Por: JOEL SÁNCHEZ RODRÍGUEZ.
@joelsanradarjue
Denunciar la existencia de un complejo sistema de corruptelas a la hora de bajar presupuesto federal hacia los municipios tampoco es algo nuevo
A través de la Asociación de Autoridades Locales de México, A.C. (AALMAC), que agrupa a presidentes municipales del Partido de la Revolución Democrática (PRD),
alcaldes y ex-alcaldes de diferentes regiones de la entidad denunciaron las prácticas de “extorsión” de las que son víctimas los ayuntamientos, por parte de diputados federales, quienes a través de “gestores” ofrecen etiquetar recursos para obras en sus respectivos municipios, a cambio de una comisión del 10 por ciento.
La práctica de exigirles el “diezmo” fue confirmada por el hidalguense Ricardo Baptista González, quien –dejó de ser autoridad local hace 13 años- y preside la AALMAC, pues fue presidente municipal de Tula de Allende en el trienio 1997-2000. Él, señala que la práctica de los “gestores” no es nueva y además precisó estos son de todos los partidos políticos.
Lamentablemente la AALMAC no dio nombres ni de diputados ni de alcaldes que hayan participado en este mecanismo de otorgar y recibir recursos federales a cambio de una mochada.
Lo que sí, es que algunos medios de comunicación han documentado señalamientos directos en contra de Luis Alberto Villarreal García, coordinador de los diputados federales del PAN, a quien se acusa de cobrar diezmo a través de sus gestores, pero además de imponerles a los presidentes municipales como condición, el realizar las obras contratando a la constructora que él les indique.
En una actitud fácil de comprender por el fuero que lo protege y la impunidad que impera en México, el diputado Luis Alberto Villarreal solo respondió a los señalamientos que “las puertas de los ministerioS públicos están muy amplias” para que acudan a denunciar quienes tengan pruebas, lo que para muchos es una respuesta que solo confirma el cinismo de quien se sabe impune, intocable y seguro, pues hasta donde se sabe, quien incurre en un acto de corrupción como los que se le imputan, no otorga ni recibos de honorarios ni facturas por ello.
Otro de los señalados es Ricardo Villarreal García, hermano del coordinador de los legisladores panistas y también diputado, por lo tanto igualmente impune.
Dos ex-alcaldes, Manuel Martínez Garrigos y José Luis Gutiérrez Cureño, de Cuernavaca, Morelos y Ecatepec, Estado de México, respectivamente; han revelado que en el gobierno de Felipe Calderón, también a ellos les pedían diezmo, pero para acceder a los recursos del Subsidio para la Seguridad Municipal (SUBSEMUN) y hasta les indicaban con qué empresas comprar y contratar.
Denunciar la existencia de un complejo sistema de corruptelas a la hora de bajar presupuesto federal hacia los municipios tampoco es algo nuevo; en el 2010 al entonces vicecoordinador de los diputados panistas Roberto Gil Zuarth, se le acusó de beneficiarse de la asignación de recursos del Fondo de Pavimentación y Espacios Deportivos para Municipios (FOPAM) del que pedía su diezmo; pese a los señalamientos tan no pasó nada, que el acusado actualmente es Senador.
El hecho de algunas de las imputaciones actuales en las que sí se señalan nombres, sean solo contra diputados del PAN, pudiera hacer pensar que los panistas están reciclando internamente prácticas de guerra sucia con miras a la renovación de su dirigencia nacional; pero no por ello debe desestimarse que la AALMAC afirma que en esa modalidad de “extorsión” que es el pedir diezmo, participan legisladores de todos los partidos y que nadie se salva.
Algunos despistados exigen que la Secretaría de Hacienda investigue, pero ésta no es Ministerio Público y no le corresponde esa función, pero en cambio envió cartas a los presidentes municipales para decirles que no acepten gestores, lo que de poco servirá, pero ya representa un aviso.
Pero eso sí, se debe investigar a los diputados corruptos y exhibirlos públicamente, al menos de eso no los protege su impunidad.
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Fuente: sdpnoticias.com
















