Por: RAYMUNDO CANALES DE LA FUENTE.
El acto médico dentro de la medicina organizada nunca es un evento aislado. La persona con un padecer, que no necesariamente una enfermedad, acude frecuentemente a la búsqueda de atención para resolver su problema.
En una sociedad tan compleja como la nuestra es exactamente en ese momento cuando confronta las primeras dificultades.
La pregunta inicial, una vez que tomó la decisión de buscar ayuda, gira en torno al lugar físico en el que le pueden ayudar. Para encontrarlo, necesita sortear una serie de obstáculos, desde comunicativos (entender los mensajes de los diversos centros sanitarios) hasta los inherentes al traslado, que muchas veces resulta difícil y complicado en función de la distancia y accesibilidad del centro sanitario. Con frecuencia debe llamar previamente, ya sea por teléfono o por medios digitales, para cerciorarse de la información, obteniendo los pormenores respecto de los requisitos para obtener atención médica.
Al arribar al centro, en el caso de la medicina pública, debe enfrentar al sistema de vigilancia, de forma tan absurda que casi siempre debe explicarle los motivos para solicitar atención a un policía, cuya función es velar por la seguridad del centro; y que, en el mejor de los casos, escucha atentamente los síntomas o angustias del enfermo, casi como si entendiera, para finalmente dictaminar si le va a permitir el acceso. En caso negativo, la persona queda a la deriva, en la calle, desorientada y sin posibilidad inmediata de ser atendida por algún facultativo.
Cuando el “poli” concede su anuencia, la persona ingresa para explicarle nuevamente todos los motivos que la condujeron hasta ese punto, ahora a una recepcionista, mucho más calificada que el vigilante y quien, seguramente, tomará decisiones mejor fundamentadas, otorgando quizá una cita para algún otro día porque “Hoy ya no tenemos lugar para que el médico evalúe su caso…”.
El día señalado, la persona debe confrontar, primero, al personal del archivo clínico y trabajo social para preparar la apertura del expediente, posterior a lo cual, verá al médico, quien, teóricamente, le brindará las opciones de tratamiento para tener los elementos mínimos necesarios para que el o la paciente decida sobre el tratamiento.
Imaginemos que se trata de una mujer angustiada, buscando atención por un embarazo no programado que desea interrumpir, sin que le cause problema moral porque ella no profesa ninguna religión.
Frente a esta realidad cotidiana, y partiendo de que la objeción de conciencia debe ser una posibilidad inalienable, por supuesto, propongo que lo razonable y racional es que el único personaje que debe manifestar objeción de conciencia respecto de un acto médico o quirúrgico sea el galeno.
Si le otorgamos la posibilidad de ser objetor al policía de la entrada, a la recepcionista, al encargado del archivo clínico, al laboratorista, al camillero, al encargado de la ropería, al capturista de los expedientes, a la enfermera, al personal que esteriliza el instrumental, al personal de intendencia, al de mantenimiento, a quienes se encargan de la orientación vía internet, a los encargados de redes sociales o a cualquier otro empleado de la institución, eso va a redundar, sin lugar a dudas, en un obstáculo infranqueable para que una mujer pueda ejercer su derecho al aborto o algún método de planificación familiar de los también prohibidos por la Iglesia.
Es decir, el médico debe tener la posibilidad real de ejercer su objeción de conciencia, pero sin atropellar el derecho que tiene el paciente para recibir una atención expedita, eficiente, y profesional.
Por supuesto, me declaro por completo a favor del derecho de mis colegas a ser objetores, pero con la condición de que refieran a la solicitante, de forma inmediata, hacia un colega no objetor, igualmente preparado y con plena capacidad.
Además, en el ámbito de la medicina institucional debe mediar una declaración explícita y por escrito para que la autoridad hospitalaria tenga pleno conocimiento de su objeción, así como de los actos respecto de los cuales objeta ese médico, y le permita organizar el hospital de forma que no se atropellen los derechos de nadie. Celebro que la Suprema Corte de Justicia de la Nación lo discuta.
Fuente: Excélsior.
















