Por: Carlos Alberto Duayhe.
Una de las constantes del país que más atención y preocupaciones origina en todos los estratos sociales son las muy necesarias e impostergables: seguridad y justicia.
De los casos más recientes que causaron conmoción nacional e incluso repercusiones en el extranjero fue el del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo,
ocurrido este mes y en octubre el del joven dirigente de los limoneros de esa entidad, otro joven, Bernardo Bravo Manríquez.
A tal grado que el pasado jueves el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, abordado por la prensa a su llegada a Hamilton, Canadá, para participar en la cumbre del G7, luego de decir que su país no enviará fuerzas armadas a México si no lo solicita, insistió en que carteles de la droga controlan regiones de México, a las que calificó de organizaciones terroristas extranjeras.
Y del asesinato del alcalde Manzo expuso: “no se trata de un hecho aislado, ya que el crimen organizado también provocó muertes de otros alcaldes, periodistas, políticos y jueces, de acuerdo con su declaración”.
En efecto, estos asesinatos no se diluyeron de inmediato como sucede con tantos hechos semejantes lamentablemente ocurridos a diario en otras entidades como son Guanajuato, Guerrero, Estado de México, Sinaloa, que llevan los primeros lugares en esta escalada que en nada ayuda a una nación que por mayoría pretende erradicar, desde hace tantos años, impunidad, corrupción, simulación.
Lejos de la denominada cultura de la violencia tan mal acuñada por el expresidente Enrique Peña Nieto -que pasa su existencia allende el mar, en tierras españolas- cuando aseguró que así era lo ocurrido en México, como causa de tantos delitos.
La mandataria Claudia Sheinbaum Pardo ha modificado sustancialmente las políticas de seguridad de su reciente antecesor Andrés Manuel López Obrador, bajo un esquema de coordinación de fuerzas federales, un equipo de inteligencia, la Fiscalía General de la República, que está dando resultados (37 mil detenidos relacionados con el narcotráfico, secuestro, extorsión) y el decomiso de 98 millones de litros que sigue en investigación).
Pero no es suficiente: un promedio de 40 a 60 muertes denominadas dolosas por día según reportes de la propia Secretaría de Protección Ciudadana, asombran pero al mismo tiempo son tantas que se diluyen como consecuencia de esas guerras entre carteles que se pasan de toda raya.
Así que no es el antes que todo borra, que ya no sea pues el después.
Fuente: Índice Político.
















