Por: Vicente Bello.
Por estos días, mediados de julio, la Cámara de Diputados acostumbra comenzar a mirar hacia los días en que el Ejecutivo Federal deberá entregar el paquete de presupuestos para el año siguiente (6 de septiembre de cada año).
Se trata de tres paquetes presupuestales: los Criterios Generales de Política Económica, las leyes de los ingresos y el presupuesto de egresos de la Federación.
Parece fecha lejana. No lo es, si se considera que en los territorios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ya tienen desde prácticamente iniciado el año los estudios financieros, sobre lo que van a plantear en sus iniciativas fiscales respecto del año siguiente. En este caso, 2018.
La Secretaría de Hacienda tiene un equipo de economistas avezados en el tema, cuya función primordial es estar revisando cada una de las partidas presupuestales del año en curso con fines de hacer modificaciones sobre la marcha y con fines también de ir armando los predictámenes de paquetes presupuestales del año que se avecina.
Suele ocurrir, a lo largo del año, que el secretario de Hacienda salga a dar tips de cómo vendrá el año siguiente, en materia de política macroeconómica. Y muchas de estas advertencias –como la que, la semana pasada, emitió José Antonio Meade Kuribreña en el sentido de que disminuirá la extracción del petróleo para fines de año-, acalambradoras por supuesto, suelen salir de ese grupo de economistas que se dedican a proyectar el curso de una economía que sigue para muchos colgada de alfileres.
Lo menos que se podría esperar es que un grupo parecido estuviera por parte de la Cámara de Diputados trabajando en torno del mismo tema: Revisando el desarrollo de la economía nacional y presentando alertas a los diputados, que por ser representantes de la nación (así los cataloga la Constitución en su artículo 51) tampoco están obligados a ser expertos en los temas de la economía.
El sistema político mexicano, presidencialista a ultranza, se ha encargado de tener a la Cámara de Diputados con carencias que la conducen a una debilidad endémica ante el Ejecutivo Federal.
La Cámara de Diputados es la institución del Congreso mexicano facultada para revisar la política económica del país, al tener como cosa exclusiva la función de revisar y autorizar el presupuesto de egresos de la Federación.
Es para que la Cámara de Diputados tuviera un súper equipo de economistas que estuvieran dando seguimiento pormenorizado del ejercicio de cada una de las partidas y programas que componen el gasto público.
También, que estuvieran como vigías de la nación dando seguimiento a la política macroeconómica propuesta y ejercida por el Ejecutivo Federal.
Si hay inflación, hacer de inmediato un seguimiento de la inflación y de su registro, porque siempre ha habido la sospecha en México –sobre todo desde que la política económica del país prácticamente se declaró fielmente seguidora del neoliberalismo, a partir de 1982- de que la Secretaría de Hacienda y el Banco de México terminan haciéndose la “una-una”, emitiendo reportes falsos a la hora de medir la inflación.
Hay sospechas desde hace años de que el Gobierno tuerce las mediciones de la inflación para fines políticos y sociales. Y casi siempre electorales.
Es tan limitado el equipo de economistas de la Cámara de Diputados que tampoco es capaz de elaborar estudios sobre los otros supuestos macroeconómicos: Crecimiento, tipo de cambio, precio del petróleo para fines de proyección presupuestal, déficit.
La Cámara de Diputados, en materia de equipos de apoyo técnicos, sufre desde hace muchos años una suerte de castramiento por el PRI.
Aunque mejoró esta situación a partir de la 57 Legislatura, cuando el PRI dejó de tener la mayoría absoluta (1997-2000), tampoco avanzó mucho el Congreso, porque el PRI consiguió hacerse de la muy infortunada complicidad del PAN, PVEM, Panal y, posteriormente, del PRD, con las que terminó el partido en el poder presidencial de debilitar la máxima función del Congreso: la de control político.
Dicha función de control político es, por apellido, por antonomasia, un trabajo de la oposición. Pero, habiendo logrado el PRI que la mayoría de la oposición no sea más que una representación tan mentirosa, engañadora y corrupta como el mismo PRI, pues ha terminado la función de contrapeso constitucional como una vil engañifa a la sociedad, una farsa, una simulación.
El partido en la presidencia de la República –la institución máxima del Poder Ejecutivo- ha hecho de la simulación su trabajo central en el Congreso. Y para ello le ayudan con singular alegría los partidos arriba mencionados.
El PAN, desde 1988, está ayuntado con el PRI en prácticamente todo, y tienen detrás a unos partidos que ya se caracterizaron en la historia contemporánea de nuestro país como solo rémoras, que no hacen estrictamente más que lo que le convenga al priísmo. Y sus funciones pasan rigurosamente por la simulación de un juego democrático, pretendiendo hacer creer a la gente que son opositores cuando realmente no lo son.
Ha sido este el infame papel del Pvem, ahora del PRD, y también del Panal y el Pes. El Panal, un partido que fundó Elba Esther Gordillo, y el Pes, un partido al que le achacan una cercanía groserísima con Felipe Calderón Hinojosa.
La oposición ejercida recientemente está en las siglas del Morena. ¿Por cuánto tiempo, si ha comenzado a abrirse a gente que busca salirse de otros partidos en busca de chambas políticas? Nadie lo sabe.
Lo que sí es cierto es que el Congreso perdió la brújula. Su poder de contrapeso es bastante disfuncional.
Fuente: Zócalo de Saltillo.
















