Por: Diego Valadés.
En México los derechos de los menores son derechos menores. Las cifras del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social indican que más de la mitad de los mexicanos menores de edad son pobres. Hay 21.2 millones de menores que viven en situación de pobreza. De éstos, casi 8 millones no tienen servicios de salud,
cerca de 10 viven en condiciones de hacinamiento o en la vía pública, más de 11 sufren graves carencias alimentarias y 5 sufren todos estos problemas a la vez.
En las páginas electrónicas del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática hay unas dedicadas a los menores. Ahí se explica que en 2009 trabajaban tres millones de niños y adolescentes de entre 5 y 17 años, el 47% de los cuales no percibía remuneración alguna, y el 25% ganaba apenas un salario mínimo. En otras palabras, por décadas el Estado mexicano ha consentido el trabajo esclavizado de menores.
Frente a esa realidad, la Constitución dice otra cosa. Para dar respuesta a la pobreza infantil en 1980 se adicionó el artículo 4o. en estos términos: “Es deber de los padres preservar el derecho de los menores a la satisfacción de sus necesidades y a la salud física y mental. La Ley determinará los apoyos a la protección de los menores, a cargo de las instituciones públicas”. A más de treinta años de esa reforma la situación ha empeorado.
Al finalizar la década de los años 70 el problema de la pobreza se discutía con seriedad en México. Entre las obras que alimentaban el debate estaban la de Susan Eckstein, The poverty of Revolution. The State and the urban poor in Mexico (1977); La pobreza, riqueza de los pueblos (1979), de Albert Tévoédjré, con prólogos de Jan Tinbergen y Helder Câmara, y La riqueza de la pobreza (1979) de Enrique González Pedrero. Los estudios de la CEPAL indicaban que la pobreza en México era del 37%, cuyo nivel extremo afectaba al 13% de la población. En ese contexto se propuso y adoptó la reforma constitucional de 1980.
Pero veinte años después había más pobres y, por ende, más niños sufriendo. Otra vez se apeló a la taumaturgia constitucional y desde 2000 el artículo 4o. dice: “Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Los ascendientes, tutores y custodios tienen el deber de preservar estos derechos. El Estado proveerá lo necesario para propiciar el respeto a la dignidad de la niñez y el ejercicio pleno de sus derechos. El Estado otorgará facilidades a los particulares para que coadyuven al cumplimiento de los derechos de la niñez”.
En las reformas de 1980 y de 2000 se introdujo un lenguaje elusivo. Se otorgaron derechos de los menores pero de inmediato se trasladó a los padres el deber de preservarlos. ¿Qué tanto se puede exigir a los adultos que padecen la misma miseria que sus descendientes? La Constitución impone deberes a ascendientes, tutores y custodios que carecen de posibilidades para satisfacer las necesidades propias y de los menores, y atribuye al Estado una responsabilidad subsidiaria que éste tampoco cumple.
Lo que presenciamos en las calles de las grandes ciudades, sobre todo en la de México, en las zonas urbanas marginadas y en las rurales, son cuadros desgarradores ante los cuales muchos optan por la indiferencia. El Estado no debe continuar esa conducta; si lo hace, contraviene las normas que le dan legitimidad.
En tanto no sean adoptadas medidas específicas y eficaces para rescatar a los millones de menores indigentes, y mientras no se proteja de manera adecuada a los que ahora arriban procedentes de Centroamérica, el Estado incumplirá sus propias normas.
El hecho de que los menores no voten hace que hasta la demagogia se olvide de ellos. La miseria infantil no es sólo una cuestión moral; hay un deber jurídico que el Estado ha desatendido por décadas. Los paliativos de la filantropía pública son insuficientes. La parte más débil de la población sufre los efectos de la inequidad. La Constitución no puede ser una ficción ni la pobreza puede seguir siendo obligatoria.
La iniciativa de Ley General sobre niños y adolescentes fue corregida en el Senado, pero aunque incorpora novedades jurídicas y contra la violencia, omite los derechos reproductivos de las menores, cada vez más afectadas por embarazos prematuros. Después de los fracasos de 1980 y 2000 es evidente que la acción contra la pobreza de los menores requiere algo más que una nueva ley.
@dvalades
Fuente: Reforma.
















