Por: Vicente Bello.
El jueves 11 próximo, cuando la CNTE entregue los resolutivos del Foro sobre la reforma educativa, entonces el Congreso quedará emplazado a responder si va por la modificación de la reforma constitucional que construyó a matacaballo en diciembre de 2012 –y, leyes secundarias, en agosto de 2013-, o si acepta la derogación, como la piden los profesores disidentes,
por ser una “ley injusta”. O si, de plano, el Poder Legislativo opta por seguir haciéndole al tiololo y mete el tema a la “congeladora”.
El debate por la modificación, derogación o congelamiento de la nueva reforma educativa va mucho más allá del simple proceso legislativo.
No se sabe ahora qué propondrán los profesores disidentes, mediante sus resolutivos, pero el hecho mismo de que vuelva este tema a los territorios del Congreso –a contrapelo del Ejecutivo y del Legislativo, y empujado por la briosa reacción del magisterio, que ha sido respaldado por amplias franjas de la población- ya implica que se tenga que hablar de condiciones inéditas y también de grandes debates pendientes, como el de las leyes injustas.
Hasta donde se sabe, los profesores han afincado su exigencia de derogación de la ley en el hecho de que esta es una ley terriblemente injusta, y mentirosa, que nunca debió haber sido aprobada por el Congreso, porque fue forjada para matar dos derechos fundamentales que la Constitución de 1917 prohijó: El derecho social y el derecho laboral. Con un claro beneficiario: Quienes harán los negocios que implicará esta privatización soterrada de la educación pública
en México.
La derogación de una ley, con el argumento de que es injusta, ya provocó reacciones, como la de Andrés Manuel López Obrador, quien a pesar de que dice que apoya al magisterio se ha pronunciado por solamente modificarla, sin llegar a su abrogación.
El Pejelagarto no ofreció una explicación amplia, y solo dijo en una entrevista radiofónica que “no se puede derogar la reforma educativa; sería la claudicación del Gobierno y no le conviene a nadie. Tiene que haber autoridad”. Y remachaba: “Hay que revisarla en un periodo extraordinario antes del 1 de septiembre”.
No hizo mayor abundamiento López Obrador en su propuesta, pero por supuesto cayó como balde helado sobre los maestros.
De inmediato, los profesores disidentes reiteraron su propuesta de origen: “La mal llamada reforma educativa debe ser abrogada, porque es una ley injusta”. Y tampoco hicieron mayor argumentación sobre el por qué tendría que ser abrogada; es decir, anulada en su totalidad.
En la propuesta que presenten los profesores el jueves 11, tendría que argumentarse ampliamente por qué piensan que hay que anularla totalmente. De hecho, este sería uno de los puntos medulares de la reforma educativa.
Si piensan los profesores insistir en la abrogación, sin duda van a tener que asesorarse con especialistas del derecho parlamentario, que manejen las técnicas legislativas al dedillo.
Ellos afirman que es una ley injusta, y por tanto tendría que anularse. Sería un argumento bastante insuficiente para este Congreso de la Unión muy dado a responder de acuerdo con los intereses de este régimen.
Si un debate está pendiente en México es el de las leyes injustas. ¿Por qué, por ejemplo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación solo está para interpretar hasta el punto de resolver si una ley es inconstitucional o no, y nunca ha interpretado si una ley es injusta o no?
Esta pregunta se hacía continuamente el ministro de la Suprema Corte, Juventino Castro y Castro, muerto el 8 de abril de 2012 a la edad de 94 años.
Ministro histórico, don Juventino dijo en una entrevista con este reportero que la Suprema Corte de Justicia de la Nación “sufre mucho cuando ve que una ley
es injusta”.
Y sufre, decía entonces, porque la Corte “solo tiene sistema para oponerse a las leyes inconstitucionales, pero no a las leyes injustas”.
Ha sido común en esta época del derecho positivo mexicano observar cómo interpretaciones jurídicas de la Corte han ido en sentido contrario de la justicia. Los ministros, en su trabajo de interpretación final, se apegan al Espíritu de la Constitución vigente, que solo otorga sistema al interpretador para dar valor a la legalidad, y no a la justicia.
Dijo entonces don Juventino Castro y Castro cuando se le preguntó qué tan justas son las leyes en México: “Tenemos que empezar con la Constitución, que establece el principio de justicia como una garantía constitucional; pero en realidad, vea usted, no tiene sistema para poder valorar la ley. Es un problema universal. Se dice que se resuelve con interpretación; pero para eso se necesitan jueces dispuestos a dar de sí sin volverse legisladores; sin tomar el
espíritu de la ley”.
Y añadía: “No hay Sistema para plantear a la Corte: Esta es una ley injusta’, como, en cambio, sí hay sistema para plantear si una ley es inconstitucional”.
¿Por qué? Y don Juventino respondió: “No hay en la Constitución un sistema de valoración sobre si una ley es injusta o no. La justicia es un valor que se aprecia de manera distinta por las personas. Para los que para unos puede ser justo, para otros no. Y es necesario plantearse la justicia de la ley en un recurso legal. Que se pueda decir que una ley es injusta porque viola principios de la Constitución”.
Tienen todavía los profesores unos días para buscar asesoría en serio, si no quieren que los chicaneros del PRI les den una revolcada desde el primer round.
Fuente: Zócalo de Saltillo.
















