Por: Gina Cruz Blackledge.
La renovación de la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se dio en medio de uno de los mayores escándalos de corrupción en los que se haya visto envuelto el Poder Judicial.
La lucha por la presidencia de la Corte se vio contaminada por las evidencias de un posible plagio para obtener el título de licenciatura,
por parte de la aspirante Yasmín Esquivel Mossa, quien había sido ratificada por el Senado en la sesión del 12 de marzo de 2019, en medio de señalamientos por conflicto de interés, al tratarse de la esposa del principal contratista del gobierno.
En octubre de 2019, otro escándalo había asolado ya a nuestro máximo tribunal: el Ministro Eduardo Medina Mora renunció, de forma por completo inesperada, en una abierta violación al precepto constitucional que prevé que toda renuncia solo procederá por causas graves, será sometida al presidente de la República, y si éste la acepta, se enviará para su aprobación al Senado. Nada de esto sucedió, en medio de un proceso que gradualmente introdujo un efecto corruptor en nuestra Corte.
La Corte introdujo el término “efecto corruptor” para referirse a la vulneración de los derechos del acusado en el proceso penal. Las consecuencias del efecto corruptor son la invalidez del proceso. Esto debió haber sucedido desde la renuncia de Medina Mora, que dejó al Senado como un testigo mudo que no tuvo participación alguna en el proceso, a pesar del mandato del artículo 98 constitucional.
Gradualmente, el Poder Ejecutivo ha vulnerado a nuestro máximo Tribunal doblegando a su anterior presidente. La indebida intromisión se hizo evidente en la votación de la acción de inconstitucionalidad contra las reformas a la Ley de la Industria Eléctrica: el 7 de abril de 2022 la Corte no decidió, ante la falta de los votos necesarios para lograr la mayoría calificada, en un hecho que hoy nos tiene ante las puertas de un panel internacional promovido por los Estados Unidos y Canadá.
La sesión del 2 de enero se vio contaminada por la repentina absolución que operó la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, sobre el caso de plagio. Ese día mientras la candidata acusada se defendía, la UNAM no había concluido sus deliberaciones, pero había dejado en claro que la tesis original no era la de Esquivel.
La sola sospecha de plagio, y la posibilidad de un acto de corrupción que podría enturbiar una carrera, han ensombrecido a la Corte, la cual tiene pendientes importantes deliberaciones, como la inminente controversia por la reforma electoral aprobada, de forma atropellada, por el Congreso de la Unión. El hecho de que una Ministra sospechosa de actos de corrupción haya sido y sea parte de las deliberaciones de nuestro máximo Tribunal, contamina de forma irremediable las decisiones asumidas y afecta al prestigio de una institución noble y vital para el control de abusos de poder, que hoy son reiterados.
El Poder Judicial, ahora encabezado por la Ministra Norma Lucía Piña Hernández, tiene el reto indudable de recuperar su prestigio, su pulcritud y su función como eficaz contrapeso, sin el cual, estaríamos inmersos en un mar de decisiones presidenciales que no sólo violan derechos, sino que de forma abierta, conllevan fraudes reiterados contra nuestra Constitución.
Fuente: HERALDO DE MEXICO.
















