Por: Raúl Contreras Bustamante.
La Teoría de la Constitución enseña que un Estado de derecho es aquél donde se someten por igual al cumplimiento y observancia de la ley los gobernados y gobernantes.
El jurista francés André Hauriou advierte que el riesgo mayor del incumplimiento de las normas está de parte de aquéllos que detentan el poder político; es decir, los poderosos, ya que creen que las normas están diseñadas para dominar a los demás y que sus acciones pueden excepcionarse de cumplir las reglas según su arbitrio.
Lo anterior viene a relación, toda vez que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha tenido que distraer su atención para resolver diversos incidentes por inejecuciones de sentencias de varias autoridades —de distintos niveles— de la Ciudad de México que se niegan a dar cumplimiento a laudos del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, que ordenan la expedición del nombramiento de varios empleados destituidos de manera ilegal y también el pago de prestaciones salariales y aguinaldos.
Al parecer, los casos se remontan desde hace muchos años y, a pesar de que los afectados ganaron los juicios, las autoridades se negaron a obedecer, por lo que tuvieron que interponer juicios de amparos. Y aún más grave, no obstante haberse obtenido la protección de la justicia federal, las resoluciones fueron ignoradas por las autoridades capitalinas.
La Suprema Corte de Justicia pretende recordar a todas las autoridades del país que el cumplimiento de las normas constitucionales no puede estar sujeto a consideraciones arbitrarias ni discrecionales.
Las posibles resoluciones disciplinarias severas serían consecuencia del criterio del máximo Tribunal, que considera intolerable el incumplimiento de los laudos y las sentencias de amparo de parte de cualquier autoridad. Se pueden llegar a imponer por el desacato reiterado de muchos ordenamientos judiciales y la negativa de cumplir con las responsabilidades legales que juraron obedecer y respetar.
La importancia de estas paradigmáticas resoluciones de la Corte radica en que constituyen un serio recordatorio a los gobernantes respecto de la existencia del Estado de derecho y de que la inobservancia de un mandato judicial no debe quedar impune; así como también la importancia de la trascendencia de las sentencias del juicio de amparo que es precisamente la de proteger al débil frente al poderoso; esto se traduce en que la Constitución ordena resguardar a los ciudadanos ante el abuso de autoridad.
Este precedente es de suma envergadura, ya que indica la ruta por la que el país debiera transitar siempre. El gobierno que México merece —y necesita— es un régimen de derecho y no de autoridades prepotentes y arbitrarias.
La preeminencia de estas sentencias no significaría la imposición de un poder sobre otro, sino la primacía de la Constitución y de la ley sobre la voluntad personal, la arbitrariedad y la simulación.
¿Cómo pretende el gobierno exigir a la ciudadanía el cumplimiento de una genuina cultura de la legalidad, cuando las autoridades son las primeras en desacatar el mandato de la ley? El ejercicio del buen gobierno exige predicar con el ejemplo.
Como Corolario, la frase del ilustre jurista mexicano y expresidente, José María Iglesias: “Al margen de la ley, nada; por encima de la ley, nadie”.
Fuente: Excélsior.
















