Por: GERMÁN DE LA GARZA ESTRADA.
En días pasados, el titular de la SEP, Aurelio Nuño anunció que el gobierno enviaría miles de elementos de la PF para garantizar la realización de la prueba de evaluación de desempeño de los maestros en Oaxaca.
“La Policía Federal empezará a llegar de manera numerosa a Oaxaca,
esta semana se empezarán a ver los contingentes de la policía para poder garantizar la evaluación.” Señaló el secretario.
Por su parte, los dirigentes de la CNTE denunciaron la “creciente militarización y la aplicación de verdaderos operativos policiacos y militares en todos los estados donde hay resistencia”, en palabras de su secretario general, Rubén Núñez y terminaron lanzando la amenaza de boicotear el proceso de evaluación.
Me pregunto si ambos actores han perdido su capacidad de negociación y comienzan a sustituirla por la fuerza directa, la confrontación y la represión. Sabido es de todos que durante los procesos de negociación que acompañaron a la Reforma Educativa hubo brotes de violencia y esto se podría considerar normal si entendemos que dicha reforma cambió la correlación de fuerzas al interior del sistema educativo en México. Sin embargo, lo que hoy es un hecho jurídico es que hay una Reforma Educativa en el país, hay que cumplirla, y la confrontación no es el camino para evitarlo.
México requiere enormes esfuerzos para elevar los niveles de educación de su población. Según los informes presentados en el documento Panorama de la Educación 2015, elaborado por la OCDE, México ha aumentado en la última década las tasas de su matrícula en educación media superior, aunque todavía son bajos. Es necesario apretar el paso.
Es inexplicable la decisión de desplazar a diez mil efectivos de seguridad, con equipo antimotines, tanquetas y granadas de gas lacrimógeno para resguardar el desarrollo de un proceso administrativo que ha sido amenazado con ser boicoteado por los integrantes de la CNTE, también no deja de ser una evaluación de desempeño, un trámite de carácter administrativo.
De la misma forma que es inadmisible violentar y tratar de impedir el proceso, también es inadmisible criminalizarlo. Nuestros maestros no son ni guerrilleros ni narcotraficantes. Son maestros. Como ciudadanos pagamos impuestos y lo menos que podemos esperar del gobierno federal es que haga un uso eficiente de los recursos que recibe para hacer bien su trabajo.
¿Cuánto nos cuesta esta decisión? ¿Cuánto costó la logística, el traslado y la alimentación de diez mil policías federales que fueron desplazados para cuidar ¡a nuestros maestros!? Estoy totalmente de acuerdo que si cualquier ciudadano, sea maestro, ingeniero, orfebre o servidor público, infringe la ley, sea detenido y castigado, como sucedió el pasado sábado en el municipio de Tlalixtac de Cabrera, en donde profesores de la sección 22 de la CNTE derribaron vallas metálicas para intentar boicotear la evaluación de desempeño de los maestros oaxaqueños.
Que sean castigados, sin duda. Pero la pregunta es pertinente, ¿Cuánto cuesta esto? Si consideramos que la Conferencia de la ONU sobre el Clima, a celebrarse en París contará con la presencia de 147 jefes de Estado, y que los organismos de seguridad, hoy bajo fuertes amenazas del terrorismo islámico, destinarán 11 mil, sí, leyó usted bien, tan sólo 11 mil elementos y efectivos de seguridad para cuidar las calles del suburbio parisino de Le Bourget.
La desproporción entre un hecho y otro es incomprensible ¿Verdad? Por eso me pregunto: si para cuidar la evaluación de nuestros maestros era necesario que el gobierno federal enviara a Oaxaca a diez mil policías. Sí, 10 mil ¿No son demasiados?
Fuente: Excélsior.
















