Por: Fermín Alejandro García.
La espiral de violencia en Ajalpan no se ha frenado, ya que el proceso de buscar a los presuntos culpables del linchamiento de dos encuestadores se ha empezado a desviar para que el alcalde Gustavo Lara Torres utilice la coyuntura para vengarse de sus adversarios políticos y los críticos de su gobierno, al intentar involucrarlos como los instigadores de la barbarie que se desató hace una semana en dicho municipio.
Al mismo tiempo se percibe que en los hechos violentos que se vivieron el lunes de la semana pasada hubo una especie de revancha de miembros de Antorcha Campesina contra el edil, situación que ha enrarecido el clima político y social de esa región de la Sierra Negra, en donde priva el miedo y la zozobra.
Y es que el alcalde Gustavo Lara tiene en sus espaldas una larga lista de agravios cometidos contra la población, que lo ha llevado en varias ocasiones a confrontarse con grupos ciudadanos que han pugnado por el respeto a los derechos humanos y que se frenen los abusos que comete la Policía Municipal, de la cual existen evidencias de que algunos de sus mandos están dando protección a las estructuras criminales que operan en la región.
Lara Torres ganó la alcaldía con las siglas del PRI, pero al mismo tiempo ha sido un edil muy cercano a los intereses del gobernador Rafael Moreno Valle Rosas, razón por la cual se ha sentido impune para cometer muchos atropellos.
En Ajalpan hay una atmosfera de sentimientos encontrados entre la población, ya que por un lado hay rabia y condena por los sucesos que provocaron la muerte de dos hermanos que encuestaban en esa comunidad, y por el otro lado está creciendo el malestar porque se percibe que el gobierno del estado y el ayuntamiento no buscan hacer justicia, sino solamente se estarían cazando chivos expiatorios o aprovechar la oportunidad para reprimir a los opositores del alcalde.
Hasta ahora nadie tiene certeza que los cinco detenidos, por los delitos de motín y homicidio, sean los principales culpables del linchamiento de los hermanos José Abraham y Rey David Copado Molina, por una razón elemental que se explica de la siguiente manera:
Entre el momento en que corrió la falsa versión de que habían agarrado a dos robaniños, que en realidad eran los encuestadores, y se cometió el linchamiento, hubo un periodo largo de tiempo que permitió llegar al centro de Ajalpan a pobladores de por los menos cinco comunidades vecinas, en donde hay mucha inconformidad por la violencia, la ola de crímenes y los abusos de la policía ajalpense.
Se estima que más de la mitad de la gente que se congregó en la plaza para sacar a los encuestadores de la cárcel local, después golpearlos, interrogarlos, darles de machetazos y finalmente quemarlos, no eran de la cabecera municipal.
Y cuando el gobierno del estado, con fuerzas policiacas locales y federales, montó un fuerte operativo –tres días después de la tragedia– para capturar a los culpables, solamente se concentró en la cabecera municipal de Ajalpan y no se dirigió a las comunidades vecinas.
Hasta ahora se ignora por qué el gobierno solamente ha elaborado una lista de nueve supuestos culpables, cuando había más de 2 mil personas en la plaza el día del doble homicidio.
Trascendió que ha sido el alcalde de Ajalpan, Gustavo Lara Torres, quien ha señalado a los probables responsables.
Sus acusaciones las ha buscado dirigir hacia los integrantes de una organización llamada Movimiento Social en Defensa de Nuestro Municipio, el cual ha denunciado los abusos que comete el alcalde.
Por esa razón los dirigentes de ese movimiento se encuentran en resguardo, no hacen apariciones en la vía pública, ante el temor de que sean detenidos y acusados de provocar el linchamiento de los encuestadores y la quema del Palacio Municipal, pese a que hay evidencia que los miembros de esa agrupación intentaron frenar la barbarie.
Los seis dirigentes de esa organización ya pisaron la cárcel por culpa del edil de Ajalpan, ya que el 27 de mayo de 2014 fueron detenidos por la Policía Estatal y los tuvieron retenidos por 72 horas, luego de que la población tomó la alcaldía en protesta por la escasez de agua y los abusos de la Policía Municipal, que cobraba multas a los ciclistas que usaban las banquetas para transitar o los jóvenes que estaban caminando en la vía pública luego de las 9 de la noche.
En aquella ocasión es cuando por primera vez salieron a relucir las balas de goma, las mismas que se emplearon contra el pueblo de San Bernardino Chalchihuapan. Los policías estatales que llegaron a liberar la alcaldía utilizaron tales artefactos contra la población.
Una niña recibió una de esas balas en el rostro, que le quedó desfigurado y su familia prefirió migrar de Ajalpan ante la imposibilidad de que se hiciera justicia.
No hace mucho, hubo una segunda toma de la alcaldía, debido a que en una capilla del culto católico un ladrón fue pillado cuando robaba 40 mil pesos de la iglesia. El delincuente fue llevado a la cárcel municipal y luego de varias horas, decidieron liberarlo, lo cual desató la furia de la gente contra el edil Lara Torres.
Desde hace más de un año persiste un movimiento ciudadano que exige frenar los abusos del alcalde, que se investigue a un regidor presuntamente involucrado en el robo de combustible, que desaparezca el cuerpo de Policía, se normalice el sistema de agua potable y se combata la criminalidad. Todas son causas justas, que no son atendidas por el edil.
Por eso ahora está aprovechando la coyuntura para buscar eliminar a sus críticos, sin importar las consecuencias sociales.
Fuente: Jornada de Oriente.
















