Por: Aurelio Ramos Méndez.
¡Cómo ha de estar de deliberadamente enredado el caso Duarte, con la finalidad de tripularlo con precisión y sin daños colaterales de consideración, que tiene desconcertados aun a los principales miembros del elenco de este indisimulable montaje!
Prueba de esta descomunal complicación es la salida de Miguel Ángel Yunes Linares al rescate de Raúl Cervantes Andrade y su equipo de fiscales,
pretendidamente chambones cuando en realidad son actores de primera línea.
La entrada en acción del gobernador panista ofreciéndose como testigo de cargo, es el pago por la veloz actuación del titular de la PGR, quien en enero pasado le dio 172.5 millones de pesos por “acuerdos reparatorios” del desfalco cometido por el indefendible Duarte.
Todavía no acababa Yunes de sentarse en la silla que fue de Javidú, cuando Andrade ya le entregaba —“hoy por ti, mañana por mí”— dos suculentos cheques, en un episodio de obvia confabulación y politización de la justicia.
Eso explica la aparición de Yunes para incriminar al ahora huésped del Reclusorio Norte capitalino, provisto de más videos que Netflix, obtenidos todos —según él— de manera lícita.
El contubernio Yunes-Cervantes es apenas uno de los muchos indicios de que el caso Duarte está siendo intencionalmente embrollado.
¡Cómo que por qué! Pues porque son legión los funcionarios, empresarios, dirigentes de partidos, legisladores y políticos de todo pelaje, interesados en que el pestilente asunto permanezca en la obscuridad, porque en el mismo va de por medio, en mayor o menor medida, su propio pellejo.
Parte del montaje fue también el desempeño magistral de los fiscales Martha Ramos Castillo, Nelly Magaly Alvarado y Pedro Guevara Pérez en la audiencia de presentación del inculpado.
Actuaron de manera tan verosímil esos agentes ministeriales —fingidamente ofuscados, ensalivándose el índice para rebuscar en pilas de expedientes indescifrables— que hicieron creer a todo el mundo que se trató de un patético caso de incompetencia profesional, cuando en realidad representaron una farsa.
La simulación prosiguió luego con la participación de periodistas amigos del régimen, que perifonearon la especie de que al juez de control Gerardo Moreno García lo chamaqueó la colmilluda defensa de Duarte.
Según esos voceros oficiosos, ignorantes del artículo 20 de la Constitución y el 311 del Código Penal, que obligan a proporcionar sin dilaciones al acusado toda la información necesaria para su defensa, el juez consintió, en forma indebida, adelantar el proceso.
¿Cómo? Mediante la solicitud de información que la PGR no pudo satisfacer y que puso a Duarte ante algo así como El buen fin de la justicia; una rebaja a niveles de remate, de liquidación. El monto de la imputación por lavado de dinero se redujo de 438 millones de pesos a sólo 38.5 millones. ¡Una ganga!
El fingimiento siguió con Miguel Ángel Osorio Chong debatiéndose en sus contradicciones, al pedir a los mexicanos, primero, tener fe en la PGR, y luego apuntar que, en efecto, la aplicación de la ley no es asunto de fe, sino de derecho, voluntad y pruebas.
No nos dejemos engañar. El caso Duarte está más enmarañado que la cabellera de un rastafari desaliñado. Pero, entre las intrincadas rastas, se nota el propósito deliberado de hacer del mismo no un capítulo de sanción ejemplar de la corrupción, demostrativa de voluntad real para combatir la impunidad, sino la tapadera más grande del mundo.
Hacen hasta lo imposible para enturbiar el hecho, quienes por acción o por omisión, son corresponsables de las trapacerías del ex mandatario ahora preso.
En primer lugar, obvio, el Presidente Enrique Peña Nieto, cuya administración procede con lenidad ante los corruptos porque quedó vulnerada y descalificada —moral y políticamente— para ello, desde el surgimiento de escándalos que lo involucraron a él, de manera directa. Desde entonces el Jefe del Estado se halla en la condición del rey del cuento, que va desnudo sin que nadie se atreva a decírselo y, por el contrario, todos en su entorno lisonjean su atuendo.
Tal vulnerabilidad, dicho sea de paso, explica el sostenimiento contra viento y marea de Gerardo Ruiz Esparza, en una actitud que erróneamente se atribuye al estilo personal de gobernar, cuando es apenas resultado del quiero, pero no puedo.
Tampoco busca llegar a fondo Yunes Linares. A despecho de sus baladronadas, aspira a que el caso, por él inflado hasta quedar a punto de reventar, sirva para ocultar sus propias fechorías.
Menos aún desean la aclaración del caso Cervantes Andrade, Arely Gómez, Juan Manuel Portal y otros funcionarios prevaricadores, quienes durante años asumieron una actitud contemplativa frente al saqueo que efectivamente estaba siendo cometido en Veracruz.
¿Aspirará, honradamente, a que el caso Duarte haga eclosión con toda su podredumbre, Enrique Ochoa Reza, cuyo partido fue presunto beneficiario del robo al erario y las diversas expresiones delictivas enseñoreadas en la tierra de Cri-Crí?
¿Pretenderán los funcionarios del SAT y Hacienda llegar hasta las últimas consecuencias, si en el jaleo deberán explicar cómo está eso de que en nuestro país pueden operar decenas de empresas fantasma, sin registro fiscal, en total opacidad, y aun así ser proveedoras de gobiernos estatales, sin que nadie pueda oportunamente descubrirlas?
Cuando este ejemplar de Crónica esté entre las manos de los lectores estará desarrollándose la audiencia judicial para vincular a proceso a Duarte. De seguro entonces se tendrán más indicios de que —tal como lo dijo el propio inculpado— estamos ante un show.
Se comprenderán a cabalidad las razones de las sonrisas, desplantes y hasta desafíos, quien —ya se percibe— no salió de Guatemala para entrar a Guatepeor, sino para quedar, al paso de unos pocos años, en plena libertad para disfrutar de su inconmensurable fortuna.
aureramos@cronica.com.mx
Fuente: Crónica.
















