en todos los periodistas asesinados, ha habido antes amenazas de muerte; dos: el gobierno federal se ha mostrado bastante pasivo y negligente, antes, o sea durante las amenazas, y después del cumplimiento de las amenazas. Y tres: en todos los asesinatos, la impunidad se pasea, oronda.
Las autoridades juran, cuando sucede un crimen, que lo investigarán hasta encontrar a los asesinos, materiales e intelectuales si los hay. Pero, invariablemente, todos estos asesinatos han quedado si no en el olvido sí en la total impunidad.
Hay impunidad porque, en prácticamente todos los sitios donde el crimen organizado creció, las autoridades fueron o sometidas por miedo o están coludidas por conveniencia, y mucho dinero de por medio.
Todo mundo sabe en esas zonas del país controladas por el crimen organizado, que las instituciones del Estado mexicano están en situación de falla grave.
A estas alturas de la situación, para nadie es un secreto en México que en algunas partes del país –como Tamaulipas, por ejemplo- muchas veces los elementos de la policía municipal son peones al servicio de los jefes de los cárteles. Sirvientes que sirven para revisar a los ciudadanos que viajan por algunas carreteras o poblados o ciudades.
Nos contaba un compañero periodista del estado de Sinaloa que allá, los policías municipales por un lado están pidiendo las credenciales de elector de la gente que pasa por allí, y por otro lado, en ese instante, están pasando por radio o por teléfono esos mismos datos personales a los encargados de la seguridad de los jefes de los cárteles de la región.
Hay en vastas zonas del país una psicosis ciudadana, porque los hombres encargados de la seguridad pública no pueden o no quieren hacer nada. Están como presos, secuestrados, por los jefes del narcotráfico.
Todo esto debería estar atendiéndolo con gran fervor la presidencia de Enrique Peña Nieto; pero mejor ha optado en convertirse en golpeador de los gringos, cuando se ha dedicado a intervenir en los asuntos internos de Venezuela.
Luis Videgaray Caso, hace un mes, declaró desde su condición de encargado del despacho de Relaciones Exteriores de México, que el presidente Maduro creó un “régimen dictatorial”.
Entonces, la cancillera venezolana, Delcy Rodríguez, dijo en respuesta a Videgaray que “el mexicano arremete a Venezuela para congraciarse con sus duelos imperiales (en alusión a Donald Trump), porque cree así que el pueblo mexicano olvidará su traición”.
Pues ayer, el presidente venezolano, Nicolás Maduro, devolvió el golpe en persona, cuando ha afirmado que México “está a merced de la violencia, desigualdad y narcotráfico”. Y asegundó: “México es un Estado fallido”.
Y asegundó dos veces: “Trump arremete a México y no hay gobierno en México que defienda a los mexicanos”.
El lunes, cuando el asesinato del periodista Valdez, el presidente de Bolivia, Evo Morales, condenó el crimen y dijo que “se solidarizaba con su familia, con el periódico La Jornada y con todo el pueblo mexicano”.
Y restregó entonces, con un comentario en twitter el fariseísmo de la Organización de Estados Americanos (OEA), cuando le preguntó a Almagro, titular de la organización americana: “Por qué almagro no se pronuncia sobre la violencia del narco en México y el asesinato de seis periodistas en lo que llevamos de 2017”.
Este reclamo fue porque Almagro ha sido un alcahuete de marca mayor con el gobierno alimentador de impunidades de Enrique Peña Nieto y con el gobierno del brasileño Temer, ahora emplazado por el aparato de justicia de su país a tener que dejar la presidencia interina por haber incurrido en actos de corrupción superlativos, en esto que ha sido su cortísima temporada como presidente.
Pero, en contrapartida, la OEA no ha dejado de criticar a Venezuela, como tampoco el gobierno de Peña y el gobierno de Temer.
Peña Nieto salió a decir presuroso el lunes, después de la muerte de Valdez, que no quedarán impunes las agresiones a periodistas. Para su infortunio, deberá escalar una pared muy vertical para que se le crea, ante esa costumbre por declarar sólo para salir del paso.
Fuente: Zócalo de Saltillo.
















