Por: Karina Álvarez.
México necesita una política educativa basada en evidencia, no en ocurrencias; con evaluación, no con improvisación; con compromiso, no con propaganda
En una de las decisiones más alarmantes del actual gobierno, el Senado aprobó recientemente la desaparición de la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (Mejoredu),
un organismo autónomo creado para garantizar evaluaciones técnicas y pedagógicas del sistema educativo mexicano. Esta medida, impulsada por Morena y sus aliados, representa mucho más que la eliminación de una institución: es el símbolo de un proyecto de gobierno que ha minado sistemáticamente las bases de una política educativa integral y de largo plazo.
Desde el inicio del sexenio de Andrés Manuel López Obrador, la política educativa ha sido objeto de un proceso de desmantelamiento que parece más ideológico que pedagógico. La desaparición de las escuelas de tiempo completo -que beneficiaban a más de 3.6 millones de niñas y niños, especialmente en zonas vulnerables-, dejó a miles de familias sin apoyo para la alimentación y el cuidado de sus hijos durante la jornada laboral. Lo mismo ocurrió con las estancias infantiles que atendían a más de 300 mil niñas y niños y que fueron eliminadas con el argumento de que había corrupción, sin que hasta la fecha existan pruebas concluyentes ni se haya establecido un modelo alternativo que las sustituya con eficacia.
La eliminación de Mejoredu se suma así a una serie de decisiones que han debilitado la estructura institucional del sistema educativo. Al eliminar este organismo, se deja sin un órgano técnico y autónomo la evaluación de la calidad, el desempeño docente y la mejora continua, funciones críticas en cualquier sistema que aspire a brindar educación de calidad. En su lugar, se propone que la SEP asuma estas tareas, lo que rompe con la independencia necesaria para garantizar evaluaciones objetivas, alejadas de criterios políticos.
La 4T prometió poner al pueblo en el centro de las políticas públicas. Sin embargo, la niñez mexicana ha sido una de las grandes perdedoras de este sexenio. Más allá de los libros de texto con orientación ideológica, lo cierto es que las decisiones han afectado la infraestructura, la capacitación docente, la cobertura, la calidad y, sobre todo, la equidad del sistema educativo.
El argumento de la austeridad ha sido constante, pero resulta inadmisible cuando hablamos del futuro del país. Según datos del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), la inversión educativa en México ha caído del 3.3% al 2.8% del PIB entre 2015 y 2023, muy por debajo del 6% recomendado por la UNESCO. Y mientras tanto, las brechas educativas entre regiones y grupos sociales se han acentuado.
El desmantelamiento institucional no es una transformación, es una regresión. No se puede hablar de justicia social si se abandona a la infancia y se condena a las nuevas generaciones a una educación deficiente, sin horizontes claros. Lo que se está eliminando no son solo programas: es la posibilidad de construir un país más justo, informado y con futuro.
México necesita una política educativa basada en evidencia, no en ocurrencias; con evaluación, no con improvisación; con compromiso, no con propaganda. La desaparición de Mejoredu y de los programas que apoyaban a las familias trabajadoras nos recuerdan que no hay Cuarta Transformación posible sin una verdadera revolución educativa.
POR KARINA ÁLVAREZ
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Fuente: HERALDO DE MEXICO.
















