Por: RUBÉN ISLAS.
@RubenIslas3
Más allá de la Constitución, el Estado mexicano es totalmente centralizado e ineficiente; a pesar de la transición el Presidente sigue imponiendo sus códigos metalegales a los poderes Legislativo y Judicial, a los inefables órganos autónomos y a unas entidades federativas y municipios que carecen de la capacidad de objetar las decisiones que les afectan. Esta realidad se replica con los gobernadores corruptos en los Estados.
Todo esto a la vista de la sociedad civil y a pesar de la alternancia en el poder federal iniciada en el año 2000, del avance de la pluralidad en los congresos locales, gobiernos estatales y municipales, y que desde 1997 ningún partido político tiene mayoría en el Congreso de la Unión. Seguimos siendo una República folclórica, provinciana.
La razón es que los avances logrados se enfrentan a un diseño institucional de Estado zurcido, signado todavía por la antidemocracia, el autoritarismo, el paternalismo, el corporativismo, el clientelismo esclavista y la construcción de mayorías artificiales, que no aviva estructuralmente la proyección de un auténtico Estado Democrático de Derecho. El principal problema es un presidencialismo político corrupto, donde quien gana obtiene todo el poder del Estado; situación debe ser modificada de fondo, para avanzar hacia una auténtica República. Es indispensable un rediseño institucional ajeno a los intereses particulares de las mafias políticas.
Desde los años 80 del siglo XX, se hegemoniza el modelo de “competencia” económica, en donde los mercados proveen los bienes y servicios con una mínima intervención del Estado y los gobiernos, lo cual implica la intrusión de poderes fácticos que también rigen metalegalmente y que no están sujetos a los debidos controles jurídicos y la rendición de cuentas: la economía se cuates.
Sin duda, el instrumento principal –aunque no único- para que impere el ser centralista sobre el deber ser federalista, es la política hacendaria y fiscal, toda vez que propicia que a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se imponga la temida y dadivosa voluntad presidencial, que implícitamente decide que sí y qué no se debe y pueden hacer estados y municipios. El gobierno federal impone sus reglas y códigos políticos a unas entidades federativas y municipios que carecen de la capacidad política de objetar las decisiones que les afectan. Esta es una realidad que debe ser desterrada por completo.
La reforma ya no del Estado sino de todo el régimen, exige una revisión a fondo de los principios constitucionales que rigen la relación entre los poderes, así como una reinvención tanto de su estructura como de su gestión. Se trata de que las entidades federativas y los municipios tengan mayor autonomía, fortaleciendo las facultades que les permitan gobernarse realmente de manera eficaz, eficiente, transparente y democrática, eliminando así su dependencia política, económica y financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Para avanzar hacia una República federalista realmente representativa, es imprescindible modificar de fondo al sistema político mexicano. Las opciones son continuar con un sistema de mafias políticas que realizan concesiones a la sociedad civil o transitar a una Nueva República donde la clase política esté subordinada a la sociedad civil y al Derecho. Dicha decisión debe asumirse considerando la realidad histórica, la situación actual del país en el entorno global y la necesidad de rescatar la rectoría de la República ante los poderes fácticos. El régimen político está agotado; así fuera innovado, desde la tradición histórica y la cultura política de México, su significante para los mexicanos es que es el del padre todopoderoso que decide por sí y para sí, todo aquello que es trascendente para el país. Es el dueño del poder político real frente a todos. No hay otro camino que su aniquilación para transitar a una auténtica libertad republicana.
Fuente: Sdpnoticias.com
















