Por: MARIO LUIS FUENTES.
Es difícil recordar, en los últimos 20 años, un proceso de movilización social y descontento como el que estamos viendo en este desconcertante inicio de 2017. Más aún si se consideran dos factores esenciales: el primero, que las manifestaciones de descontento no tienen liderazgos identificados, es decir, se trata en la mayoría de los casos de personas realmente indignadas con el estado de cosas que priva en el país.
El segundo factor a considerar es que también simultáneamente en varios estados del país el enojo ha derivado en saqueos a centros comerciales y tiendas departamentales, y eso llama poderosamente la atención, pues es en los espacios en que quizá con mayor nitidez se percibe de manera cotidiana la desigualdad, en los que se ha concentrado con mayor coraje el descontento popular.
Frente a lo anterior, sin embargo, debe tenerse cautela, pues no ha quedado claro si varios de los saqueos han sido orquestados o si se trata en todos los casos de genuinas manifestaciones de la rabia colectiva, lo cual, en ambos casos, debe ser condenado porque no es con base en la violencia como se solucionarán de fondo los problemas, todos graves, que aquejan a millones de familias en todo el territorio nacional.
Es interesante observar que el ánimo social que puede percibirse, por ejemplo, en las redes sociales, ha identificado como blanco de sus mayores críticas al Presidente de la República, sin embargo, esta condición no debe llevarnos a perder de vista que, en realidad, el descontento no es sólo con el gobierno, sino con toda la clase política, es decir, con aquellos que todos los días toman las principales decisiones en el país.
Por ello, no es que la llamada “oposición” sólo esté reaccionando tarde y mal ante el enojo popular, sino que su credibilidad y legitimidad ante los ojos de la mayoría está igual de desacreditada que la del partido en el poder.
En efecto, las manifestaciones en la calle fueron detonadas por el llamado gasolinazo, empero también está el asunto de los bonos gigantescos en todo el sector público, particularmente en la cámaras de Diputados y Senadores y en el Poder Judicial, así como los regalos y premios que se dan en los gobiernos estatales y municipales, y una continua y reiterada tendencia a la ostentación en todo el sector público.
Vivimos atrapados en un país de excesos en dos sentidos: exceso de desigualdad, exceso de pobreza, exceso de carencias y malos servicios públicos y, de otra parte, excesos en el ejercicio del poder, en el manejo de los recursos y en la incapacidad para gobernar, legislar e impartir justicia.
Para utilizar una analogía, habría que pensar que así como cuando ocurre un terremoto o hace erupción un volcán no se debe a que se abre una nueva grieta en el suelo o porque se genera una fisura en el domo de lava, en el caso del “estallido social” también hay poderosas fuerzas en tensión en el “sustrato” colectivo, algunas de ellas identificadas, otras comprensibles después de que ocurren los hechos, pero otras también completamente desconocidas.
La política, sostienen algunos teóricos, puede definirse como el arte de procesar el conflicto; donde hay política aquél no desaparece, pero es procesado de manera adecuada; hoy el problema al que nos enfrentamos es que la política dejó de controlar al poder y, con ello, renunció a la oportunidad de garantizar seguridad y bienestar a la población.
Así las cosas, la mejor manera de salir de esta coyuntura que parece ser crítica es promoviendo un diálogo genuino; diálogo y más diálogo es la fórmula, pero ello requiere una convocatoria inteligente que rompa con los parámetros de actuación que se han tenido hasta ahora y que dé cauce a una ordenada transición de gobierno en 2018 y que siente las bases para el nuevo curso de desarrollo que requiere el país.
Twitter: @Mariolfuentes1
Fuente: Excélsior.
















