Por: Aurelio Ramos Méndez.
Mucha retórica y nula acción. Así puede resumirse la importancia que para el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto reviste el combate a la corrupción. Actitud política cuya señal más elocuente se halla en la vacante del fiscal especial, cinco años después de planteada la lucha anticorrupción como el número uno de los compromisos de campaña firmados ante notario.
La lucha contra la deshonestidad, se ha dicho aquí hasta la impertinencia,
requiere menos de la parafernalia institucional —que a jaloneos se configura— que de voluntad genuina de los gobernantes para sancionarla. Sin embargo, embarcado el gobierno en el afán declarado de librar una cruzada contra este cáncer, lo menos que los mexicanos del común esperaban era un mínimo de honradez y congruencia.
La creación de un ente anticorrupción de gran calado fue en 2012 el principal ingrediente del compromiso número uno del candidato priista a la Presidencia. La realidad, a estas alturas de la historia, es que estamos en ceros. Mientras la corrupción brota a borbotones por todos lados, dentro y fuera del gobierno.
En la instalación del comité coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) la presidenta de este grupo, Jacqueline Peschard, hizo notar —imposible omitir la referencia ante la oprobiosa silla vacía del esquivo zar— que este sistema está todavía incompleto. No está nombrado aún el fiscal especial anticorrupción, dijo.
Y añadió que tampoco han sido nombrados los magistrados de la sección especializada y las salas regionales del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, quienes tendrán a su cargo la facultad de imponer las sanciones administrativas a los servidores públicos que cometan faltas graves.
Aun así, ante el triste cascarón que es en realidad el sistema pomposamente bosquejado en los discursos oficiales, Peschard instó a la pronta presentación de resultados por parte de este mecanismo. De otro modo —dijo— los ciudadanos pensarán que se trata de una mascarada. ¡Eureka!
La verdad de las cosas es que anda con el horario atrasado el reloj de Peschard, recurrente integrante de organismos dizque ciudadanizados, en especial el IFE y el IFAI. ¡Hace rato que la ciudadanía se percató de que en el presente gobierno el combate a la corrupción no es una mascarada!
No faltará quien diga que en un país que no es la Venezuela de Nicolás Maduro, sino uno con una democracia bullente, instituciones que funcionan como maquinaria de relojería e independencia real de poderes, el tortuguismo ha corrido por cuenta del Poder Legislativo. No hay tal. Para poco no alcanza el resultado y tiene que ser cargado, ni modo, al deber del Ejecutivo.
Los senadores, en cuyas manos está el nombramiento del fiscal, se hallan por ahora ocupados —díganlo si no Dolores Padierna o Miguel Barbosa y sus respectivas camarillas— más en la rebatiña del presupuesto cameral o el asueto de Semana Santa que en cumplir sus obligaciones. Pero el atorón en el tema de la lucha contra la corrupción responde a una estrategia de más arriba.
Mientras los hombres del gobierno echan floridos discursos en contra de la improbidad, en la realidad los expedientes se acumulan, la información se reserva por lustros, los ladrones huyen y el cinismo y la impunidad se eseñorean.
Todos los días eclosionan escándalos de corrupción y es ya tan vasto el prontuario de asuntos pendientes que, sólo a guisa de ejemplo, vale mencionar los más recientes y ruidosos.
¿Cuáles? Del mega-soborno de Odebrecht y los jueces protectores del chihuahuense Antonio Enrique Tarín y del Porky Diego Cruz, a la captura en Estados Unidos del procurador Edgar Veytia y la entrega, también en ese país, del policía federal de élite Iván Reyes Arzate.
Y la decisión de la Corte de guardar bajo siete llaves la bitácora de vuelos del avión presidencial, o los costales de dinero entregados a Josefina Vázquez Mota, en pago por sus servicios electorales, sin hablar de los gobernadores protegidos hasta el final y ayudados luego a escapar con sus cuantiosos botines.
Cada uno de estos casos, susceptibles de ser ejemplarmente castigados con el marco legal y la estructura institucional ya existente, representa un ejemplo de real asociación delictiva, verdaderos cárteles dentro del poder público. Involucran no sólo a quienes delinquen en forma abierta, sino también a quienes desde puestos oficiales los encubren. En especial los prevaricadores, que quién sabe por cuántas poderosas razones han preferido mirar para otro lado en lugar de aplicar la ley.
A la instalación del comité coordinador del tigre desdentado que es el SNA concurrieron, muy orondos, Raúl Cervantes Andrade, Arely Gómez, Juan Manuel Portal, Ximena Puente y otros funcionarios de cuyo desempeño en el combate a la asfixiante corrupción nadie podría decir que ha sido eficiente.
Era previsible que las promesas de campaña y los compromisos de gobierno en lo tocante a la corrupción acabarían esfumándose. A lo largo del trámite legislativo de las iniciativas sobre el tema hemos visto acuerdos francamente mafiosos para retrasar, enmarañar, ablandar y, en últimas, malograr los proyectos, proceso del cual el hueco en el puesto de fiscal es el símbolo más sobresaliente.
En estas condiciones, con un Ejecutivo sin determinación y una clase política con sentido de la autoconservación, el país seguirá esperando la concreción, algún día, del objetivo que ya en tiempos de Miguel de la Madrid Hurtado era la demanda más sentida y proveía insumo para la demagogia y la retórica gubernamental, la renovación moral de la sociedad.
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Fuente: Crónica.
















