Por: RUTH RODRÍGUEZ.
¿Una mujer que es violada tiene el derecho a que se le practique un aborto? ¿Las autoridades sanitarias, los directivos de los hospitales públicos se pueden negar a ayudarle a practicar el aborto? Parecerían preguntas ya resueltas hace mucho, pero que tuvieron que llegar hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación para obtener una respuesta definitiva.
Recientemente, en menos de un mes, en dos casos, uno del Hospital General de Cuernavaca Dr. José G. Parres y otro en el Hospital General Dr. Aurelio Valdivieso
—de Oaxaca—, la Suprema Corte de Justicia de la Nación dio respuesta a estas interrogantes y protegió a las mujeres que se encuentran en esta situación.
Pero que algo muy, pero muy grave debe estar pasando en nuestra sociedad cuando mujeres que fueron violadas tienen que acudir a un juicio (adicional al que tienen que enfrentar con sus agresores) y llegar hasta la máxima autoridad judicial para que sus derechos se les respeten y para que otras mujeres en condiciones similares no vuelvan a pasar por esto.
Los ministros de la Segunda Sala dejaron en claro que las autoridades sanitarias del país tienen el deber de garantizar los derechos que tiene una mujer como víctima de una violación sexual, entre ellos el de conseguir la interrupción legal del embarazo de manera inmediata, lo que implica calificar de urgentes dichos casos, debiendo priorizar su atención para evitar que las consecuencias físicas y sicológicas se sigan desplegando en el tiempo.
Lo sorprendente es que los ministros dejaron en claro y protegieron algo que las autoridades sanitarias deberían tener muy presente desde hace muchos años.
Porque desde 2005 existe una Norma Oficial Mexicana que regula el tema. Acorde con dicha norma, la NOM-046-SSA2-2005 (reformada mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 24 de marzo de 2016), al recibir la solicitud de interrupción de un embarazo producto de una violación sexual, bajo protesta de decir verdad, las instituciones públicas de salud deberán practicar el aborto. No pueden negar ese servicio.
Las autoridades sanitarias no pueden sumar otra violación, la de sus derechos, a la violación sexual. Simplemente, no pueden registrarse más casos de este tipo ni organizaciones como GIRE tendrían que estar litigando para evitar que esto siga ocurriendo, si las autoridades sanitarias simplemente cumplieran lo que dice la norma.
ABATELENGUAS
Lo ocurrido a Mitzi Ramírez Jiménez, una joven de 28 años de edad, quien perdió a su bebé dentro del vientre pese a que durante los cinco días que estuvo internada para su parto pidió que se le practicara una cesárea en el Hospital de Gineco Obstetricia No. 3 de La Raza del IMSS, no debería pasarle a nadie. Lamentablemente, este tipo de casos se repiten en las unidades médicas del Instituto.
Lo sorprendente en este caso es que gracias al video que circuló en redes, de la familia protestando por el actuar de los médicos, el director general del IMSS, Miguel Tuffic, decidió separar de sus cargos a cuatro funcionarios de alto nivel de este hospital: al director médico, al coordinador médico del turno nocturno, al jefe de la División de Obstetricia y a la Jefa del Departamento Clínico de Perinatología. Bien por Tuffic. Qué mal que no pase lo mismo cuando no hay videos en las redes de por medio.
BAJO EL MICROSCOPIO
Uno de los pendientes que dejará el sexenio del presidente Enrique Peña Nietoserá la instalación de 36 mil 443 bebederos en las escuelas públicas del país, pues sólo se han instalado diez mil.
Y de esos hay quejas en el sentido de que los beneficiados no han sido los planteles más necesitados debido a que los bebederos se han colocado en las escuelas que tienen una red de agua constante y han aprobado una doble prueba de calidad, por lo que los niños de las escuelas más pobres son quienes quedarán pendientes para el próximo sexenio.
Fuente: Excélsior.
















