Por: Alejandro Mondragón.
Ahora en el gobierno de Puebla, hay funcionarios que litigan y defienden delincuentes.
Sí, es el colmo de un poder absolutamente corrupto.
El tráfico de influencias a todo lo que da. Lo que tanto criticaron del pasado, lo repiten sin escrúpulo alguno.
Es el caso del director general de Desarrollo Administrativo y Mejora Regulatoria de la Secretaría de Finanzas y Administración, Roberto Jesús Fuentes Manzanilla.
Este burócrata dorado aprovecha el tiempo para litigar —de acuerdo con el proceso penal 301/2014 del juzgado séptimo y del juicio de amparo que se desprende con el número 1258/2014 en el juzgado décimo de distrito— a favor de Enrique Espinosa Pérez, por el delito de robo de celulares.
Además, este ejemplar funcionario morenovallista involucró en este proceso a su subdirectora Ana Lourdes Bárcena Zavala.
Hasta su despacho tiene: Impetro Financial con servicios en México, Guadalajara, Puebla, Monterrey y Querétaro.
Vale subrayar que de acuerdo con la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, en su artículo 50:
“Los servidores públicos para salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que han de observarse en el servicio público, independientemente de las obligaciones específicas que corresponda a su empleo, cargo o comisión, tendrán las siguientes:
Cumplir con la máxima diligencia el servicio que le sea encomendado y abstenerse de cualquier acto u omisión que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique abuso o ejercicio indebido de un empleo, cargo o comisión”.
Se confirma que ahora el gobierno de Puebla defiende presuntos delincuentes con personal que debería estar enfocado a sus responsabilidades públicas, no privadas.
¿Y la subsecretario de Administración, Marina Castro, qué opinará o también llevará su moche?
Nadie por encima de la Ley, excepto el grupo gobernante.
















