Por: Ernesto Canales.
Los sucesos relacionados con la desaparición de los normalistas de Guerrero deben ser tratados bajo los principios del nuevo sistema de Justicia Penal; de ninguna otra manera tendrá confianza pública el gobierno de Peña Nieto.
En efecto, ni “la madre” de todas las reformas, la Energética, pudo salvar la luna de miel de la comunidad internacional con México
¿quién respeta una nueva ley mexicana sobre hidrocarburos si en el país la vida de las personas no está protegida por un sistema legal confiable?
La misma idea, mezcla de esperanza e ilusión, de cambio generada internamente por el nuevo PRI se evapora ¿cómo vamos a creer los mexicanos que las cosas están mejorando si en este dramático asunto no observamos un cambio en la actuación de las autoridades?
Peña Nieto ha logrado concretar la transformación del sistema penal, instaurando el Sistema de Juicios Orales, que con transparencia y eficiencia crea condiciones de confianza, requisito indispensable para que las víctimas acudan ante las autoridades penales a denunciar delitos; la denuncia es el primer paso contra la impunidad.
Nada más congruente de parte del Presidente que, ante la matanza dantesca de casi medio centenar de mexicanos, se arme ahora con las nuevas reglas para investigar y procesar a todos los que resulten responsables.
No a las simulaciones, menos fabricar culpables o dejar de procesar a cómplices, no importa su grado, militancia o fuero; está en crisis la institucionalidad del país; hay asuntos que tienen vida propia, saltan, cual fantasmas, años y circunstancias y éste es uno de ellos.
Tampoco debemos detenernos con que Guerrero ha sido ingobernable y que su negro pasado así lo demuestra; Guerrero es una Entidad de la República Mexicana y como tal también en ella debe de imperar el Estado de Derecho.
Bien se puede dar como respuesta, ahora, el empezar a imponer el respeto a la ley; la disyuntiva, que nos arropemos en el viejo sistema, sólo eterniza los problemas de Guerrero y lesionaría gravemente la Presidencia de Peña Nieto; con ello quedaría mermada de nuevo, otra vez, la capacidad del país de mejorar en su desarrollo económico y social.
Investigar, denunciar y procesar hasta las más escondidas, peligrosas y lejanas complicidades; sin cacería de brujas, por supuesto, sino estrictamente llevando el caso bajo el principio penal de despejar al máximo dudas razonables; celebramos que parece que así está procediendo el Procurador Murillo Karam.
¿Qué evidencia tendrá el Mundo, mexicanos incluidos, de que en tratándose de los intereses económicos, en las decisiones del Gobierno igualmente impera la lucha anticorrupción, si en el crimen de Iguala no se alcanza credibilidad en el procesamiento de los criminales?
Todos, por definición, somos más fuertes que los que participaron en estas aberraciones, lo mismo sean autoridades de Iguala o de Guerrero, Policías y asimismo Militares, si fuera el caso; todos somos más fuertes también que las organizaciones criminales involucradas.
Peña Nieto tiene que contener el daño y convertir esta crisis en oportunidad; oportunidad de demostrar que el enorme esfuerzo que el país está realizando para contar con un nuevo sistema de Justicia Penal, en el que la luz actúa como antídoto contra la corrupción y las malas prácticas, se pone vigente ante la tragedia de Iguala.
Los mexicanos, acostumbrados a sistemas generalizados de corrupción, carecemos de la experiencia de vivir en un pleno Estado de Derecho; en cambio, para los países de mayor nivel económico es requisito primario el cumplimiento cabal de la ley; el dato es contundente: a mayor orden legal mejor nivel de vida; movamos a México sí, pero en esa dirección.
El “Momento” es definitorio: mantener el horroroso sistema anterior que produce estos holocaustos o la oportunidad de demostrar capacidad para el cambio; el Presidente tiene la palabra y cuenta, tanto con los instrumentos legales para poner un hasta aquí en Guerrero, como con la opinión pública mayormente favorable.
El autor es presidente de Renace.
Fuente: Reforma.
















