Por: Raúl Contreras Bustamante.
El fenómeno de la corrupción es un cáncer social. En términos doctrinales, es un comportamiento ilegal de alguien que desempeña una función pública en cualquiera de sus niveles.
Norberto Bobbio, en su Diccionario de política, enseña que la corrupción debe ser vista en términos de legalidad e ilegalidad y no de moralidad e inmoralidad.
Llega a convertirse en una cultura de las élites y de las masas, pero que debe ser combatida porque constituye un factor de disgregación del sistema y conduce al desgaste de lo más importante: su legitimidad.
Esta referencia viene a cuento, por la reacción que generó —entre comunicadores e intelectuales— la designación deVirgilio Andrade como nuevo secretario de la Función Pública.
El presidente Enrique Peña Nieto —al anunciarlo— dijo que la principal misión encomendada será que: “Investigue y resuelva si hubo o no conflicto de interés en las obras públicas o contratos otorgados por dependencias federales a las empresas que celebraron compraventas de inmuebles con mi esposa, con el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y con un servidor”.
Las críticas se han centrado, en el hecho de que un subordinado va a ser implacable y severo con su superior jerárquico, aunado a la amistad que tiene el recién designado con el secretario Luis Videgaray.
Desde el punto de vista legal, el nombramiento dejó cosas que desear. El Congreso de la Unión, el 2 de enero de 2013, decretó la desaparición y transferencia de las atribuciones de la Secretaría de la Función Pública.
Si uno revisa la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, en su artículo 26, la citada dependencia, ya no aparece como parte integrante del Poder Ejecutivo.
El artículo Segundo Transitorio, del decreto en referencia, establece que la total extinción se concretará “en la fecha en que el órgano constitucional autónomo que se propone crear en materia anticorrupción entre en funciones, conforme a las disposiciones constitucionales y legales que le den existencia jurídica”.
Algunos programas que se le encargaron al nuevo secretario no podrán realizarse a cabalidad, debido a que el marco jurídico no permite ningún cambio estructural.
Sin embargo, creo que este asunto va a generar un efecto positivo. En primer lugar, el simple reconocimiento presidencial de que sus problemas personales deben ser tratados y ventilados, ya es un cambio de actitud importante.
En segundo, porque quedó exhibida la incapacidad del Congreso para crear un sistema integral anticorrupción, ya que desde hace dos años se había comprometido a instituirlo. Es en el ámbito de responsabilidad del Poder Legislativo, donde no se ha cumplido con la obligación de ser el contrapeso del Poder Ejecutivo.
Desde luego que al PAN le convino esta situación, pues acababa de terminar el sexenio de Felipe Calderón y había que cubrirle la espalda. Los parlamentarios del PRD han demostrado en su afán de echar tierra a la corrupción deMarcelo Ebrard en el desfalco de la Línea 12 del Metro, que tampoco el tema les resulta prioritario.
Tocará al Presidente instruir a su partido para que de una vez por todas se avance en la configuración de un nuevo sistema que combata el fenómeno de la corrupción a nivel nacional. Si ya dio el primer paso, la opinión pública no va a dejar que dé marcha atrás en el camino.
Enrique Peña, no puede dejar que este tema le siga golpeando al corazón de sus decisiones y acciones de gobierno. Ya quedó evidenciado que éste es el principal asunto de su agenda política.
Como Corolario, dejaremos la sentencia que el propioBobbio da a este tema: “Cuanto más segura esté la élite de conservar o reconquistar el poder con medios legales o de ser castigada si usa los ilegales, tanto menor será la corrupción”.
Fuente: Excélsior.
















