Por: Lilia Arellano.
* Es difícil hacer justicia a quien nos ha ofendido.
Simón Bolívar.
El Sistema Nacional Anticorrupción de México está incompleto y es inoperante. No hay mecanismos ni medidas de prevención de delitos como soborno y enriquecimiento ilícito. No hay forma de garantizar la integridad de los funcionarios públicos y proteger a los denunciantes en las investigaciones. La aplicación de las leyes está condicionada a la rentabilidad política de los mandatarios,
a la coyuntura y las estrategias electorales, mientras los recursos públicos están expuestos a prácticas irregulares e impunes. Hasta la fecha se carece de Fiscal Especial de Combate a la Corrupción; no hay magistrados anticorrupción del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, y no han iniciado operaciones los Sistemas Estatales Anticorrupción. Tampoco hay Fiscal Especializado para la Atención de Delitos Electorales.
De ahí que no sea extraño se atoren y obstaculicen las investigaciones anticorrupción contra exmandatarios estatales, como en los casos de Chihuahua, Veracruz y Quintana Roo. En cuanto a las indagatorias contra el prófugo y protegido del régimen de Enrique Peña Nieto, César Duarte Jáquez y sus cómplices, el desarrollo de éstas ha enfrentado al gobierno de Javier Corral con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. En esta confrontación está de fondo la lucha por la Presidencia de la República, los posicionamientos del PAN y su abanderado Ricardo Anaya, apoyado por su correligionario el actual gobernador chihuahuense, contra el régimen de Enrique Peña Nieto, quien mueve a sus secretarios en Hacienda y Crédito Público y en Gobernación para frenar la arremetida azul, materializada en una caravana “Por la Dignidad”, la cual recorre el país y tiene como objetivo la capital de la República. También pretenden mantener a flote las posibilidades de triunfo del candidato oficial, José Antonio Meade Kuribreña.
Al escribir estas líneas, la denominada “Caravana por la Dignidad” llegaba a la ciudad de León, Guanajuato, tras salir por la mañana de San Luis Potosí. Corral ha aprovechado políticamente la movilización, donde es común escuchar el grito de “No estás solo” y “Duarte, rata, regresa lo que te llevaste”. A lo largo del recorrido, la exigencia común es que el secretario de Hacienda, José Antonio González Anaya, comparezca ante el Congreso para explicar la distribución de los recursos provenientes del Ramo 33.
El trasfondo de la confrontación es la investigación al exsecretario general del PRI, Alejandro Gutiérrez, vinculado a proceso por peculado agravado. Corral insiste en que serán los tribunales quienes resuelvan los casos de corrupción investigados en torno a la administración del exgobernador César Duarte. En San Luis Potosí, habló de los sospechosos últimos movimientos del abogado defensor de Gutiérrez, Antonio Collado Mocelo, al parejo de la creación de una Fiscalía Especializada para investigar casos de tortura, por parte del gobierno federal. Criticó la celeridad de la administración federal para concretar el cambio de institución de reclusión de Gutiérrez, y la estrategia de tomar el control del detenido.
Estamos, dijo, “ante una auténtica treta de la Procuraduría General de la República, del Gobierno federal, tratando de cambiar al penal federal a Alejandro Gutiérrez, cuando en realidad lo que quieren acreditar es un supuesto delito de tortura para luego atraerlo y buscarle la libertad condicional”, dijo Corral, quien informó que ha sostenido diversas reuniones a través de los fiscales, con la PGR, para dar seguimiento al proceso de extradición de César Duarte Jáquez y, sobre todo, para asegurar que dicha extradición se realice con absoluto apego a derecho y conforme a las 10 órdenes de aprehensión que el gobierno de Chihuahua, la Fiscalía General de Chihuahua, presentó ante al PGR.
Javier Corral también ha acusado al precandidato del PRI a la Presidencia, José Antonio Meade, de pretender liberar al exsecretario general priista, Alejandro Gutiérrez. Advirtió que se ha montado un operativo para rescatarlo, debido al temor que tienen por las implicaciones que pudiera alcanzar la investigación. “Desde que salimos a denunciar la represión de Enrique Peña Nieto, la estrategia del PRI y del abogado de la defensa fue salir a decir que a Gutiérrez se le torturaba psicológicamente para sacarle declaraciones contra Manlio (Fabio) Beltrones y Luis Videgaray”, aseguró el mandatario panista.
Este martes, la Fiscalía General de Chihuahua decidió no llevar a cabo el traslado de Alejandro Gutiérrez del penal estatal de Aquiles Serdán al Centro Federal de Readaptación Social de Ciudad Juárez. La dependencia argumentó falta de voluntad del gobierno federal para avanzar en los “acuerdos políticos” que hizo el gobernador Javier Corral con el secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, para realizar el cambio de cárcel. Las condiciones de Corral eran que la PGR declinara la investigación sobre la presunta tortura a Gutiérrez a la Fiscalía del Estado y que la Fepade desistiera de ejercer la facultad de atracción sobre las investigaciones estatales relacionadas con la triangulación de recursos a campañas del PRI.
Todo parece indicar que la estrategia señalada también abarca la protección a los cómplices de Duarte Jáquez. Una gran cobertura mediática se ha dado a las quejas sobre presiones personales a las esposas de Enrique Tarín García y Gerardo Villegas Madriles, exfuncionarios del gobierno de Chihuahua, acusados de ser presuntos partícipes de desvíos de recursos públicos. En estos casos, la jugada sigue el mismo procedimiento.
