Por: Aurelio Ramos Méndez.
Si nos atenemos a lo que vimos y escuchamos por los medios de comunicación, del más modesto al más influyente, durante los dos meses de campaña, los ciudadanos podemos tener los más firmes motivos para suponer que las autoridades electorales se hallan este fin de semana entregándoles constancias de mayoría a no pocos redomados,
peligrosos e irredimibles delincuentes.
Las campañas terminaron como empezaron: como la mayor exposición conocida hasta ahora de políticos carcomidos hasta el tuétano por la corrupción.
No existe, sin embargo, correspondencia alguna entre el alud de acusaciones ventiladas y el número de políticos ya no digamos encarcelados o sujetos a proceso penal, administrativo o al menos disciplinario dentro de los partidos, sino ni siquiera –que se sepa al menos— con investigación abierta por las autoridades correspondientes.
En esta atmósfera de indolencia e impunidad donde los entes encargados de la procuración de justicia pueden actuar de oficio, con dispensa de querella, pero han sido omisos, presuntos delincuentes están a punto de ser investidos con poder y fuero como gobernadores, alcaldes y diputados locales y federales.
Y por esta vía de justicia echada en un camastro roncando bajo sus laureles, ha adquirido carta de naturalización la noción cínica de que en política todo se vale y que las campañas son torneos de acusaciones sin sustento, simple guerra sucia, por bien documentadas que estén las acusaciones o por serios que sean los acusadores.
Si los acusados aun de los más gruesos delitos están fuera del alcance de la ley, los acusadores también se hallan a salvo; ni por error se les sanciona así sea sólo exhibiéndolos como calumniadores y mitómanos.
Tal vez por esta triste realidad de justicia ausente los organismos electorales —en particular el de Nuevo León— avalaron la penitenciaria costumbre de poner alias y consintieron la inscripción en las boletas de los apodos de candidatos: El Bronco, La Colcha, El Pomelo, El Titín, El Bigotón… Como cualquier acta ministerial referente a un cártel del narco, una pandilla de ladrones o una banda de robacoches.
Por lo visto los ciudadanos no sabremos nunca si Carlos Mendoza Davis y Pancho Domínguez recibieron de El Kors financiamiento archimillonario e ilegal para sus campañas, o si Javier Gándara ha forjado una fortuna tan incalculable como oculta y oscura en su origen.
Tampoco sabremos si Luisa María Calderón, Cocoa, se reunió para negociar quien sabe qué con La Tuta; si Silvano Aureoles ha sido gestor de parientes impresentables, si Chon Orihuela tiene una colosal fortuna vinculada al narco, o si su acusador, Carlos Navarrete, ha sido mínimamente reprendido por mentiroso.
Para no hablar de Jaime Rodríguez, El Bronco, priista metamorfoseado en independiente –¿Qué tiene de independiente un político que ha llevado tatuado durante 33 años su signo de identidad partidista?—, a quien en campaña le fue atribuida una inmensa riqueza amasada al amparo del poder público.
Y para no hablar, tampoco, del inminente alcalde de Guadalajara Enrique Alfaro, presunto artífice –mientras las autoridades no nos digan lo contrario— desde puestos públicos y a base de todas las formas de corrupción, de un imperio económico personal y familiar.
Para disipar la extendida percepción de inmoralidad derivada de las campañas, es indispensable que al proceso electoral sucedan procesos judiciales, encarcelamientos, sanciones administrativas, amonestaciones políticas. Nada de eso, ¡lástima!, se ve en el horizonte.
El proceso electoral ha dejado la amarga sensación de que delincuentes están llegando al poder; pero también una enseñanza que conviene no olvidar: la certeza de que un político pobre puede no ser un pobre político, porque está demostrado que es factible hacer política con poco dinero. Lo demostraron los candidatos dizque independientes.
El dinero ha pervertido a los partidos. Lo mismo el que se les asigna como regio financiamiento público, que el privado que reciben vía donativos, más o menos regulado por la ley. Recursos pretendidamente limpios o descaradamente sucios.
Pedro Kumamoto, el único de los independientes digno de esta denominación, gastó menos de 250 mil pesos en su candidatura. La cuarta o quinta parte de lo que erogaron otros abanderados.
Los candidatos triunfantes a jefes delegacionales de Morena gastaron la décima parte de lo que otros aspirantes a los mismos puestos.
Las maquinarias de los partidos están convertidas en insaciables monstruos traga-dinero. Es así, entre otras cosas, porque ya casi nadie hace talacha política pegando carteles, gastando suelas, tocando puertas, hablando con la gente en la plaza pública, los parques, plazas y jardines. Domina la preferencia por la propaganda en empresas de televisión cebadas con oro y todo es trabajo político regiamente remunerado.
Jaime Rodríguez ganó con relativamente poco dinero. Y lo propio hizo su ex secretario particular, César Valdés. También invirtió poco ese panista irredento que en el apellido lleva la militancia, Manuel Clouthier. Y el ex panista Alfonso Martínez, en Morelia.
O sea, sí se puede.
Esta posibilidad de baja inversión en la política es algo que deberemos tener presente cuando se discuta el próximo presupuesto de los partidos políticos. Un gasto que este año alcanzó la astronómica cifra de ¡5 mil 200 millones de pesos! Más el gasto del INE, excesivo por donde se mire.
Las elecciones del domingo 7 pueden marcar el inicio del fin de la democracia más cara del mundo.
aureramos@cronica.com.mx
Fuente: Crónica.
















