Por: Gerardo Aguado.
La liberación en los precios de la gasolina, que dejó a estos sujetos a las referencias internacionales durante 2017, trajo consigo incrementos que generaron inflación, y a su vez aumentos en los costos de la canasta básica. Todo esto a pesar de que las autoridades federales se comprometieron a implementar medidas para mitigar al máximo las fluctuaciones de los precios de los combustibles.
Desde luego que factores como la volatilidad cambiaria impactaron aún más.
Para este 2018, las autoridades hacendarias anunciaron que los precios serían liberados plenamente, dejándolos sujetos a elementos de la cadena productiva como el costo del petróleo, transporte, almacenamiento, oferta y demanda, y por supuesto el tipo de cambio; abandonando los controles administrativos y fiscales que se habían mantenido hasta el año 2017.
A raíz de lo antes mencionado y como se ha ido dando a conocer, nos estamos enfrentando a una serie de incrementos en todo lo que va del año, inclusive estos variando dependiendo de la región o el municipio y hasta la gasolinera. La SHCP, como medida principal para tratar de mantener estables los precios, mantiene mes con mes un paquete de estímulos fiscales al IEPS.
Lo más grave de este asunto es que afecta directamente al comercio, ya que este funciona por el transporte de mercancías principalmente. Si el costo de movilizar los insumos y productos aumenta, entonces el comerciante o empresario se ve obligado a incrementar los precios de los productos que ofrecen para balancear pérdidas y costos de operación (imagínense esto agregando las altas tarifas de la Luz, pero de eso hablaremos la próxima semana). Entonces esto se vuelve un círculo vicioso en donde hay aumento generalizado de bienes y servicios, personas que pagan más por sus satisfactorios pero ganando el sueldo de siempre.
El Gobierno federal, conforme a sus atribuciones, tiene el deber y obligación de hacer todo lo que esté a su alcance para no sólo estabilizar los precios de este combustible fósil, si no para fomentar el empleo y proteger el consumo de los más necesitados que ante esta inflación les cuesta más acceder a sus insumos de primera necesidad.
De igual forma, el Congreso de la Unión tiene plenitud de atribuciones para actuar al respecto y eliminar o disminuir considerablemente el famoso Impuesto Especial por Producción y Servicios (IEPS) a través de reformas a la ley que regula todo lo referente a este impuesto.
Si no se hace algo pronto este incremento seguirá haciendo daño al país, pero debemos también estar conscientes de que no sólo debe frenarse la alza, si no revertir los precios y estabilizarlos hasta un punto medio justo y realista con la economía nacional. Fórmulas para poner remedio a esta desmedida alza existen, lo que en apariencia falta es un ingrediente de primera necesidad: voluntad política.
Fuente: Zócalo de Saltillo.
















