Por: Joel Salas Suárez.
Corrupción e impunidad son dos lastres de nuestra democracia. Más que un diagnóstico, éste es ya un lugar común. Combatirlos exige soluciones por dos vías: la electoral y la institucional. La primera permitió modificar las reglas de acceso al poder y consolidar una democracia electoral; en la institucional,
diversos actores han exigido e impulsado la creación del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) y el Sistema Nacional de Transparencia (SNT).
No cabe duda que el reto es grande. Sin embargo, las instituciones implicadas deben ser prudentes en cuanto a las expectativas que puedan generarse. No deben prometer lo imposible, sí fomentar acciones y precisar el carácter gradual de la solución. Ambos, el SNA y el SNT fueron creados para transformar la relación entre autoridades y población y restaurar el vínculo de confianza entre ellos, pero su implementación debe prever cuidadosamente los tiempos y capacidades institucionales necesarias.
El SNT deberá garantizar el derecho de acceso a la información pública de cada mexicano para conocer sobre qué se decide y hace en atención a sus demandas, así como para saber cómo se gasta cada peso de los recursos públicos y detonar procesos de rendición de cuentas. El SNA permitirá denunciar ante la Fiscalía Especial para el Combate a la Corrupción (FECC) y que la PGR integre la averiguación para ejercer acción penal contra servidores públicos que hayan cometido actos de corrupción. También permitirá denunciar ante la Secretaría de la Función Pública para que ejerza acción administrativa. Mediante estas dos vías se fortalecerá la rendición de cuentas y podrá atajarse la impunidad.
Hoy los retos son nacionales. Ambos Sistemas implican la aprobación de leyes generales y la homologación de las leyes estatales. En el SNT, los estados tienen hasta el 5 de mayo de 2016 para homologar sus leyes a la Ley General de Transparencia. En el SNA habrá que esperar a que el Congreso de la Unión expida la Ley General en la materia, antes del 29 de mayo de 2016, y los estados homologuen sus legislaciones seis meses después. Por supuesto, no basta con crear leyes, se requieren condiciones para llevarlas a la práctica.
Pero ¿cuáles son las acciones posibles ahora? ¿Cómo pueden las autoridades recién electas y la población aprovechar este andamiaje institucional en construcción y contribuir a consolidarlo?
Las autoridades locales recién electas deben establecer como prioridad de su agenda homologar sus legislaciones sobre transparencia y anticorrupción. Pero no conformarse con ello, deben innovar. Para ello se requiere voluntad política clara y permanente.
La población puede ya documentar posibles acciones corruptas de servidores públicos para que las autoridades actúen en consecuencia. Para hacerlo, puede ejercer su derecho de acceso a la información pública. En caso pertinente, podría denunciar a las autoridades correspondientes una vez que el SNA esté en funcionamiento. La sociedad estaría enviando un mensaje claro a las autoridades de que no tolerará actos de corrupción y, por medio del SNA, asegurarse de que esos actos no queden impunes.
Para el SNA identifico un reto a destacar. Existe el riesgo de que los delitos perseguidos por la FECC prescriban cuando un servidor público salte de un puesto a otro con fuero. En esto, la voluntad política y la participación ciudadana son cruciales. Los partidos políticos no deberían postular candidatos que estén bajo investigación de la FECC y la ciudadanía no debería votar por este tipo de candidatos. Al 3 de 3, debería sumarse que los candidatos demuestren que no tienen un expediente abierto por posibles actos de corrupción.
Insisto, la voluntad política y la participación ciudadana son fundamentales para construir y consolidar los sistemas nacionales de transparencia y anticorrupción. Mediante ellas, se establecerán expectativas razonables y acciones claras para marchar hacia la erradicación de la corrupción y la impunidad que aquejan a nuestro país.
El autor es comisionado del INAI y coordinador de la Comisión de Gobierno Abierto y Transparencia.
Fuente: Reforma.
















