Por: Eduardo Coronel Chiu.
XALAPA, VER.- La institución de la fe pública –de origen facultad del estado para garantizar la autenticidad de actos y hechos jurídicos–, delegada mediante patente que concede el gobernador a los notarios públicos, muchas veces, como es sabido, se ejerce de manera deshonesta y sin ética, atacando las bases de su existencia y justificación;
en vez de contribuir a la seguridad y la certeza jurídica, participa de hechos delictivos, de simulación y falsedad.
El caso que exponemos documentado en evidencias en nota por separado, muestra como con la complicidad de 2 notarios públicos –Emeterio López Márquez y Eugenio Vázquez y sus respectivos adscritos– se celebraron 2 actos jurídicos falsos, un otorgamiento de poder para actos de dominio y una compraventa, ambos plagados de irregularidades, donde se advierte el dolo en la intervención de los fedatarios públicos.
Sin embargo, ese fraude pasa por auténtico, por la gracia de la prostituida fe pública hasta en tanto no se le destruya judicialmente.
Es grave que si lo que pasa por auténtico ante un notario público es falso, la certeza jurídica se vuelve incertidumbre, y los derechos que se creen adquiridos por las personas están en riesgo; un buen día usted se podría enterar que alguien ha suplantado su identidad ante un notario cómplice y dispuesto de sus bienes sin su consentimiento. Es grave al estado de derecho que los actos jurídicos pasados ante los notarios estén adulterados; que un testamento puede ser cambiado sin intervención del testador; su herencia repartida de modo distinto a como lo dispuso el auténtico autor; que se presten a la falsificación de firmas, a dar por cierto lo que no fue; a hacer comparecer a actos jurídicos hasta a los muertos.
Se sabe que sobre todo en las principales ciudades, pero también en los ranchos, hay bandas dedicadas a la apropiación ilegal de bienes inmuebles, en la que participan notarios públicos; avalan y construyen con falsedad la apariencia de lo legal.
Muchas de las irregularidades conocidas de la práctica notarial se callan o se tapan, eventualmente a algún notario le cancelan la patente, con suma discreción, cuidando de que no trasciendan los abusos en que incurrió en el ejercicio de la fe pública.
Si bien es cierto que los particulares tienen alguna defensa legal contra de los actos fraudulentos de los notarios, como la denuncia penal o la demanda civil de nulidad o la queja, en principio obligan a los afectados a contratar abogados, situación remota para personas sin recursos o ignorantes de la maquinaria judicial.
El abaratamiento
de la función notarial
El problema de la deshonestidad y falta de profesionalismo procede en parte del reparto masivo de patentes de notario público como pagos políticos, compensaciones o gratificaciones otorgadas en el gobierno de Fidel Herrera Beltrán. Como se recuerda, el gobernador Fidel Herrera regaló 125 notarías; incrementando las existentes en más de 60%; a su llegada encontró 187 patentes y elevó el número a 312. Las notarías implicadas en los delitos denunciados en la nota aludida tienen ese origen. Emeterio López Márquez, el notario número 17, fue el presidente del Tribunal Electoral del Estado, que calificó de válida las elecciones de Fidel para gobernador en 2004, y luego su Procurador de Justicia del Estado (ahora trabaja para Buganza ).
Similar es el caso del notario 27, Eugenio Vázquez Muñoz, quien laboró con el gobernador Herrera en la secretaria particular como su coordinador de la oficina de proyectos, antes de dejar el cargo lo hizo notario público. Ahora es director del Colegio de Veracruz. Cada de uno de ellos, encomendó la atención de la notaría a su respectivo empleado, su notario adscrito, pero los dueños del negocio y por tanto corresponsables son los notarios titulares.
Revocación de patentes
El Estado –por conducto del titular del Poder Ejecutivo, el Secretario de Gobierno y el director del Registro Público de la Propiedad y de Inspección y Archivo General de Notarías– tiene la obligación de supervisar el ejercicio que hacen los notarios de la función pública que les fue delegada, y aplicar sanciones en caso de encontrar irregularidades.
El estado debe ponerle un alto a la corrupción entre los notarios públicos. Aquí documentaremos otros casos de los que tenemos conocimiento.
Si hubo irresponsabilidad en el otorgamiento indiscriminado de patentes están obligados a rectificar, revocar y cancelarlas, corregir el error.
Aunque de modo extraoficial ya se han enterado del fraude en el que están implicados los notarios 17 y 27, Emeterio López Márquez y Eugenio Vázquez y sus adscritos, se les solicitará formalmente instauren formalmente el procedimiento de supervisión notarial, previsto en la Ley del Notariado del Estado, que inspeccionen directamente sus protocolos y comprueben las irregularidades en que evidentemente incurrieron.
Pediremos que de entrada los suspendan en el ejercicio de la función notarial y al comprobarles lo que se les imputa se les cancele en definitiva la patente.
Esta vez, el asunto público se traslapó con el interés privado, efectivamente a mi esposa y a mí, nos atacaron los notarios.
Fuente: Azdiariio.
















