Por: José Buendía Hegewisch.
* La debilidad de las instituciones se extiende más allá de la federación a los estados, como demuestran el poder de las autodefensas en Michoacán y Guerrero, o el dominio de la CNTE sobre el gobierno de Oaxaca y su soberbia en plantones y marchas por el DF.
Hoy se cumple el primer aniversario del gobierno de Peña Nieto, que representa el regreso del PRI al poder desde la alternancia en 2000 y dos administraciones panistas.
Desde que tomó posesión, sorprendió la irrupción de la protesta en las calles contra un difuso enemigo: la restauración autoritaria. No obstante, la conflictividad social se ha mantenido los últimos 12 meses y podría decirse que es el arranque más convulso que se recuerde de una administración en el país en décadas. De nueva cuenta, hoy están convocadas manifestaciones por las causas más diversas —desde la reforma energética hasta el repudio a su presidencia o el precio del Metro— que dan cuenta del malestar y el estado de insatisfacción y polarización.
Es necesario partir de esta constatación del desencanto que revela la protesta para tratar de hacer un balance. Peña Nieto generó enormes expectativas de devolver al país el crecimiento económico y la paz que perdió en las últimas décadas. El retorno del PRI recogió cierta nostalgia por la estabilidad que encarnó el autoritarismo del viejo régimen y cuyo Estado hoy está amenazado en algunas regiones del país, como reconoció hace unos días el secretaria de Hacienda, Luis Videgaray, en Michoacán.
Los primeros 12 meses dejan ver que nada de esto regresó. Ni la paz y el crecimiento, tampoco el poder fuerte que volvería a hacer gobernable el presidencialismo. En este primer año se diluyó el mito del partido con experiencia y capacidad de negociación que sabe cómo arreglar los problemas por las buenas o las malas; la idea común de su eficacia pese a la corrupción, de su conocimiento de los resortes de la violencia de aquel México bronco que se ufanaba de conocer como nadie. El PRI simplemente es otra minoría con baja representatividad y legitimidad institucional como el PAN o el PRD, tan pragmática como las oposiciones, a la que su disciplina y corrupción no le alcanza para articular con un rumbo claro una propuesta “reformista” de la que quiere convencer Peña Nieto, la falta de un proyecto incluyente.
La condición que dejó la alternancia es la fragmentación del poder entre los partidos y la federación, sin mecanismos institucionales para procesar el conflicto. Está en el haber de este primer año, haber improvisado el Pacto por México para reducir el encono y la discordia, aunque sólo fuera para crear un ambiente de diálogo, poner a la negociación en el primer plano de la convivencia política y dar el mensaje de que los partidos pueden ir más allá de sus diferencias. Pero por sí mismo, el acuerdo es insuficiente para generar una visión compartida como se aprecia ahora con el descarrilamiento del Pacto por las reformas política y energética.
El consenso se facilitó en dos importantes reformas a las que ninguno se oponía, la educativa y telecomunicaciones, aunque los tropiezos para implementarlas dejan ver las profundas divisiones que hay en el país y los límites de los acuerdos para procesar los conflictos. En la primera, el gobierno mostró incapacidad para resolver la oposición de la CNTE y debilidad al recurrir, no a la negociación, sino a la transa y corrupción del acatar la ley aunque no se cumpla. Respecto a la segunda, todos incumplieron los plazos constitucionales para la ley secundaria que permita operar las nuevas reglas en telecomunicaciones.
Desde luego, la debilidad de las instituciones se extiende más allá de la federación a los estados, como demuestran el poder de las autodefensas en Michoacán y Guerrero, o el dominio de la CNTE sobre el gobierno de Oaxaca y su soberbia en plantones y marchas por el DF. Sin embargo, la conflictividad y la ingobernabilidad han crecido en los últimos 12 meses y confirmado la honda desarticulación de los poderes locales y la política de seguridad.
La mayor coordinación con los estados es indispensable para combatir al crimen, pero no resuelve la inseguridad. La falta de una estrategia contundente contra la violencia es la principal promesa incumplida de Peña Nieto, aunque en el discurso haya esbozado una nueva política de prevención del delito. La línea predominante de su gobierno en la guerra contra el narco es similar a la del gobierno anterior, así como los pocos resultados para abatir delitos de alto impacto como la extorsión y el secuestro, que en algunos lugares están incluso al alza.
La inseguridad y un muy exiguo crecimiento económico son baldes de agua fría para las expectativas que despertó la llegada del “nuevo PRI” y la desilusión de ver que… cuando despertamos, lo que seguía ahí eran los mismos problemas de la última década.
*Analista político
jbuendiah@gmail.com
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Fuente: Excélsior.
