Según Luisa Fernanda Apodaca Estrella y Sofía Duarte Grajales, esposas de Tarín García y Villegas Madriles, respectivamente, personal de la Fiscalía General de Justicia de esa entidad les hizo saber que si no ratificaban las denuncias interpuestas ante la Procuraduría General de la República (PGR), para que investigue las presiones de que son objeto con el fin de que declaren contra el exgobernador César Duarte y el exdirigente nacional del PRI, Manlio Fabio Beltrones, “se podrían negociar las condiciones para que se les dieran sentencias mínimas” en su proceso de peculado.
Ambas responsabilizaron “al gobierno y a la Fiscalía General de Justicia de Chihuahua de la seguridad” tanto de ellas, de sus familias y sus cónyuges. La protección a Duarte y a Beltrones es evidente en estos movimientos. Tarín García y Villegas Madriles solicitaron al gobierno federal se les traslade a prisiones federales, ante “los tratos y presiones que reciben en el Centro de Readaptación Social (Cereso) número 1 en Chihuahua”, lo cual confirma los dichos de Javier Corral. Los dos exfuncionarios enfrentan varios procesos penales, en los cuales se les imputa haber participado presuntamente en desvíos de recursos que superan los 200 millones de pesos a empresas que, de acuerdo a la Fiscalía General de Justicia de Chihuahua, habrían simulado la prestación de servicios.
El contragolpe del PRI no se hizo esperar: acusaron que el gobernador de Chihuahua, el panista Javier Corral, usa la investigación de presuntos actos de corrupción para impulsar la campaña del precandidato presidencial Ricardo Anaya, lo cual muestra el fondo político-electoral de la confrontación. En esa misma táctica, a su vez, el secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, se lanzó contra quienes pretenden confundir a los ciudadanos al utilizar la justicia para ganar votos en la elección de ese año.
Durante una reunión con senadores del PRI, el funcionario, quien no mencionó a aspirantes o gobernadores, advirtió que ese tipo de conductas hacen daño a las instituciones. “La democracia es un asunto de votos y la justicia es un asunto de pruebas. No dejemos más en esta trinchera, que alguien trate de confundirnos, de pretender ganar votos negociando la justicia o hacer justicia en aras de obtener votos”, subrayó Navarrete.
El encargado de la política interior sentenció: el gobierno no está dispuesto a ceder, en el marco del proceso electoral que vive el país, lo cual muestra la intención de llevar hasta el final del sexenio su protección a César Duarte, protegido de Enrique Peña Nieto y el actual grupo en el poder.
Embargan 500 mdp a extesorero de Duarte
Al diputado del PRI y extesorero de Veracruz en el gobierno de Javier Duarte, Antonio Tarek Abdala, el Servicio de Administración Tributaria (SAT), le notificó la semana pasada el embargo hasta por 500 millones de pesos de bienes de su propiedad, a fin de garantizar siete créditos fiscales, los cuales suman esa cantidad y derivan de sanciones impuestas en 2016 por la Auditoría Superior de la Federación.
El año pasado, Abdala impugnó las sanciones mediante seis juicios de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, pero como no ha ofrecido al SAT algún pago o bien para garantizar el adeudo, la autoridad fiscal determinó continuar el procedimiento.
Abdala, quien está sujeto desde enero de 2017 a un proceso de desafuero en la Cámara de Diputados, fue inhabilitado para ocupar cargos públicos durante 10 años en septiembre de 2016 por la Contraloría de Veracruz, por su responsabilidad en el desvío de 315 millones de pesos de recursos federales en el ejercicio de 2013. El dinero, proveniente del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud, fue usado para pago de salarios de maestros, tareas de seguridad pública y otras prioridades del gobierno de Javier Duarte.
La Procuraduría veracruzana busca acusarlo penalmente por el desvío de 23 mil 156 millones de pesos del erario durante la administración de Javier Duarte, quien lo nombró tesorero, en febrero de 2012, días después de que un avión del Gobierno de Veracruz que transportaba 25 millones de pesos en efectivo, fue asegurado en el Aeropuerto de Toluca.
En la Cámara de Diputados, el coordinador de la fracción parlamentaria del PAN, Marko Cortés, acusó al PRI de proteger al diputado Antonio Tarek Abdala. “En corrupción hoy estamos peor que nunca. En la Cámara de Diputados nos dimos cuenta cómo la bancada del PRI no le quiso quitar el fuero a Tarek Abdala”. A su vez, el presidente del PAN, Damián Zepeda, adelantó que buscarán el desafuero de ese legislador federal.
Estos días son cruciales en los procesos por presuntos hechos de corrupción que le siguen al exgobernador Javier Duarte. Está por vencerse el plazo que un juez federal dio a la PGR para completar la investigación en su contra por lavado de dinero y delincuencia organizada antes de ir al juicio, y están por concretarse los resultados de dos audiencias en juzgados de la Ciudad de México.
El exmandatario veracruzano, quien permanece preso en forma preventiva en el área de observación del Reclusorio Preventivo Norte, a donde llegó desde julio pasado extraditado de Guatemala, podría tener hasta tres juicios abiertos.
Para este miércoles se pospuso la audiencia cuya finalidad es que la Procuraduría General de la República (PGR) pidiera una autorización para solicitar un informe a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores sobre cuentas relacionadas con el presunto desvío de recursos ejecutados por el exmandatario veracruzano, Javier Duarte. Este caso aún va para largo.
















