Por: Fermín Alejandro García.
PUEBLA, PUE.- El titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Luis Videgaray Caso, ordenó una entrega de 500 millones de pesos a fondo perdido al gobierno de Rafael Moreno Valle para ser invertidos en la construcción del Museo Internacional Barroco (MIB), el cual es la obra más cara del actual sexenio,
ya que su costo final será del orden de los 7 mil 280 millones de pesos. Dicha asignación de fondos se hizo con absoluta opacidad, ya que no se autorizó por la Cámara de Diputados y mucho menos aparece en el Presupuesto de Egresos de la Federación.
Tal comportamiento de Videgaray viene a reforzar la versión de que una parte del gabinete federal estaría coludido con los abusos que comete el gobernador Moreno Valle, razón por la cual no existe un contrapeso que frene la represión y la corrupción que emanan del Poder Ejecutivo local. Una muestra de esa relación también es la siguiente:
En estos días muy probablemente el periódico estadounidense The Washington Postpresentará un amplio reportaje del Grupo Higa, el consorcio consentido de Enrique Peña Nieto y que está en el ojo del huracán por ser el que construyó la escandalosa residencia de 80 millones de pesos de Angélica Rivera, la esposa del mandatario federal. En esa investigación se detallaría que dicha compañía es socia de la empresa –de Carlos Hank– que se hará cargo de la construcción del MIB.
Higa es la empresa –propiedad de Juan Armando Hinojosa Cantú– que hizo obras por varios miles de millones de pesos en el estado de México cuando Peña Nieto era gobernador de esa entidad y que estuvo al frente del fallido proyecto del tren rápido México–Querétaro, por un orden de 50 mil millones de pesos, y ahora parece estar extendiendo sus intereses al estado de Puebla, en lo que se interpreta como una concesión del morenovallismo hacia el grupo de poder económico que está cerca del presidente de la República.
Si es verdad esa relación, entonces se entiende por qué desde Los Pinos se permite que en Puebla queden impunes los actos de brutalidad policiaca y el excesivo endeudamiento que está provocando Moreno Valle en el estado.
Dicha relación de entendimiento –entre una parte del gobierno de Peña y Moreno Valle– ya provocó un primer brote de malestar, pues este día habrá de discutirse en la Cámara de Diputados un punto de acuerdo, con carácter de urgente, con el siguiente propósito:
Exigirle a Luis Videgaray Caso que transparente y aclare por que se entregaron a la administración morenovallista los 500 millones de pesos en cuestión, ya que nadie autorizó que se hiciera esa transferencia y no se justificó el destino de ese monto.
Además, se cuestiona en ese punto de acuerdo que al final el dinero público que se entregue al MIB –el cual estará concesionado a un particular por 30 años– acabará únicamente beneficiando al consorcio de empresas privadas que han ejecutado los principales proyectos del gobierno de Puebla y cuyos contratos se han otorgado con absoluta discrecionalidad.
El beneficio hacia esas empresas, tan solo en cuatro obras, es del orden de los 13 mil 480 millones de pesos, que incluye la construcción del MIB, el Centro Integral de Servicios de Angelópolis, las plataformas de Audi y la Rueda de la Fortuna, los cuales son proyectos que se acabarán pagando en mensualidades en periodos que van de los 23 a los 25 años.
Hasta ayer por la noche parecía haber la disposición de diputados del PRD y del PRI, así como de Movimiento Ciudadano, de apoyar el punto de acuerdo, que por supuesto rechazará el PAN. Sobre todo porque la autora de esa petición es la legisladora Roxana Luna Porquillo, quien es la principal opositora a la gestión morenovallista y quien logró que muchos de los abusos del gobernador poblano llegaran al ámbito nacional.
En el texto del punto de acuerdo, que este día deberá publicarse en la GacetaParlamentaria, no se duda de calificar de “apoyo clandestino” el que dio Videgaray a Moreno Valle, para que el segundo de ellos cumpla el capricho de construir un museo que le sirva para apuntalar su imagen pública, sin importar que su costo se le cargue por 3 décadas a los contribuyentes de la entidad.
Una parte esencial del acuerdo que se pide es evitar que se repita la misma historia de abusos como el que cometió la polémica empresa Oceanografía –que defraudó a Banamex– que con total opacidad en los proyectos, contratos y licitaciones, apareció en Puebla –en este sexenio– construyendo la autopista Cuapiaxtla–Cuacnopalan y la planta de tratamiento biológico de Audi.
Fuente: Jornada de Oriente.
















