Por: Ana Laura Magaloni Kerpel.
La semana pasada la primera sala de la Suprema Corte emitió una resolución de enorme trascendencia. Por unanimidad de votos la Corte resolvió que Aprender Primero AC, brazo jurídico de Mexicanos Primero, estaba legitimada jurídicamente para promover una demanda de amparo con miras a garantizar el derecho a la educación de los millones de niños y jóvenes que asisten a una escuela pública.
El origen del amparo fueron los Informes de Resultados de las Cuentas Públicas 2009 y 2010 elaborados por la Auditoría Superior de la Federación. En dichos informes, la Auditoría reconocía daños a la Hacienda Pública Federal por más de 30 mil millones de pesos por el indebido uso de los recursos públicos destinados a la educación. Sin embargo, la Auditoría no inició los procedimientos de responsabilidad correspondientes a los servidores públicos, federales y locales, que llevaron a cabo este desvío de recursos. A través del amparo, Mexicanos Primero busca que por primera vez tenga consecuencias jurídicas el desvío millonario de recursos a favor del SNTE, la CNTE, los comisionados sindicales, los trabajadores administrativos y demás usos políticos e ilegales de los recursos destinados a la educación. Sin consecuencias jurídicas es imposible que se frene esta práctica ilegal.
Aunque todavía no se conocen los detalles de la sentencia, la Corte señaló en un comunicado que “las autoridades demandadas no demostraron que hubiesen llevado a cabo las acciones necesarias para cumplir con las facultades de fiscalización de recursos en materia educativa”, y que “para restituir el goce del derecho humano violado la autoridad debe demostrar que ya realizó todas las acciones necesarias para el ejercicio de sus facultades, o en su caso, de no haberlo hecho, para que las lleve a cabo”. Hay que esperar a conocer los detalles de la sentencia y dar seguimiento a su cumplimento. Esto último va a ser clave para que cambie a futuro la forma ilegal y política de ejercer el gasto público en materia educativa.
La sentencia es muy relevante pues cambia los términos del debate en materia educativa: la educación es un derecho humano establecido en el artículo tercero de la Constitución y no una concesión graciosa del Estado. Ello significa que existe un ámbito de las políticas educativas que no puede estar sujeto a la discrecionalidad de las autoridades administrativas ni a los vaivenes políticos. La reforma educativa estableció que el derecho a la educación obliga al Estado a garantizar “la calidad en la educación obligatoria de manera que los materiales y métodos educativos, la organización escolar, la infraestructura educativa y la idoneidad de los docentes y directivos garanticen el máximo logro de los educandos”. El cumplimiento de estas obligaciones del Estado, me parece, constituye el corazón de la reforma educativa. La sentencia de la primera sala abre las puertas para que estas obligaciones no queden sujetas a la buena voluntad o el cálculo político de las autoridades educativas. Los usuarios del servicio de educación pública y las asociaciones civiles dedicadas a la defensa de este derecho humano pueden demandar su cumplimento a través del amparo. Ello le puede dar potencia y viabilidad a la reforma educativa. Los derechos humanos son derechos porque sus violaciones tienen consecuencias. De lo contrario, sólo son cartas de buenos deseos.
Si bien los desafíos de la implementación de la reforma educativa seguirán estando en manos de las autoridades educativas, locales y federales, los jueces de amparo pueden ayudar a vencer algunas resistencias. El caso de la sentencia de la primera sala es un claro ejemplo de ello. Si la decisión de la Corte logra frenar a futuro el desvío de recursos en materia de educación, estará allanando de manera significativa el proceso de implementación de la reforma. En el futuro, sería muy importante que Mexicanos Primero y otras organizaciones civiles demanden a través del amparo el cumplimento de todas las obligaciones constitucionales del Estado a las que se refiere el artículo tercero de la Constitución para garantizar “el máximo logro de los educandos”. Los ministros de la primera sala, me parece, han mandado una señal de que están dispuestos a dotar de contenido constitucional el derecho a una educación pública de calidad. Ojalá no me equivoque.
Fuente: Reforma.
















