Por: Gilberto Nieto.
XALAPA, VER.- Es penoso el marco bajo el cual se ha desarrollado la evaluación docente en muchas de las entidades de la República, incluida Veracruz. El escenario discordante en la aplicación de los exámenes a docentes lo han puesto los enfrentamientos entre profesores dispuestos a evaluarse y aquellos que no aceptan la evaluación,
alegando que con ella se pone en marcha el engranaje legal que disminuye sus derechos laborales.
Alegan que el gobierno federal no ofrece garantías de un proceso justo, pues se dice una cosa y se esconde otra y existen lagunas normativas que no se han subsanado. Se perciben estas imprecisiones generalmente en detrimento del trabajador, como en los casos de Carrera Magisterial, el derecho de adscripción y cambio, la promoción por incremento, la promoción por ascenso y, principalmente, la noción de la plaza base. Como toda transición, se ignoran los alcances y consecuencias de un cambio profundo.
Esto y muchas cosas más causan inquietud y crean una red de rumores (por lo general exagerados), frente a los momentos de una transición forzada. Cambiar la mentalidad y las condiciones laborales de muchas décadas no es una situación fácil. El gobierno federal y los gobiernos locales deben invertir parte de sus esfuerzos en buscar formas variadas de brindar mayor información (sin adornos), no caer en contradicciones, cubrir las nuevas necesidades que genera la reforma, asegurar la garantía de irretroactividad en las afectaciones laborales y crear un clima de estabilidad y de respeto a los maestros. Cuando la seguridad en el trabajo se siente en riesgo, el sentido general de la frase que encabeza este comentario se pone en marcha.
En los centros en que se realizó la evaluación docente fue lamentable la presencia de las fuerzas civiles, granaderos y hasta del Ejército en algunos lugares, confundiendo a los maestros, a la opinión pública y a la sociedad. La guerra del rumor y del WhatsApp, como la guerra fría, se extiende de maestro a maestro, de escuela a escuela, de estado a estado, pero esto parecía la Operación Tormenta del Desierto y se desvirtúa el despliegue de seguridad como un acto del gobierno federal para hacer cumplir la ley.
Williams James Popham, especialista norteamericano en medición, dice: «Los educadores viven una presión casi implacable para demostrar su eficacia. Desafortunadamente, el principal indicador con el cual la mayoría de las comunidades evalúa el éxito del cuerpo docente de una escuela es el desempeño de los estudiantes en pruebas estandarizadas.» Más hoy ya no es así, pues se pretende evaluar directamente al docente.
Ya no habrá más culpas a factores alternos. Quizá ahora haya desconfianza sobre lo que se evalúan, cómo se evalúan, y la objetividad del resultado final, considerando la sumatoria de los aspectos propuestos y la precisión de los programas de cómputo utilizados. A esto le agregarán valores políticos sesgados y suspicacias sobre su eficacia, porque nadie garantiza la eficiencia de ninguna reforma.
Este momento de conmoción sirve para revisar la frase que Paulo Freire pregonaba: «educar no es ser omiso». Es momento de reconocer con valentía que buena parte de la crítica social negativa es precisamente por omitirse, por no hacer “algo”, dejar pasar. La formación de los alumnos es dar facilidades a la creación y construcción de un ser pensante, crítico, autosuficiente, preocupado por su entorno y con la mirada puesta en sus posibilidades de crecimiento. Esto exige un cambio en la educación pero, además, en todas las dimensiones de la sociedad y del gobierno.
Quien dice que la Reforma de 2013 sólo se redujo a un conjunto de modificaciones legales para la administración del sistema escolar y la transformación de las relaciones existentes al interior y con el exterior del Sistema Educativo Nacional, debe revisar la reforma curricular de 2011 (Acuerdo 592), ignorada por la avalancha de sucesos que trajo consigo la Reforma Constitucional.
gilnieto2012@gmail.com
















