Por: Vicente Bello.
El viernes 12 de mayo seguía la puja del Gobierno federal por el regreso legislativo de la Ley de Seguridad Interior, que los opositores juzgan que no será otra cosa que la militarización del país.
La presidencia de la República se servía ahora de los encargados de dos de sus despachos: El secretario de la Defensa y el secretario de Hacienda, para justificar la Ley de Seguridad Interior con los hechos de Palmaritos, Puebla.
En tanto José Antonio Meade decía que “no basta con reconocer el dolor de nuestras fuerzas armadas, (sino que) es necesario que esa expresión de solidaridad se acompañe de compromisos, y no se les regatee la actualización del marco normativo”…, a su vez, el titular de la Defensa, Rafael Cienfuegos, decía que “tenemos tres sexenios diciéndolo”, cuando un reportero le preguntó su opinión sobre la tardanza en la aprobación de la Ley de Seguridad Interior.
Los dos hombres del Presidente inauguraron en Tijuana una sucursal del Banjército. Allí, Meade reiteraba que “quien regatee su apoyo para actualizar el marco normativo de las fuerzas armas, es cómplice de quienes nos saquean”.
Aludía Meade al suceso de Palmaritos, Puebla, como también de ese hecho habló Cienfuegos, cuando dijo: “(En Palmaritos, el 3 de mayo) sí hubo omisiones de algunas autoridades”. Y aseguraba que respetará las conclusiones de las investigaciones” de un caso donde, mediante múltiples videos, se observa cómo un civil sometido erradamente mata por la espalda a un soldado en un descuido, y luego otro soldado va y mata a un civil que permanecía rendido, en el suelo.
Palmaritos, según la óptica del Gobierno, justifica la aprobación de la Ley de Seguridad Interior para que los militares “se puedan defender mejor y no los maten”, tal es el razonamiento prevaleciente en cuanta declaración surge de voces oficialistas.
Pero también, desde que apareció en noviembre de 2016 la iniciativa de Ley de Seguridad Interior en el Senado, los opositores advirtieron a la población que dicha ley es la pretensión infame de convertir al país en un caldo gigantesco de autoritarismo y abusos, en el que los militares podrían entonces ejecutar, matar, pasarse de listos cada que quisieran y sin tener que rendir cuentas a nadie.
Por eso les urgiría ahora aprobarla; para no tener que ser sujetados a escrutinio judicial cuando se sepa que ejecutaron a civiles como se observa que uno de ellos ejecutó a un civil ya rendido en Palmaritos, cuyos padres salieron al día siguiente a asegurar que no era un ladrón ni un criminal sino un campesino.
Y si lo era, un criminal, o incluso el que mató al soldado aquel, según otro de los videos, entonces lo que tenía que haber hecho el representante del Estado mexicano es someterlo totalmente y entregarlo a las autoridades para afincarle el juicio correspondiente.
Pero Palmaritos y la Ley de Seguridad Interior ya habían sido tocados desde el martes, cuando la Comisión Permanente emitió opiniones, encaminadas a abrir camino, a opiniones como las de Meade y Cienfuegos:
He aquí Jesús Zambrano, del PRD: “Yo me pregunto y me digo: ¿Es necesario endurecer las penas por el robo de hidrocarburos, como lo hemos planteado nosotros en iniciativas y en minutas que ya están en el Senado? Sí, por supuesto que sí.
Y la décima primera oradora, y última, la senadora Graciela Ortiz González, del PRI: “¿Qué significa esto? Significa, entonces, que el tema debe de ser visto, como bien se dijo aquí, con una integralidad que permita su mejor atención, su mayor atención y una eficacia mayor de la que hasta ahora hemos revisado.
“… Está, incluso, presentada ante el Senado de la República una iniciativa que se promovió para llevar a cabo la aprobación de una Ley Federal para Prevenir y Sancionar los delitos cometidos en materia de hidrocarburos.
“Esta iniciativa fue presentada por nuestro entonces compañero Senador, Omar Fayad, hoy gobernador del estado de Hidalgo, y cuando fue presentada ya en el grupo parlamentario del PRI, avizorábamos que era un tema que teníamos que afrontar para darles los instrumentos y la legislación jurídica necesaria al Estado mexicano para enfrentarlo de mejor manera.
“Se buscaba en esa legislación fortalecer ese andamiaje jurídico institucional necesario para prevenir, para combatir, para erradicar el mercado ilícito de combustibles, al verlo de manera integral.
“Pero entre otras cosas, (Pemex) está buscando esta integralidad en la atención al fortalecer la coordinación y la colaboración con la PGR, con la Procuraduría Federal del Consumidor, con el SAT, con el Sistema Tributario, con la Policía Federal, con las policías estatales y municipales, así como la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina, y esto ha permitido ya el recuperar 13 millones de litros de hidrocarburos en 2016.
“Totalmente de acuerdo en la necesidad de que veamos este tema con una integralidad y una profundidad mayor, para que podamos juntos en acuerdo y en concordancia con la preocupación que hoy tenemos, trabajar nuevamente como legisladores, y desde luego, como Estado mexicano”.
Desde entonces, ya el gobierno federal hablaba de Ley de Seguridad Interior; pero soslayando la ejecución y haciendo énfasis en el militar asesinado, a través de voces afines.
Aquel error brutal del soldado, que daba la espalda a un sicario aparentemente sometido pero sin antes haberlo desarmado, ahora figura como una justificación central para insistir en la aprobación de una ley que, dicen los opositores, pondría al país en los acantilados de la militarización de México.
Fuente: Zócalo de Saltillo.
















