Por: Martín Espinosa.
* Para nadie es un secreto que en los tiempos actuales los diputados y senadores cada día están más lejos de sus electores.
Hemos hablado en colaboraciones anteriores de cómo la gobernabilidad debe garantizar, entre otras cosas, mayor seguridad y mejores condiciones de convivencia para los habitantes de una comunidad.
Pues bien, todo lo anterior debe ir dirigido a mejorar, cada día más, las oportunidades de desarrollo para que cada miembro de esa comunidad pueda conseguir mejorar su situación y la de los suyos, o sea, su familia. Si la gobernabilidad no se traduce en mejores estándares de vida para la sociedad, entonces no tiene razón de ser o —simplemente— no es gobernabilidad sino otra cosa muy distinta.
Hace unos días se dieron a conocer los resultados del Latinobarómetro, producto de la medición que lleva a cabo una Organización No Gubernamental que tiene su sede en Chile y que desde 1995 realiza este tipo de análisis sobre cómo se encuentran los países de América Latina en cuanto a la aceptación de los sistemas de gobierno por parte de sus habitantes.
Escúchame es el título del último informe correspondiente a los años 2012 y 2013. Para Marta Lagos, su directora, “la ciudadanía en América Latina está gritando fuerte ‘escúchame’ por cualquier medio, porque qué duda cabe que el sistema político no parece escuchar”. A ello, habría que agregar la crisis de representatividad de los ciudadanos por parte de los gobiernos de la región, así como de sus representantes en los congresos, ya sea el federal o los de cada estado. Para nadie es un secreto que en los tiempos actuales los diputados y senadores cada día están más lejos de sus electores.
Hay un capítulo en la encuesta de referencia sobre el apoyo de los habitantes a la democracia. Los resultados son verdaderamente desalentadores: el respaldo ciudadano cae dos puntos respecto de 2011 (fecha de la última medición, ya que no hubo informe 2012), de 58% a 56%. Venezuela (87%), Argentina (73%) y Uruguay (71%) encabezan el listado. Costa Rica (53%) sigue ocupando el primer lugar en América Central, pero ha quedado relegada al noveno puesto en Latinoamérica. Honduras (44%), Guatemala (41%) y México (37%) ocupan los tres últimos lugares. En estos últimos tres sitios, el proceso de consolidación de la democracia no avanza; al contrario, retrocede.
Llama mucho la atención que en el caso de nuestro país, en 2000 —cuando hubo alternancia en el poder— el apoyo a la democracia alcanzó 44%. Dos años después subió a la magnífica cifra de 63%; la más alta de la historia de estas mediciones. Ahí hubiera sido el momento exacto para llevar a cabo una verdadera transformación de las instituciones del país. Pero no, la oportunidad se desperdició y el “bono democrático” del foxismo tuvo como destino final “el bote de la basura”.
Así lo demuestran, al menos, las cifras del Latinobarómetro de los años siguientes: En 2005 el apoyo a la democracia cayó al 59% y con Felipe Calderón terminó por desplomarse al 40%, hace dos años. Hoy, sólo como referencia, el respaldo ciudadano a nuestro sistema de gobierno se encuentra en 37 por ciento.
En el rubro de Satisfacción con la Democracia se mantiene en el mismo nivel de 2011: 39% es el promedio regional. Uruguay (82%), Ecuador (59%) y Nicaragua (52%) lideran la tabla. Por su parte, Perú (25%), México (21%) y Honduras (18%) tienen los niveles de satisfacción más bajos.
Los bajos niveles de satisfacción con la democracia tienen su origen en dos problemas centrales: el primero, que únicamente 25% (promedio regional) considera que la distribución de la riqueza es justa; y segundo que sólo 28% considera que se gobierna para el bien de todo el pueblo. Si a ello sumamos los tres principales obstáculos que los ciudadanos de la región consideran como los frenos para el desarrollo de sus países, siendo éstos: la delincuencia (24%), seguido del desempleo (16%) y la corrupción (6%), la situación se torna más complicada.
Por ello urge mejorar la calidad de la democracia en la que vivimos. Y ello tiene que ver con una mejoría en las condiciones de vida de la sociedad. De lo contrario, las manifestaciones de inconformidad que hoy observamos en varias partes del país podrían ser cada vez más radicales y poner en riesgo la gobernabilidad, amenazada ya en varias entidades donde la violencia y el desgobierno son, cada día, más evidentes.
Fuente: Excélsior.
















