Por: Jaime Rivera Velázquez*.
En el 2000, la Presidencia de la República todopoderosa desapareció y el poder del Estado se distribuyó en una constelación institucional de pesos y contrapesos, característicos del régimen democrático
El presidente López Obrador y algunos de los voceros de su partido hablan con insistencia de que, con las elecciones de 2018, no sólo se cambió al gobierno,
sino que se produjo también un cambio de régimen. Si se entiende por régimen político el conjunto de reglas e instituciones que regulan la lucha por el poder y su ejercicio, así como los valores y prácticas políticas que las animan, aún es prematuro hablar de un cambio de régimen en general. Hay cambios, pero al mismo tiempo subsiste la mayor parte de las instituciones del Estado construidas en las últimas décadas.
Hasta ahora, los cambios más visibles y constatables en el régimen político son tres: 1) la representación en el Poder Legislativo, que, por primera vez en más de 20 años, tiene una mayoría coincidente con el partido del Presidente de la República; 2) la reconfiguración del sistema de partidos, que coloca a Morena como la primera fuerza política, y al PAN y al PRI en posiciones distantes y débiles; 3) el resurgimiento de una presidencia fuerte, protagonista y notoriamente personalizada. Pero el resto de los componentes del régimen siguen sin cambios profundos, y habrá que ver con el tiempo en qué sentido evolucionan.
La pregunta pertinente es: ¿qué clase de cambio de régimen pretende el nuevo gobierno? Y, para darle contexto a esa interrogante, hay que preguntar también: ¿qué clase de régimen ha existido recientemente? Puede decirse que a partir de 1997 se produjo un cambio de régimen político. El PRI, hasta entonces partido hegemónico, perdió la mayoría en la Cámara de Diputados; el PRD ganó por vez primera el gobierno del Distrito Federal y el PAN aumentó sus gobiernos locales; el IFE amplió su autonomía y se consolidó como garante de las elecciones libres y equitativas; los gobernadores de los estados obtuvieron más recursos financieros y mayor autonomía política. Además, desde 1994 el Banco de México obtuvo autonomía plena y el Poder Judicial gozó de una independencia que por muchos años le había sido conculcada. En el 2000 se produjo la primera alternancia presidencial. En ese nuevo contexto, se crearon varios organismos constitucionales autónomos con competencias especializadas que cambiaron sustancialmente el funcionamiento del Estado mexicano. En pocas palabras, la Presidencia de la República todopoderosa desapareció y el poder del Estado se distribuyó en una constelación institucional de pesos y contrapesos, característicos del régimen democrático.
Es innegable que el régimen democrático mexicano no ha cumplido con todas las expectativas que despertó. La persistencia de una pobreza lacerante, la explosión de inseguridad, la corrupción extendida en todos los niveles de gobierno y los altos niveles de impunidad sembraron en la sociedad un desencanto y una inconformidad que se expresó contundentemente en las elecciones de 2018. La inconformidad y los deseos de cambio se expresaron por vía democrática y, seguramente, con el deseo de fortalecer la democracia. Pero el discurso oficial machacón, de que todo el pasado reciente estuvo mal y podrido, alienta pulsiones destructivas que amenazan al entramado institucional edificado durante la transición democrática. Por eso vale la pena preguntar: ¿qué clase de cambio de régimen se busca? ¿Uno que profundice la democracia u otro que restaure el régimen presidencialista anterior a 1997?
Fuente: Excélsior.
















