Por: Aurelio Ramos Méndez.
Es falso, o al menos inexacto, tener por paradigmas de la corrupción que asfixia al país a la docena de gobernadores y ex gobernadores en fuga o bajo tardía y amañada investigación, acusados de gruesos delitos cometidos no de un solo golpe sino en dilatado paso por el poder. Los principales responsables de este cáncer son los funcionarios y ex funcionarios que desde la cúpula del gobierno federal consintieron las trapacerías.
Los mandatarios estatales a salto de mata sólo fueron consecuentes con su naturaleza delictiva y constituyen una muestra de los riesgos de infiltración de hampones en el servicio público.
Los culpables de la rampante corrupción, sin embargo, son personajes parapetados en las más altas instancias del gobierno o disfrutando ya de un ostracismo dorado, quienes por indolencia o complicidad y por acción u omisión, renunciaron a sus obligaciones institucionales, se cruzaron de brazos, encubrieron las fechorías y garantizaron impunidad a los ladrones.
Esos dizque servidores o ex servidores públicos, varios de los cuales al asumir sus cargos juraron cumplir la Constitución y las leyes y al final cayeron en perjurio, están enteramente a salvo, lejos del brazo de la justicia, en sus confortables despachos o mansiones de retiro, con fama de respetables ciudadanos y en algunos casos hasta con aura de profesionales ultracompetentes y mexicanos ejemplares.
De los ladrones uno espera que roben y eso hicieron Guillermo Padrés, Javier Duarte y otros delincuentes infiltrados en gubernaturas, a quienes supuestamente ya se investiga; pero de los más encumbrados gobernantes y los titulares de las instancias de control y vigilancia se espera que cumplan a cabalidad sus funciones, lo cual, a la luz de los hechos, no ocurrió.
En el colmo de cinismo, de algunos de esos poderosos cómplices, al igual que de líderes de partidos, legisladores y oportunistas de toda laya, los ciudadanos ahora vemos patéticos desfiguros y pantomimas. Como eso de propinarle palos al nido cuando el conejo ya está a kilómetros de distancia.
Sobre los gobernadores y ex gobernadores señalados de peculado, fraude, malversación de fondos, desvío de recursos, abuso de funciones, vínculos con la delincuencia organizada, lavado de dinero y todo el catálogo de delitos contenidos en el Código Penal, y en particular sobre Javier Duarte, se alza ahora un coro de exigencias de detención y castigo. Son particularmente estridentes las voces de los líderes de partidos, sobre todo Enrique Ochoa Reza y Ricardo Anaya, y de los coordinadores de bancadas en el Congreso, de Fernando Herrera y Marko Cortés a César Camacho y Emilio Gamboa.
De todos estos políticos y sus antecesores en sus respectivos cargos cabe preguntar dónde estaban mientras Duarte y Padrés y cerca de la mitad de todos los gobernadores del país saqueaban sus estados y delinquían a sus anchas. ¿Quienes? Roberto Borge, César Duarte, Rodrigo Medina, Jorge Herrera Caldera, Gabino Cué Monteagudo, y Humberto y Rubén Moreira, entre muchos más.
En un medio en que la deshonestidad no distingue partidos, vale hacer la misma pregunta con relación a otros panistas cuyos nombres, además de Padrés, Emilio González Márquez y Luis Armando Reynoso, también crepitan en la pira de la corrupción: Francisco Domínguez, Francisco Vega y Miguel Márquez.
Versiones de prensa aseguran que la Auditoría Superior de la Federación ha interpuesto 270 denuncias ante la PGR contra ¡25 gobiernos estatales!, por diversas anomalías, entre otras la simulación de reintegro de recursos federales y retención de fondos destinados a municipios. De este total, 56 fueron realizadas contra el gobierno de Veracruz y 53 conciernen al gobierno de Duarte. Ni un solo gobernador fue llamado a cuentas.
¿Dónde estaban mientras tales anomalías, irregularidades administrativas o francos delitos ocurrían en casi todo el país, el ex procurador Jesús Murillo Karam y su sucesora y ahora responsable de la Función Pública, Arely Gómez, lo mismo que el ahora titular de la PGR y antes presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales del Senado, Raúl Cervantes Andrade?
Los escándalos de corrupción que ahora saturan el ambiente se gestaron desde hace varios años y por lo mismo cabe el interrogante acerca de cuál es la parte de responsabilidad que les corresponde en este asunto al ex presidente Felipe Calderón y sus procuradores de justicia, el actual ministro de la Corte Eduardo Medina Mora, Arturo Chávez y Marisela Morales?
Y, ¿alguien sabe qué hicieron, aparte de cobrar regios sueldos, los titulares de la Secretaría de la Función Pública Germán Martínez Cázares, Salvador Vega Casillas, Rafael Morgan, Julián Olivasy Virgilio Andrade, entre otros que pasaron por esa dependencia debatiéndose entre el amiguismo, la complicidad y la ineptitud?
El país no puede resignarse a que la impunidad sea algo así como una fatalidad. Por lo mismo conviene llamar a cuentas a estos funcionarios y ex funcionarios, al igual que a los responsables de las entidades relacionadas con la gobernación y en manejo hacendario del país. Personajes sobre quienes por ahora no pesa ni siquiera un señalamiento público de su inutilidad, mientras se carga al bolsillo de los mexicanos hasta el importe de las millonarias recompensas con que se pretende subsanar la ineficiencia investigativa, o peor aún, la connivencia y el encubrimiento.
Los gobernadores cleptómanos ya andan en desbandada por el mundo y se han vuelto inatrapables, a despecho de las promesas de funcionarios que inexplicablemente ataron su destino políticos al cuello de esos bandidos.
Horas después del escape de Duarte, Miguel Osorio Chong aseguró que el gobierno federal lo detendría “porque nadie se puede esconder para siempre”, tal como ocurrió con Joaquín El Chapo Guzmán. Y Raúl Cervantes, el 27 de octubre, afirmó que se contaba con información para asegurar que “está muy cerca” la aprehensión del veracruzano y de Padres. Falso.
Padrés acabó por entregarse como indefenso conejo cuando creyó haber borrado las huellas de sus fechorías y de Duarte de Ochoa únicamente ha sido capturada una bigotuda imagen suya, impresa en un pasaporte supuestamente falso.
El martes pasado Renato Sales Heredia les dijo a diputados que “en breve habrá resultados” de la investigación sobre el de Veracruz. Y, enigmático, se abstuvo de revelar “en donde pensamos que se encuentra”. Corazonadas, prestidigitación o protección al delincuente. O, ¿cuál es la razón entonces del ofrecimiento de 15 millones de pesos por su delación, al estilo del Viejo Oeste?
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Fuente: Crónica.
















