Por: José Sosa.
El concepto de gobernanza ha adquirido una presencia y popularidad inusitadas. Pero, ¿sabemos exactamente a qué se refieren partidos, académicos y políticos cuando lo usan en sus discursos, ponencias y propuestas? Siguiendo a Luis F. Aguilar, la evolución de las administraciones públicas mexicanas bien puede ser considerada heredera y producto directo de la plena vigencia del paradigma de la gobernanza o nueva gobernanza.
Hablar de gobernanza al momento de completarse el tercer quinquenio del nuevo milenio constituye, sin duda, un ejercicio complejo y desafiante por varias razones. Se trata, en primer término, de un tema de amplio interés intelectual y académico, asociado estrechamente a las grandes discusiones contemporáneas sobre el Estado, la democracia, la legalidad, la ética pública, la gestión pública, y hasta el desarrollo económico.
La gobernanza está conformando, por decirlo de alguna manera, un espacio de reflexión y una postura de análisis que ha aportado claridad a ciertas ideas y conceptos que, en el mejor de los casos, se consideraban cuestiones asentadas que no requerían de mayor discusión. Esta idea puede ilustrarse de forma simple con las contribuciones que, desde la gobernanza, han recibido los conceptos decimonónicos de democracia, de buen gobierno y de derechos individuales.
En estos casos, y a la luz de los problemas que el progreso de las sociedades fue generando a lo largo de todo el Siglo XX, la idea de que el gobierno tiene que ser accesible y rendir cuentas por sus actos y decisiones, amplió significativamente la noción de lo que tendría que ser un gobierno socialmente responsable y respetuoso de las garantías fundamentales.
Se ha convenido así que un gobierno legítimo no puede ser solamente aquel que aplica la ley, o el que respeta en sentido abstracto los derechos de los ciudadanos. Se requiere que las evidencias que continuamente aparecen respecto a las desviaciones y fallas en que incurren programas y funcionarios, sean conocidas para ser denunciadas y corregidas.
En segundo lugar, la gobernanza ha adquirido en poco tiempo una presencia fundamental en todo lo que tiene que ver con el entramado jurídico que norma el Estado contemporáneo. Su incidencia es clara y verificable en prácticamente todos los niveles de referencia, comenzando por las mismas normas constitucionales. La mayoría de los países latinoamericanos han adoptado e incluido en sus constituciones una definición relativa a la responsabilidad de ser abiertos a los ciudadanos y aplicar los principios de buen gobierno.
Y esto ocurre por igual en regímenes de tipo unitario, como en aquellos de estructura o inspiración federalista. Con ello, se perfila ya uno de los primeros rasgos que caracterizan a la era de la gobernanza: se trata de principios y valores que involucran, principal pero no únicamente, a los órganos públicos, a las instancias de gobierno.
En tercer lugar, la gobernanza es un asunto que condiciona y afecta los procesos de trabajo al interior de las organizaciones gubernamentales. No se trata solamente de unas cuantas normas o procedimientos adicionales que cumplir, o de requerimientos ocasionales, provocados por la curiosidad de los ciudadanos.
La gobernanza, al igual que los conceptos concomitantes de transparencia y rendición de cuentas, ha sido adoptada ya como principio central de gestión y de desempeño para las dependencias gubernamentales y para los servidores públicos. Por tal razón, incide en la conducta de los empleados del gobierno, por las cuestiones ético-valorativas que impulsa su aplicación. De ahí que resulte fundamental que cualquier servidor público conozca y entienda a cabalidad las implicaciones de la vigencia y uso permanente de los principios que emanan de la gobernanza.
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Fuente: crónica.
















