Por: Aurelio Ramos Méndez.
La creación de un ente de gran calado para combatir a fondo la corrupción, número uno de los compromisos de campaña firmados ante notario en 2012 por el candidato presidencial Enrique Peña Nieto, está a un tris de quedar malograda, reducida a un tigre desdentado, debido a la falta de acuerdos menos ideológica que mafiosa dentro del Poder Legislativo.
En abril de 2015, al cabo de un azaroso recorrido desde la presentación —en noviembre de 2012— de la iniciativa de ley por el ya para entonces Presidente Electo, el Congreso aprobó la creación de un pomposo cascarón denominado Sistema Nacional de Combate a la Corrupción, al cual, sin embargo, era necesario dotarlo de herramientas para el cabal cumplimiento de sus objetivos.
La configuración —así sea de modo enunciativo en la Carta Magna— del sistema anticorrupción llegó con retraso de por lo menos tres décadas, desde cuando el Presidente Miguel de la Madrid convocó a la renovación moral de la sociedad. Y con casi dos siglos de demora desde el surgimiento de nuestro país a la vida independiente.
Para poco no alcanza, frente a la magnitud del problema de la corrupción, la mera referencia constitucional al sistema de combate. Era imprescindible hacer ajustes al engranaje legal. Y para ello se fijó el plazo del próximo 28 de mayo; es decir, cuando el perol político estará a punto de hervor por las elecciones del 5 de junio.
En los hechos, tal plazo significa que la legislación secundaria deberá tener luz verde en el periodo ordinario de sesiones legislativas a punto de terminar —el 30 de abril— o su concreción quedará, tal vez para siempre, en simple sueño guajiro. Ni el legislador más optimista o desprevenido cree factible la realización de un periodo extraordinario antes de la fecha límite.
Erradicar la corrupción, está claro, requiere no tanto de leyes como de voluntad política. Esto es lo que históricamente ha faltado en nuestro país. Y sigue faltando incluso en la administración que colocó el tema en el primer renglón de su prontuario de 266 compromisos ineludibles, la cual —cruel paradoja— ha quedado marcada por la llaga de este tumor inextirpable.
Si en el Ejecutivo ha faltado determinación para acabar con la deshonestidad, en el Legislativo y la clase política toda ha sobrado noción de la autoconservación.
Con escasas excepciones, los diputados, senadores y dirigentes de partidos se han encargado de obstruir las necesarias reformas en materia de responsabilidades administrativas, fiscalización y rendición de cuentas, de las cuales ellos serían los principales destinatarios.
A finales de agosto de 2014, cuando el Congreso se aprestaba iniciar sesiones ordinarias y el tema de la Comisión Nacional Anticorrupción propuesto por Peña Nieto ya llevaba dos años atorado entre curules y escaños, el desahogo del mismo emergió dizque como único punto en común en las agendas de las distintas fracciones. Fue un engaño.
La bancada de los corruptos, la más numerosa y plural —agrupa a la mayoría de los legisladores, de todos los partidos— se encargó de taclear la iniciativa.
Tal como Peña Nieto la planteó en campaña, la Comisión estaba concebida como un órgano supremamente ambicioso que abarcaría el estudio y análisis de todos los aspectos del fenómeno de la corrupción, identificaría casos concretos, propiciaría la participación ciudadana en su combate y trabajaría de manera coordinada con otras instancias, como parte de una amplia estructura del Estado encargada de investigar, perseguir y sancionar el agudo problema.
Desde dos frentes distintos, en San Lázaro Manlio Fabio Beltrones y en la Procuraduría General de la República Jesús Murillo Karam pujaron por la reducción de la entonces nonata Comisión a una unidad administrativa dentro de la PGR. O sea, una covacha en la entidad destinada a convertirse en Fiscalía General de la Nación.
A trompicones el sistema anticorrupción nació por fin, naturalmente sin una sola pieza dentaria, en abril de 2015. Desde entonces los diputados y senadores de todos los colores partidistas protagonizan un debate hipócrita. Ninguno se opone de manera abierta a los cambios radicales e inaplazables, y hasta se dicen convencidos de que a grandes males grandes remedios, y por lo mismo respaldan una completa voltereta en la legislación. Es una pantomima. Y una maniobra electorera.
Destacan en esta engañifa los senadores y diputados del PAN, afanosos por colgarse la medalla de ese casi nada logrado hasta ahora, cuyas filas han estado llenas de personajes impresentables, defendidos de manera institucional, y hasta aclamados en su desempeño. Dígalo si no Luis Alberto Villarreal, El Rey del Moche.
Para no hablar del mismísimo dirigente nacional Ricardo Anaya, fervoroso practicante del dicho según el cual el que peca y reza empata. Ignorante en apariencia —sólo en apariencia— de la diversidad de expresiones de la corrupción, incurre en ella sin recato robándose los tiempos oficiales de propaganda de su partido, mientras habla de combatir a fondo este cáncer social que avanza pierna arriba.
A punto del cierre de las sesiones legislativas, todo hace suponer pues que el sistema anticorrupción quedará en obra negra. Y que, por lo mismo, el Estado seguirá siendo considerado por todo el mundo un botín y el acceso a la función pública algo así como sacarse la lotería.
El tema de la corrupción, del que se habla menos de lo que se hace, será, eso sí, útil como arma letal en el proceso electoral que se avecina, y con mayor razón en la contienda presidencial de 2018.
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Fuente: Crónica.
















