Por: Eduardo R. Huchim.
Julio Scherer García, reportero impar. In memóriam.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación tomó en 2014 dos notables resoluciones que satisficieron al gobierno federal y a una parte de la clase política, pero que resulta muy difícil conciliarlas con el genuino interés ciudadano:
el rechazo a la consulta popular sobre la reforma energética y la convalidación de la propaganda personalizada, en abierta contradicción a lo dispuesto por el artículo 134 de la Constitución. En ambos casos, sólo un ministro disintió de la mayoría: José Ramón Cossío Díaz.
Y en ambos asuntos los argumentos de la mayoría no fueron convincentes. En el primer caso, convalidó la negativa del gobierno a consultar a la población sobre una riqueza nacional cuyo rescate por Lázaro Cárdenas tuvo rasgos de epopeya cívica. Y en el segundo caso, ante la dificultad de superar la contundente prohibición del artículo 134, la mayoría argumentó que la propaganda ¡no es propaganda!, como he explicado anteriormente (Reforma, 09/09/14).
Aun así, la Corte es la más notable de un grupo de instituciones que todavía merecen la relativa confianza de la sociedad. Por ello tuvo relevante importancia la elección del nuevo presidente del tribunal supremo, cargo para el cual fue votado Luis María Aguilar Morales, un ministro que posee una sólida carrera en el Poder Judicial y que sucede al prestigiado Juan Silva Meza, en momentos de crisis nacional.
La elección se dio después de 32 rondas de votación, en las cuales una y otra vez hubo un empate de cinco votos entre Aguilar Morales y Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, el brillante ministro que milita en el ala vanguardista de la Corte. Los empates han sido leídos como prueba de la profunda división existente en el máximo tribunal, división que, con frecuencia, es tenida como un factor negativo. Las divergencias, entre conservadores e innovadores, entre juzgadores de carrera y offsiders, no tienen que ser necesariamente negativas, si los ministros saben procesar sus diferencias tanto en criterios como en personalidades. Si tal cosa ocurre, las posiciones divergentes, naturales en un cuerpo colegiado, pueden enriquecer a la Corte.
Los empates podrían sugerir otra cosa: que el 2 de enero de 2015 quizá fueron elegidos dos presidentes, Aguilar Morales y el que lo sucederá, Zaldívar. Por supuesto que es tempranísimo para aventurar tal posibilidad, pero tengo para mí que posiblemente asistimos a una doble elección, si bien muchas cosas habrán de ocurrir antes de 2018, entre ellas la llegada de tres nuevos ministros.
¿Es conservador el nuevo presidente de la Corte? Sí lo es, según la percepción generalizada, pero no parece serlo a ultranza y, en cambio, posee reciedumbre jurídica y prendas personales, entre ellas la austeridad y la vocación por el arduo trabajo, que pueden permitirle conducir a la Corte a un desempeño que dé pleno sentido a la denominación de “alto tribunal”. Su declarada convicción por tutelar los derechos humanos implica un compromiso y una esperanza.
Uno de los asuntos que deberá atender el nuevo presidente de la Corte es el de los golpes de desprestigio que uno de sus tribunales, el Electoral, le asesta frecuentemente al Poder Judicial de la Federación. Las versiones que corren sobre este tribunal son diversas y muy negativas, pero aun suponiendo que aquéllas fueran falsas, de todos modos la fragilidad jurídica de varias de sus sentencias y los excesos dispendiosos de la Sala Superior erosionan la imagen de un poder del Estado mexicano. Sobre el TEPJF es limitada la posibilidad de acción del nuevo presidente de la Corte, pero acaso su fuerza moral pueda poner orden en el Tribunal Electoral, que tiene una extraña predilección por el Partido Verde, al cual le ha revocado o reducido sanciones millonarias impuestas por la autoridad electoral administrativa.
La Corte le ha quedado a deber a la sociedad mexicana. La gran tarea de su nuevo presidente es que, con la indispensable contribución de todos los ministros, el déficit se desvanezca.
@EduardoRHuchim
Fuente: Reforma.
















