Por: Vicente Bello.
Ley de Seguridad Interior -aprobada a matacaballo en diciembre por el PRI, PVEM, Panal y los panistas ujieres de Felipe Calderón- está emplazada a su anulación a partir de que diputados, senadores, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y algunos ayuntamientos presentaron demandas por separado ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que ésta interprete la ley y la declare inconstitucional.
Los magistrados de la nación están llamados a cubrirse de gloria o a traspasar la puerta del infierno, según el fallo que vayan a hacer en torno de esta ley que, para muchos de quienes la cuestionan, es la peor de las leyes que han sido aprobadas por el Congreso mexicano.
Basta tener dos dedos de sentido común para que cualesquier ciudadano llegue a la conclusión de que dicha ley es una absoluta contradicción con la Constitución General de los Estados Unidos Mexicanos, tanto en su Espíritu como en su texto literal.
Claramente cualquier ciudadano, sin necesidad de ser un constitucionalista o un avezado en las lides del mundillo legislativo, puede comprobar que la ley de marras con la que Enrique Peña Nieto está pretendiendo empoderar a los militares por sobre todas las instituciones de la República, viola flagrantemente artículos como el 21, 89 y 129 constitucionales, en los que habla de que en tiempos de paz los soldados y marinos “no podrán realizar más tareas que las relacionadas con la disciplina militar”.
Tales artículos dejan claro que son las autoridades civiles las que tendrán sobre las fuerzas militares la preeminencia en todo lo que concierna a combatir al crimen organizado.
En contra partida, la Ley de Seguridad Interior pretende facultar al Ejército y a la Marina de una autoridad que sobrepasará a prácticamente todo el andamiaje de instituciones dedicadas a la seguridad nacional, a la seguridad pública y a la defensoría de los derechos humanos.
Esta ley ha empoderado de tal modo a soldados y marinos que instituciones como el INAI, INE y CNDH deberán coadyuvar con los militares mediante la entrega de información requerida por éstos.
Estas tres instituciones, particularmente, se estarían convirtiendo en una suerte de espías al servicio de las secretarías de Marina y de la Defensa Nacional. Se convertirían en departamentos para la delación y entrega de los ciudadanos.
Un régimen militar de excepción, es el que mandata la Ley de Seguridad Interior que sea instaurado en México. Pero esto no se puede hacer con una ley secundaria, sale al paso de esta ley el senador Manuel Bartlett Díaz. Y agrega que por fuerza tendría que ser reformada la
Constitución.
A la Constitución no la han querido tocar, para este tema, porque resulta que por la cercanía de las elecciones de 2018 el PRI y el Pvem no tendrían el respaldo del PAN para alcanzar la votación aprobatoria de los dos tercios, que en el caso del Senado tendrían que ser un mínimo de 96 sufragios y en la Cámara de Diputados un mínimo de 334.
Para esta ley proditoria, con trabajos el PRI obtuvo 75 en el Senado y 262 en la Cámara de Diputados. Suficientes, sin embargo, para la aprobación de esta ley
secundaria.
Si México no estuviera en la antesala de una elección presidencial, al PRI entonces otro gallo le cantaría y es de presumir que sin dificultades tendría de su lado al Partido Nacional Nacional, y se estarían dando el lujo de reformar todos los artículos de la Constitución suficientes para instaurar eso que opositores han estado diciendo: un régimen militar de excepción, o una dictadura.
La historia legislativa del PRI, PVEM y PAN es de gemelos. Se aliaron sin ambages para destruir al campo en 1996, cuando derivado de la firma del Tratado de Libre Comercio con Canadá y Estados Unidos (julio de 1993), fue desaparecida la Conasupo y fueron desaparecidos los precios de garantía de alimentos básicos como el maíz
y el frijol.
El 12 de diciembre de 1998 –día de la Virgen de Guadalupe- esos mismos tres partidos políticos se unieron para rescatar a los bancos transfigurando una deuda de particulares en deuda pública, desapareciendo el Fobaproa y sustituyéndolo con el IPAB. Un rescate que ha representado uno de los más grandes atracos cometidos al pueblo de México por su clase gobernante.
En agosto de 2014, el PRI, PVEM y PAN se unieron para abrir la puerta de la energía nacional a las trasnacionales petroleras cuyas abuelas habían sido expulsadas del país con la expropiación en 1938 de Lázaro
Cárdenas.
En octubre de 2016, otra vez el PRI, PVEM y PAN –a los que se les incorporaron membretes como el del PRD, MC, PES y Panal- dieron un espaldarazo de marca mayor al presidente Enrique Peña Nieto, cuando aprobaron en la Ley de Ingresos para su ejercicio en 2017 un incremento sádico de las gasolinas y el diésel.
De 14 pesos el litro, en 2017 las gasolineras se dispararon a los 18.40 pesos. Y un año después, ya con los precios totalmente liberados (enero de 2018), el precio más grande de las gasolinas está rozando el lindero de los 19 pesos
un litro.
Esos mismos tres partidos, a los que sin rubor se les incorporó el otrora opositor PRD, han sido unos infames alcahuetes del régimen, que tiene estos días los precios del gas y la electricidad virtualmente por las nubes.
Con la Ley de Seguridad Interior, juran los opositores que así es, pretende cinchar a un convulsionado país con el cinturón de las fuerzas armadas. Veremos qué decide
la Corte.
Fuente: Zócalo de Saltillo.
















