Por: RUBÉN ISLAS.
@RubenIslas3
En julio del año 2000, el PAN le arrebató al PRI la Presidencia de la República en las urnas. Las enormes expectativas despertadas por la posibilidad de alternancia al más alto nivel nunca fueron satisfechas, Fox no aniquiló a la nomenclatura, terminó aliado con ella e impulso al PRI a su retorno al poder. Las incumplidas promesas de cambio no hacen más que pensar en una estrategia “gatopardista”, que todo cambie para que todo siga igual o aún peor.
Probablemente, el mejor ejemplo lo constituye la notable continuidad de la política económica iniciada por De la Madrid y aplicada, con esmero, por sus dos sucesores priístas y sus subsecuentes panistas.
¿Por qué los gobiernos panistas de Fox y Calderón se sumaron a la lista?
En el ámbito doméstico, hay que considerar la forma altamente centralizada en que se ha formulado y aplicado la política económica nacional. Una de las principales lecciones del desastroso manejo de las finanzas públicas durante el periodo 1970-82; proteger los programas económicos de influencias políticas. Para ello, se echó mano de la ortodoxia monetaria del personal entrenado en el Banco de México y en la Secretaría de Hacienda. No obstante, factores institucionales, prácticas políticas e inercias burocráticas dificultaron el proyecto trasnacional.
A pesar de la alternancia política del 2000 y 2006, la actitud tanto Vicente Fox como de Felipe Calderón ante la influyente tecnocracia neoliberal del gobierno federal fue esencialmente la misma que la de sus antecesores priistas: respetar su autonomía y gobernar con su apoyo. Al inicio de su administración, Fox designó a Gil Díaz como Secretario de Hacienda y a Santiago Levy, subsecretario de Hacienda con Zedillo, como director del Seguro Social. Asimismo, no sólo confirmó a Guillermo Ortiz como gobernador del Banco de México, sino que promovió su reelección. De Calderón fue clara su predilección por el actor prominente del FMI Agustín Carstens, tanto al frente de la SHCP como del Banco de México y la preparación de Ernesto Cordero para hacerlo después Secretario de Desarrollo Social y de Hacienda, y así tener un sucesor (fallido) en el 2012.
Podemos dar dos lecturas no necesariamente excluyentes. Por un lado, sería difícil negar que la sucesión presidencial del 2000, a pesar de sus profundas implicaciones políticas, tuviera lugar en un contexto de estabilidad financiera y de precios por primera vez desde 1976. Tampoco resultaría sencillo desconocer que esa estabilidad se mantuvo a pesar de los graves problemas económicos que experimentó el País. Estos dos hechos podrían sugerir, que como acontece en las democracias desarrolladas, el curso de la economía ha sido finalmente protegido de los vaivenes y sobresaltos de la política.
Sin embargo, no pueden ignorarse las coincidencias en torno del modelo económico de los gobiernos del PRI y el PAN. Sobre este punto parece claro que las diferencias entre ambos han tenido su origen más bien en la lucha electoral por el poder que en el plano ideológico o técnico económico. Recordemos las “concertacesiones” salinistas y los posteriores apoyos panistas a diversos proyectos gubernamentales. En reciprocidad, la entonces Secretaria General del PRI y después aliada número uno del gobierno de Felipe Calderón, Elba Esther Gordillo, trabajó arduamente a partir del 2000 dentro del que era entonces su partido (el PRI) y tres años después al interior de la Cámara de Diputados para impulsar las todas reformas económicas foxistas.
Dicho personaje contó con el soporte de distinguidos representantes de la tecnocracia neoliberal: Francisco Suárez Dávila (subsecretario de Hacienda con De la Madrid), Francisco Rojas (secretario de la Contraloría de la Federación con De la Madrid y director general de PEMEX con De la Madrid y Salinas), Tomás Ruíz (encargado del SAT con Zedillo y exdirector de la Lotería Nacional) y Roberto Campa (egresado del ITAM, director de la Procuraduría Federal del Consumidor con Zedillo y “brillante candidato del PANAL a la presidencia de la República que obtuvo menos votos que sus correligionarios al senado y a la cámara de diputados).
Dos hechos demuestran la nula experiencia, que en la conducción de los asuntos de la vida pública demostraron los gobiernos de Fox y Calderón; su incapacidad de construir acuerdos programáticos con los otros actores de la vida política nacional, en particular con los partidos Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática, y su voluntaria negligencia en edificar la reforma del Estado. Nunca comprendieron que en las democracias representativas, donde no se tienen las mayorías constitucionales suficientes para imponer el rumbo de nación, es indispensable compartir proyectos, buscar coincidencias y convencer a los otros personajes políticos con quienes no existe compromiso de lealtad partidaria o cuyos proyectos son diametralmente opuestos. En política la regla no es tener la razón, sino compartir las diversas razones para la estabilidad de la razón superior: La sociedad Civil Políticamente Organizada, el Estado.
A pesar de todo lo acontecido en los tres últimos sexenios, la presidencia mantiene control sobre la distribución de los recursos públicos. Aunque ha perdido mucha de su efectividad, al quedar desasociado de otros recursos políticos, ese poder es todavía muy importante y da para manipular con eficiencia las elecciones mediante la política social asistencialista y clientelar. Dada su efectividad, han sido evidentes los esfuerzos por desacreditar a los oponentes políticos utilizando las oxidadas (por su falta de uso) facultades formales o escritas de la presidencia derivadas de la ley. Aunque no se puede negar que el Presidente aún tiene la posibilidad de limitar las opciones que se ofrecerán en la víspera de las elecciones del 2018, son ya muchos los actores políticos y sociales que van, sin duda, a influir en sus resultados. Por tanto, todo intento presente o futuro de Peña Nieto por determinar el rumbo de su sucesión está condenado al fracaso.
Fuente: Sdpnoticias.com
















