Por: Redacción.
El pasado 4 de mayo, Enrique Peña Nieto, Presidente de la República, promulgó en el Palacio Nacional la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Antes de estampar su firma, el Primer Mandatario dijo que con esta nueva norma se cerraban los espacios de opacidad y discrecionalidad, y se abría una nueva etapa de transparencia y rendición de cuentas en el país.
Apenas dos días después, el diario británico The Financial Times –el más influyente para los inversionistas del mundo– publicó un reportaje en el que relató que la corrupción se había convertido en un lugar común en México, al grado que a las empresas locales y multinacionales ya les resultaba indiferente.
“Siempre es difícil hacer negocios con el gobierno […]. Alguien siempre trata de pedirte un soborno”, son algunas de las palabras de un agente de seguros en Monterrey, entrevistado por la la periodista Jude Weber, bajo condición de anonimato.
Ayer, fueron difundidas varias grabaciones de conversaciones telefónicas en las que se escucha cómo Pablo Wallentin, representante de OHL en México, acuerda reservarle y costearle una estancia en el Fairmon Mayakioba, un hotel de lujo en la Riviera Maya, propiedad del consorcio, al Secretario de Comunicaciones del Estado de México, Apolinar Mena Vargas, y a su familia. En otro audio se escucha cómo Wallentin reconoce que la construcotora exageró las previsiones de tráfico de la autopista para obtener un proyecto de construcción.
La difusión de este episodio de corrupción derrumbó las acciones de la constructora tanto en los mercados bursátiles de México como en España.
Ante esta situación, el Presidente Enrique Peña Nieto reiteró en el Foro Económico Mundial sobre América Latina 2015, realizado en Quintana Roo, que la corrupción es un asunto de orden cultural por lo que los gobiernos deben impulsar un cambio estructural de la sociedad.
“¿Este nuevo affair colmó la resistencia de los mexicanos a la corrupción de gran escala?
Los especialistas consultados coinciden en que esa resistencia está colmada hace tiempo, pero la impunidad desplegada desde las mismas instituciones del Estado impiden la aplicación de la justicia. Lo nuevo, afirman, es el “cinismo” con el que actúan los grupos de poder en México –gobiernos, partidos políticos y empresarios–, a los que poco les importa incluso presumir sus abusos de cara a la sociedad.
Ernesto Gómez Magaña, forjador de la iniciativa “Yo contra la corrupción” (#yoco) de la organización Contraloría Ciudadana, respondió que “colmados estamos desde hace mucho tiempo”.
Este experto en Transparencia y Rendición de Cuentas también elaboró la “Testimonioteca”, un proyecto en línea que acumula la experiencia en licitaciones públicas de organizaciones que han fungido como testigos sociales como México Evalúa, el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) y Transparencia Mexicana.
Después de conocer las experiencias, Gómez Magaña expuso: “Frente al cáncer de la corrupción, no ha habido una respuesta consistente y amplia del sector privado. Se distinguen en compromiso social las cámaras de la Industria del Vestido y de la Construcción; pero es muy poco. En general, no se observa que el empresariado esté comprometido con el tema”.
Con este punto de vista coincidió Benjamín Cokelet, director ejecutivo del Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER), quien expuso que gran parte de la corrupción que se vive en este país emana de la relación cercana entre empresarios y funcionarios públicos.
Y en un país como México, en el que 32 personas controlan el 42 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) la corrupción acentúa las diferencias sociales, “captura la toma de decisiones” y sólo beneficia a una pequeña élite.
De acuerdo con Cokelet la corrupción se da principalmente en cinco sectores: el financiero y bancario; el de transporte e infraestructura; el extractivo, en la maquila y maquinaria pesada y en el sector turismo.
El intento fallido
Mientras sale a la luz un nuevo caso de corrupción que involucra a contratistas y funcionarios, en el Senado permanece el dictamen para crear el Sistema Nacional Anticorrupción que busca ser una instancia de coordinación entre las autoridades de todos los órdenes de gobierno competentes en la prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, así como en la fiscalización y control de recursos públicos.
Al referirse a la legislación en cuanto a Transparencia, Rendición de Cuentas y Anticorrupción, Gómez Magaña indicó que el marco legal logrado hasta ahora en el Gobierno peñista plantea nuevas batallas. “Hemos logrado poco. Un Sistema Nacional Anticorrupción no podrá hacer nada en casos como los de OHL en el que se inflan diagnósticos y a cambio se reciben favores”, dijo.
El politólogo Eduardo Huchim May exclamó: “El problema de la corrupción es el problema en este país. La corrupción atraviesa transversalmente toda la cosa pública y parte de la privada. Son bienvenidas las medidas que avalan la transparencia, que es un antídoto. Pero hemos llegado a un grado de podredumbre y cinismo en todos los niveles de gobierno que ya no es tiempo sólo de leyes; sino de acciones concretas”.
Corrupción merma el uso de los recursos públicos
Marco Fernández, profesor e investigador de la Escuela de Gobierno del Tecnológico de Monterrey, destacó que la corrupción, pero principalmente la impunidad que acompaña a la primera en México, erosionan la confianza ciudadana sobre la capacidad de la democracia para poder darle los resultados esperados en términos de bienestar, de acceso a la justicia y de prevalencia del Estado de derecho.
Peor aún, el también investigador asociado de México Evalúa aseguró que la corrupción merma la eficiencia del uso de los recursos económicos en la sociedad, es decir, “en México muchas empresas ya dan por descontado presupuestos que tienen que destinar para pagar mordidas, agilizar trámites de regulación o evitar algún tipo de supervisión por parte de alguna autoridad”.
Cuestionado, el analista sostuvo que cuando la impunidad es la constante en los actos de corrupción y no la excepción, provoca incentivos para que la gente cometa un mayor número de actos de corrupción porque saben que es muy baja la probabilidad de que los descubran y posteriormente los sancionen.
El investigador planteó que si bien la corrupción no es nueva en la administración pública, sorprende el cinismo con que se cometen actos ilícitos en las más altas esferas del poder en México, incluso en el círculo cercano al Presidente Enrique Peña Nieto, y ni las instituciones, ni la oposición política, ni los medios de comunicación y al parecer ni la sociedad misma, exigen que por los menos se investiguen los delitos y se castigue a los responsables.
Fuente: Por Esto.
















