Por: Uuc-kib Espadas Ancona.
La Revolución Mexicana fue llevada a cabo, materialmente, por masas de trabajadores. Ya en la ciudad, ya en el campo, el grueso de los combatientes, como en cualquier guerra, fue de personas cuyo patrimonio, cuando existía alguno, era insuficiente para vivir de él, por lo que venían subsistiendo de su trabajo. Más aún, los principales móviles que los llevaban a levantarse en armas estaban estrechamente vinculados a la desmedida explotación de los trabajadores,
en una estructura social que los subordinaba de manera general. El establecimiento en la Constitución de 1917 de un importante conjunto de garantías sociales, por primera vez en la Historia de la Humanidad, se logró, fundamentalmente, gracias al papel central jugado por estas mujeres y hombres en la insurrección. El carácter popular del movimiento marcó la vida política nacional durante las décadas siguientes. Prácticamente todo acto de gobierno trataba de legitimarse en los intereses de esas mayorías trabajadoras. Incluso, cuando las expectativas sociales se fueron viendo frustradas y se generaron nuevos procesos de insubordinación, las demandas laborales y laboristas jugaron también un papel relevante, cuando no principal, en éstos. En el discurso oficial esta visión se mantuvo aún en momentos en que, por la vía de los hechos, las acciones se desarrollaban en sentido diametralmente opuesto, como con la sistemática represión del sindicalismo independiente.
Esta posición se hizo evidentemente insostenible, sin embargo, a partir de las reformas neoliberales. En el nuevo modelo, centrado en la acumulación acelerada y masiva de capital en un número muy reducido de personas, reivindicar el papel de único creador de riqueza que tiene el trabajo se volvió disfuncional. En el naciente discurso, los valores éticos de la economía pasaron a ser la propiedad, la temeridad, la astucia y, en su cúspide, la propiedad de capital. La acumulación personal de riqueza alcanzó, en tres décadas, la condición de valor supremo. El día de hoy, el trabajo y los trabajadores están socialmente devaluados. No ser poseedor de riqueza es considerado un signo de ineptitud personal, y tener que trabajar por un salario, una condición despreciable.
La creencia liberal del siglo XIX era que el patrón y el trabajador eran actores económicos iguales y ordinarios. Bajo esa premisa, la compra-venta de mano de obra debería dejarse al juego de la oferta y la demanda del mercado, y no someterse a imposiciones del Estado. Por tanto, el nivel salarial, las condiciones de trabajo y las prestaciones laborales tendrían que ser estrictamente las que los involucrados pactaran, siendo ilegítimo imponerlas por ley. El México revolucionario fue capaz de superar esa falacia, al entender, plasmándolo en la Constitución, que la relación entre patrón y trabajador no es simétrica, y que lo derechos del segundo tienen que ser garantizados por el Estado, dada su debilidad económica frente al capital. Tras décadas de deterioro de las condiciones laborales reales de los mexicanos, finalmente, con la implantación del modelo neoliberal, se retomó la noción básica del siglo XIX. Las nuevas reformas y medidas gubernamentales se encaminaron, paralelamente, a facilitar la alta concentración de capital en una reducida oligarquía y a reducir las garantías laborales. Así, el salario mínimo perdió el 60% de su valor, el sindicalismo fue diezmado y los derechos legales de los trabajadores reducidos.
Las nuevas concepciones, sin embargo, no son ya tan sólo una filosofía de gobierno, o creencias de la elite y los intelectuales afines, sino que, tras casi dos generaciones crecidas laboralmente en este modelo, se han vuelto creencias populares. Lejos de las reivindicaciones colectivas de los trabajadores del siglo pasado, los integrantes de las clases populares contemporáneas aspiran, antes que a otra cosa, a dejar de serlo. La fantasía infantil de un futuro de lujo y molicie se ha hipertrofiado hasta dejar sin lugar a las concepciones adultas de reconocer el estado permanente de ser asalariado y reclamar en consecuencia mejores condiciones laborales. En la nueva perspectiva colectiva, la condición de trabajador no tiene porqué significar derechos especiales garantizados por el Estado, pues se trata de una debilidad autoinfligida; por el contrario, derechos semejantes sí deben asistir a los que mayor merecimiento personal tienen, es decir, a los más ricos.
Este es el sustrato que alimenta una serie de creencias contemporáneas, que a veces alcanzan el nivel de propuestas específicas. Cosas como que debe ser legal para el patrón disminuir salarios y prestaciones cuando lo juzgue pertinente, reducir o de plano eliminar los costos de despedir empleados discrecionalmente, eliminar la jornada laboral máxima 8 horas al día y 48 a la semana y hasta eliminar el derecho a la sindicalización y a la huelga.
Por casi un siglo, sindicalistas, izquierdistas y laboristas en general vieron sus concepciones sobre el trabajo cristalizar, al menos parcialmente, en leyes y políticas públicas, llevando a pensar que formaban establemente parte de las convicciones sociales. Otra mentira del espejismo humanista. El México de hoy está lejos de reconocer el valor central del trabajo y los trabajadores en la generación de toda riqueza.
Fuente: Por Esto.
















