Por: DUNIA LUDLOW.
@DuniaLudlow
¿Es la impunidad un mal necesario en nuestra sociedad?, ¿contribuimos a que ésta se propague desde nuestro quehacer cotidiano?
En México, la impunidad y su combate se ha vuelto un tema recurrente y hasta rutinario; es común escuchar cifras que han pasado de la alarma a la cotidianidad e incluso al desinterés.
Contrario a lo que debiera suceder, datos como que en el 2012 más del 98% de los crímenes cometidos en México no fueron castigados, según las últimas cifras y estudios de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y el Tecnológico de Monterrey (ITESM), no sorprenden ya a una sociedad que parece haber interiorizado la semilla de un mal que día a día gana más terreno.
Frente a este panorama tan complejo, incluso preocupante, resulta necesario preguntarnos: ¿Es la impunidad un mal necesario en nuestra sociedad?, ¿contribuimos a que ésta se propague desde nuestro quehacer cotidiano? y, finalmente, ¿qué hace más daño: la impunidad o la indiferencia ante ella?
Ante estas interrogantes, debemos analizar, brevemente, varias aristas del problema: La primera es entender que la impunidad consiste en una ausencia de sanción frente a una conducta, cualquiera que sea sujeta de castigo. Dicho de otro modo, la impunidad no trata sólo de una ausencia de castigo legal o estatal, sino que puede estar presente desde los núcleos sociales más primigenios como la familia.
Reflexionar sobre este significado de la impunidad y preguntarnos sobre nuestro actuar cotidiano, nos llevaría en un primer momento a analizar, al menos, qué tan impunes nos comportamos todos los días. Por ejemplo: ¿Cuántas violaciones al reglamento de tránsito cometemos esperando no ser castigados?, alegrándonos, además, de no haber sido sorprendidos por ninguna autoridad al pasarnos la luz roja del semáforo que omitimos en el camino; o aquellas invasiones a zonas prohibidas. ¿Cuántas veces hemos incumplido normas de convivencia haciendo más ruido del permitido en nuestro conjunto habitacional? y así un largo etcétera.
En un segundo momento, valdría la pena respondernos cuándo comenzamos a interiorizar la impunidad como una conducta cotidiana e individual y le dimos legitimidad: “Me pasé el alto porque tenía que llegar puntual a la cita”, “había más lugares para que las personas con discapacidad se estacionaran… es más, no me tardé nada”.
Una tercera reflexión (obligada) nos lleva inevitablemente a analizar el tema desde la perspectiva del Estado, el cual podríamos adjudicar a las grandes esferas de la “cosa pública” (aun cuando ya hemos referido que se da prácticamente en todos los estratos sociales). En este sentido, vale la pena, en torno al año reformador 2013, hacer una revisión de lo que el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto ha decidido implementar como acciones concretas con el fin de revertirla.
La administración actual se ha dado cuenta que no basta con firmar y ratificar protocolos internacionales para la prevención y el combate de diversos delitos, sino que es necesario hacer valer el Estado de Derecho, aunado a una estrategia de limpia y reforma de las instituciones del estado y los estatutos de las mismas; con el fin de que, por primera vez en nuestro país, haya una estrategia gubernamental encaminada a garantizar la seguridad, el respeto a los derechos humanos y el acceso universal de la justicia de una manera efectiva, pronta y expedita.
De lo anterior, resulta necesario destacar algunas de las acciones que el presidente Enrique Peña Nieto ha implementado desde que tomó posesión en diciembre de 2012. En primer lugar, cabe mencionar la promulgación de la Ley General de Víctimas como reguladora de la justicia y el fuero militares, cuyo contenido positivo y vigente, hasta ese entonces, fue objeto de críticas por parte de organismos internacionales vigilantes de los derechos humanos y de denuncias ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por parte de las víctimas.
Esta primera medida de nuestro presidente buscó reducir la condición de impunidad de varias de las denuncias en contra de elementos de las fuerzas armadas, en la llamada “guerra contra el narcotráfico”, especialmente las desapariciones forzadas, la tortura, los asesinatos indiscriminados y exponenciales, así como los continuos atentados contra la libertad de expresión y el ejercicio de la labor periodística.
Dentro del marco de sus 13 decisiones iniciales de gobierno, el Lic. Peña Nieto anunció en enero de 2013 el envío de una reforma constitucional buscando una homologación de los distintos códigos penales, con el fin de garantizar el acceso, la verdadera impartición de justicia y la reducción de la impunidad; al poner fin al caos y la incertidumbre jurídica que prevalecía en el país, debido a las distintas tipificaciones en las 31 entidades federativas y el Distrito Federal. Pese a no haber sido aprobada en el Congreso en sus términos, hoy avanza la aprobación de un Código Procedimental que, justamente, homologará los procesos para acceder a la justicia y evitar la impunidad.
Dentro de todas estas acciones, la más destacada en este primer año de gobierno en esta materia, es la referente el empuje que el primer mandatario ha dado a la creación de la Comisión Nacional Anticorrupción, institución que busca, de forma transversal, evitar que la cultura del “no castigo” por violaciones a la ley sea revertida desde el quehacer público.
Dicho lo anterior, una cuarta reflexión me obliga a preguntarme: ¿Cómo es que el partido en el gobierno ha decidido apoyar el combate a la impunidad y a su incorporación a la cultura cotidiana? En este sentido, la respuesta podríamos encontrarla justamente en las reformas estatutarias que se vivieron a partir de la XXI Asamblea Nacional Ordinaria del PRI, en donde se creó la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información del Comité Ejecutivo Nacional (y que será replicada a niveles Estatales), permitiendo tener un primer requisito para eliminar la impunidad, como lo es contar con información, transparentar cada espacio del Partido y presentar datos a la militancia, a los simpatizantes y a la ciudadanía en general.
Otro cambio importante es que el PRI dotó a su Consejo Político Nacional con la facultad de emitir observaciones a los militantes que ocupan cargos públicos acerca de su desempeño; pasando de ser un partido postulante a un partido vigilante, el reto es que cada uno de nosotros acompañemos esta labor e impulsemos un cambio no sólo institucional, sino preponderantemente cultural.
A manera de conclusión, en un contexto difícil como lo es el entorno sociopolítico del país y todo lo que ello representa a nivel cultural, bien vale la pena hablar de estos temas tan trascendentes como lo es la impunidad, asumir responsabilidades frente a ellos y emprender acciones que permitan frenar su avance hasta erradicarlos.
Si bien no será fácil ni inmediato, el cambio frente a una realidad tan compleja como lo es el tema expuesto anteriormente, requiere de acciones tanto del gobierno, partidos políticos y, sobre todo, ciudadanía; todas ellas encaminadas a lo normativo, institucional y a lo cultural, aspectos que son el pilar del combate a un mal que no debe verse como necesario y mucho menos como algo cotidiano.
Fuente: Sdpnoticias.com
















