Por: Diego Valadés.
Hace doscientos años iniciamos el que ha sido un largo camino para constitucionalizar al país. Todavía no alcanzamos la meta. La cuna de nuestro constitucionalismo está en lo que ahora son Guerrero y Michoacán y hay un gran contraste entre lo que sucedía cuando se forjó la esperanza y lo que ocurre donde se sufre la tragedia.
En 1813, en el Congreso de Chilpancingo, José María Morelos presentó uno de los más importantes documentos de nuestra historia constitucional: los Sentimientos de la Nación. Allí proponía, entre otras cosas, “Que como la buena ley es superior a todo hombre, las que dicte nuestro Congreso deben ser tales, que obliguen a constancia y patriotismo, moderen la opulencia y la indigencia, y de tal suerte se aumente el jornal del pobre, que mejore sus costumbres, alejando la ignorancia, la rapiña y el hurto”. Doscientos años después debemos reconocer que estas breves líneas siguen representando un objetivo insatisfecho.
En octubre de 1814 fue promulgada en Apatzingán la primera Constitución mexicana. La originalidad de esta norma consistió en que los revolucionarios decidieron que su movimiento tuviera una base jurídica. Este es un hecho excepcional en las revoluciones del planeta y denota que en el origen de nuestro Estado nacional se tenía una idea precisa acerca del valor del derecho.
Pero las cosas no resultaron conforme al proyecto de los próceres. Durante los 36 primeros años de vida independiente se produjeron alrededor de 50 planes revolucionarios y rigieron cuatro constituciones (1824, 1836, 1843, 1857), una Constitución restaurada (la de 1824, en 1847), dos bases constitucionales (1822 y 1835), un acta constitutiva (1824) y dos cartas otorgadas (1822, 1853).
En esos siete lustros la estructura jurídico-política del país estuvo regida por nueve instrumentos distintos. Las normas adoptadas intentaron diversos modelos de organización y de gobierno: monarquía y república; federalismo y centralismo; democracia y dictadura. Había la ilusión de que las normas bastarían para hacer la felicidad del país. Por diversas causas el esfuerzo resultó infértil porque en ese proceso el país se desangró, se desgarró y se deprimió: se perdieron vidas, territorio y esperanzas.
Las primeras constituciones compartieron dos características: fueron confesionales y rígidas. Conforme a sus disposiciones los mexicanos y sus autoridades tenían la obligación de ser católicos, y todas las normas supremas fueron consideradas intocables por periodos muy amplios. Como resultado de la intolerancia religiosa se dio un pretexto más para la escisión de los territorios del norte, colonizados por protestantes, y como consecuencia de la rigidez que impedía reformar las constituciones, se optó por desconocerlas y sustituirlas. Esa intolerancia y el precario diseño de los ordenamientos constitucionales contribuyeron a fracturar al país y a precipitarlo en la incertidumbre y la violencia.
El constituyente de 1857, el más ilustrado de cuantos hemos tenido, enmendó los yerros precedentes. Suprimió la intolerancia religiosa y adoptó una técnica adecuada de reforma constitucional. En sus sesenta años de vigencia fue modificada en 34 ocasiones; en promedio una reforma por bienio. Lo que no pudo evitar, por diversas razones, fue el establecimiento de la dictadura. La fluidez permitió que esa Constitución subsistiera más de medio siglo y habría tenido una mayor longevidad de no haber sido porque la ausencia de libertades públicas, la asimetría entre los órganos del poder y la inequidad social provocaron la Revolución.
La Constitución de 1917 profundizó la laicización del poder y atendió la cuestión social. También conservó la flexibilidad para su reforma, pero en este caso en 97 años ha sido objeto de 220 decretos de cambio, un promedio de 2.2 por año. Comparada con la de 1857, el ritmo de modificaciones se multiplicó por más de cuatro veces. Merced a la evolución de la carta queretana contamos con un sistema de libertades públicas, pero subsisten las asimetrías en el poder y la inequidad en la sociedad.
Las carencias sociales y la debilidad institucional se traducen en violencia y corrupción, y están produciendo una crisis nacional. A doscientos años de la primera Constitución seguimos sin resolver cuestiones básicas. Por eso es necesario convocar a una reforma profunda de nuestras instituciones. La historia enseña lo que no debemos repetir: aguardar hasta que se produzca una nueva ruptura constitucional.
@dvalades
Fuente: Reforma.
















